UGT lleva a Adif a los tribunales por la filtración de los audios del accidente de Urda que pusieron a un trabajador en el punto de mira

La difusión de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control ferroviario tras el accidente de Urda ha abierto una segunda vía de conflicto en torno al siniestro, esta vez por la filtración de las grabaciones. UGT ha presentado una querella contra Adif y contra las personas que pudieran haber accedido a esos registros, copiado su contenido o facilitado los audios a terceros. El sindicato considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y reclama que se esclarezca cómo salieron las comunicaciones de los sistemas del gestor ferroviario.

La iniciativa, anunciada por la organización en un comunicado, busca determinar quién tuvo acceso a las grabaciones del Centro de Regulación y Control (CRC) del tráfico ferroviario y quién intervino en su difusión. La querella se dirige contra Adif, así como contra los responsables, directivos o cualquier otra persona que hubiera accedido, copiado, extraído o entregado las conversaciones. UGT deja también abierta la posibilidad de ampliar la acción contra otros posibles implicados que pudieran aparecer durante la investigación.

El sindicato lleva así a los tribunales una controversia que, a su juicio, no puede quedar al margen de las consecuencias que la difusión de esos audios ha tenido sobre los profesionales que participaron en la gestión del tráfico ferroviario. Las grabaciones, difundidas el propio día del accidente, mostraban las instrucciones transmitidas desde el puesto de mando y las decisiones adoptadas durante la emergencia. Su contenido alimentó el debate público sobre la actuación de los trabajadores antes de que estuvieran esclarecidas todas las circunstancias del accidente. UGT denuncia que las filtraciones pueden “condicionar la percepción pública de lo sucedido” y contribuir a “construir un relato anticipado poniendo el foco sobre un trabajador”.

UGT sostiene que ya había trasladado a Adif la gravedad de lo sucedido, había planteado la cuestión en la Comisión de Conflictos y había reclamado una investigación interna. La vía judicial pretende ahora identificar a quienes pudieran haber intervenido y depurar las responsabilidades que correspondan, también en el ámbito penal si así lo determina la investigación.

Un “juicio público”

La polémica por los audios discurre en paralelo a la investigación sobre el accidente. Las comunicaciones del centro de control adquirieron relevancia porque permiten aproximarse a las órdenes e instrucciones que se transmitieron durante los momentos críticos. Pero su difusión parcial también ha condicionado la discusión pública sobre lo ocurrido, al poner bajo escrutinio la actuación de los trabajadores cuyas voces aparecen en ellas.

Es precisamente contra esa lectura anticipada de los hechos contra la que se dirige el sindicato. UGT advierte de que “identificar un posible error no es lo mismo que explicar un accidente”, y cuestiona que el análisis de una posible equivocación individual pueda sustituir a una investigación completa. La organización reclama un examen global de las dimensiones técnica, humana y organizativa del siniestro que permita determinar no solo qué ocurrió, sino por qué sucedió y qué “barreras de seguridad fallaron”.

El sindicato insiste, además, en la situación de los profesionales que desempeñan estas funciones, sometidos a una elevada responsabilidad y expuestos ahora, denuncia, a un “juicio público” construido a partir de informaciones parciales. UGT rechaza el “señalamiento injustificado” de los trabajadores y reclama que las conclusiones sobre su actuación no se anticipen a la reconstrucción de los hechos.

La querella de UGT se suma a otras iniciativas emprendidas por organizaciones ferroviarias a raíz de la publicación de las conversaciones. El 3 de noviembre, el sindicato Alternativa Ferroviaria (AFERRO) presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el ahora exministro de Transportes, Óscar Puente, por la posible divulgación de información reservada sobre el accidente. La organización pide investigar las circunstancias en las que el ministro pudo acceder a las grabaciones, después de que el 28 de octubre afirmara en Atocha que “hemos escuchado las grabaciones”, horas antes de que las conversaciones se difundieran públicamente.