Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Las elecciones generales del 29 de noviembre pondrán de nuevo en marcha un dispositivo que depende de miles de ciudadanos: las mesas electorales. Cada una estará integrada por un presidente y dos vocales, además de sus respectivos suplentes, que tendrán que presentarse en el colegio electoral a las 8.00 horas del día de la votación. La designación no depende de una solicitud previa ni de la voluntad de los electores, sino de un sorteo público organizado por cada ayuntamiento.

En esta convocatoria, los sorteos para elegir a los miembros de las mesas electorales se celebrarán entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. A partir de ese momento, comenzará el proceso de notificación para quienes hayan resultado elegidos como titulares o suplentes.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) atribuye a los ayuntamientos la formación de las mesas, bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. La selección se realiza entre las personas inscritas en el censo de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y tengan menos de 70 años. Quienes tienen entre 65 y 69 años pueden renunciar al cargo durante el plazo previsto para presentar alegaciones.

La carta en el domicilio es la comunicación oficial

La vía que confirma la designación es una notificación personal en el domicilio. En las ciudades, el aviso suele llegar a través de Correos, mientras que en municipios pequeños puede entregarlo personal del ayuntamiento o la Policía Local.

El ayuntamiento debe comunicarla en los tres días posteriores al sorteo y entregar, junto con el nombramiento, un manual con las instrucciones para ejercer las funciones de presidente, vocal o suplente.

Por tanto, las primeras comunicaciones podrán llegar desde los últimos días de octubre y se extenderán, según el municipio en el que se celebre el sorteo, hasta el 7 de noviembre. El plazo no será idéntico en toda España, ya que cada consistorio puede fijar la fecha del sorteo dentro del período legal.

La carta debe especificar el cargo asignado y la mesa en la que deberá acudir el ciudadano el 29 de noviembre. También informa sobre la posibilidad de presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona cuando exista una causa justificada que impida asumir la función.

No hay un buscador estatal único

Antes de recibir la notificación, los electores pueden consultar la web, la sede electrónica o los canales de atención de su ayuntamiento. Algunos consistorios publican el resultado del sorteo o habilitan herramientas para que cada persona compruebe si ha sido seleccionada.

Esa posibilidad depende de cada municipio. No existe un buscador estatal único que permita comprobar por internet todas las designaciones. Por ese motivo, la recomendación es verificar la información en los canales oficiales del ayuntamiento y revisar la fecha prevista para el sorteo en la localidad de residencia.

La publicación de un listado municipal puede servir como orientación, aunque no sustituye la comunicación formal. El nombramiento comienza a producir efectos cuando la persona recibe la notificación, ya que desde entonces se abre el plazo para presentar una alegación documentada.

No recibir la carta en el primer intento no descarta la designación

La notificación suele entregarse en mano en el domicilio que figura en el censo. Si el destinatario no está presente, pueden realizarse nuevos intentos o dejarse un aviso para retirar la comunicación. Evitar la entrega o no recoger un aviso no libera de la obligación si la designación consta debidamente.

Los cargos de presidente y vocal son obligatorios. La LOREG fija un plazo de siete días para alegar una causa justificada y documentada ante la Junta Electoral de Zona. Este organismo debe resolver en cinco días. Las situaciones de viaje, motivos laborales, familiares o de salud se analizan de forma individual, por lo que requieren documentación.

Si el impedimento surge después de ese período, la persona designada debe avisar a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes de la constitución de la mesa. La norma prevé sanciones de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para quienes no acudan o abandonen sus funciones sin causa legítima.