Peramato urge a reformar la ley para atribuir la investigación a los fiscales en los casos penales

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha urgido a acometer una reforma integral del proceso penal en España para atribuir la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal y ha defendido un modelo acusatorio con un juez de garantías subrayando que los fiscales disponen de una visión estatal sin "limitaciones territoriales" y de "una especialización de la que carecen los jueces".

Durante su intervención en el foro 'Justicia: La reforma de la Fiscalía' en el Ateneo de Madrid, Peramato ha defendido que este cambio es "fundamental" para garantizar la separación de funciones entre investigar y juzgar. Además, ha calificado la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), vigente desde 1882, de modelo "obsoleto" y "decimonónico" que resulta incapaz de responder a la criminalidad organizada, transnacional, digital o a los desafíos de la inteligencia artificial.

Apelando al artículo 117 de la Constitución Española, ha remarcado que este encomienda a la judicatura la función de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", precisando que "investigar no es juzgar ni ejecutar lo juzgado". Por ello, ha sostenido que el seguimiento e investigación debe recaer en el fiscal.

JUEZ DE GARANTÍAS

Peramato ha tachado de "absolutamente incompatible e injustificable" que un mismo juez dirija la investigación y, simultáneamente, autorice medidas de injerencia en derechos fundamentales --como entradas y registros, intervenciones telefónicas o de correos electrónicos-- o decrete medidas cautelares privativas de libertad como la prisión provisional o las órdenes de alejamiento.

A su juicio, esa duplicidad merma la imparcialidad del juzgador, por lo que ha propuesto sustituir la instrucción judicial por la figura de un "juez de garantías" o de audiencia preliminar que controle la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones.

Asimismo, ha aclarado que la propuesta no responde a una "reivindicación corporativa" ni a "quitarle el poder a los jueces para dárselo a los fiscales", sino a un proceso de maduración para "fortalecer el Estado de derecho". Además, ha recordado que, mientras el resto de leyes procesales (Civil, Laboral, Contencioso-Administrativa) se han reformado tras la Constitución, la LECrim continúa siendo la única pendiente de una reforma integral.

La fiscal general ha lamentado que la reforma planteada por el Gobierno esta legislatura --que contó con un informe "brillante" del Consejo Fiscal, consultas a toda la carrera y contactos con fiscalías europeas e iberoamericanas-- haya decaído en el trámite parlamentario debido al adelanto electoral.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES CRIMINALES

Peramato ha señalado que España es una "rara avis" al mantener el modelo de juez instructor, compartido en Europa únicamente con Andorra. Tanto en la Fiscalía Europea como en el resto de Europa e Iberoamérica la investigación es dirigida por los fiscales.

Según ha explicado, cuando otros países solicitan auxilio judicial a España, la necesidad de tramitar la petición a través del juez de instrucción "ralentiza la respuesta". Esta demora resulta crítica en la lucha contra las grandes redes criminales, pues permite que las organizaciones "pongan pies en polvorosa" o "pongan a salvo su patrimonio" antes de que se puedan ejecutar embargos o decomisos, ha subrayado.

Finalmente, Peramato ha advertido de que la asunción de la investigación debe ir acompañada de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce su autonomía institucional con medidas como desvincular el mandato del fiscal general del Gobierno ampliándolo a 5 años, uno más que la legislatura.