Las mujeres que cortan caña de azúcar en la India recurren a la histerectomía por las multas: “Hasta para quitarme el útero debo endeudarme”

A las cuatro de la madrugada, al sur de la India, en Karnataka, cientos de mujeres abandonan las chabolas donde malviven para asearse a la intemperie antes de ir a recoger caña de azúcar. La escena se repite cada día en los campamentos improvisados que acogen a las familias migrantes llegadas desde Beed, en Maharashtra. Sin acceso a agua potable ni a aseos, enfrentarse a la menstruación en pleno campo de cultivo se convierte en un calvario que amenaza directamente su única fuente de ingresos.

El negocio del azúcar en la India mantiene atrapados por deudas a cerca de 1,5 millones de trabajadores, según el diario británico The Independent. En este sector, que abastece a grandes multinacionales, el rendimiento se mide al milímetro. Las familias firman acuerdos con contratistas locales para recibir un anticipo económico y quedan obligadas a recolectar una media de tres toneladas diarias por pareja laboral —normalmente formadas por marido y mujer— para saldar la deuda acumulada.

Con una remuneración diaria que ronda apenas los 4,5 euros por jornadas agotadoras de 14 horas, la menstruación se ha transformado en un grave obstáculo para la producción. Si una mujer interrumpe su labor debido a los dolores o a los calambres menstruales, el sistema no contempla bajas ni descansos: se le exige el pago de penalizaciones económicas para compensar las toneladas no cosechadas. Ante la imposibilidad de afrontar estos castigos, muchas optan por someterse a intervenciones quirúrgicas para extirparse el útero.

Un negocio privado a costa de la salud de las trabajadoras

Sin embargo, someterse a una histerectomía no alivia el ahogo financiero de estas trabajadoras, sino que a menudo lo agrava. Las clínicas privadas son las que incentivan y realizan estas intervenciones sin una adecuada justificación médica, aprovechando la desesperación de las familias. Para pagar la propia operación, los campesinos se ven forzados a solicitar nuevos préstamos a los mismos contratistas que los explotan en los campos.

“Mi sufrimiento no disminuye. Si continúo en este trabajo, solo aumentará. Tal vez si pudiera dejar de levantar tanto peso mejoraría, pero no tenemos otra opción”, señala a The Independent Poornima, una de las afectadas que evalúa pasar por el quirófano tras tres años soportando dolores agudos mientras carga grandes pesos. La jornalera añade la realidad del sistema: “Hasta para quitarme mi propio útero tengo que endeudarme. Siento que mi propio cuerpo se ha vuelto esclavo del sistema”.

El testimonio de Savita, otra de las recolectoras, demuestra que la cirugía tampoco garantiza el fin del tormento. Tras operarse para evitar las caídas constantes mientras subía las escaleras para cargar los camiones, sufre infecciones graves que le impiden trabajar con normalidad: “Confié en los médicos pensando que la histerectomía realmente ayudaría, así que acepté hacérmela para terminar con toda la miseria de golpe”. Meses después de pasar por el quirófano, sus dolencias persisten.

La complicidad del sistema

Pese a que las autoridades locales y los tribunales de la región han exigido controles e inspecciones en los registros médicos para frenar estas extirpaciones sistemáticas, sobre el terreno las denuncias de las activistas confirman que nada ha cambiado. Defensoras de los derechos de la mujer como Sangita Chavan señalan que existe una clara red de intereses económicos entre los centros privados de salud y los intermediarios sanitarios.

Según revela Chavan, algunas trabajadoras comunitarias de salud (conocidas como ASHA, designadas por el Gobierno para apoyar a las mujeres rurales) han admitido recibir comisiones o incentivos económicos a cambio de derivar a las jornaleras a clínicas privadas para someterse a histerectomías innecesarias, en lugar de encauzarlas hacia hospitales públicos con tratamientos conservadores.

Los informes oficiales revelaron que miles de jornaleras de la región se han sometido a esta cirugía antes de cumplir los 30 años, dejando a casi la mitad con severas secuelas físicas y psicológicas. Sin alternativas en sus municipios y desamparadas por el Estado, la pobreza las sigue condenando a una trágica elección: soportar el dolor en los campos o pasar por el quirófano para no perder el pan de cada día.