Madrid, 9 oct (EFE).- Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo suspender las elecciones generales del 29 de noviembre, tras sostener la Abogacía del Estado que es materialmente imposible revisar los casi 170.000 expedientes de personas cuya inclusión en el censo electoral, en aplicación de una instrucción de la ley de nietos, está suspendida cautelarmente.
Este partido, que recurrió la ley de nietos ante el Tribunal Supremo, ha presentado un escrito en el que pide la suspensión cautelar de la cita electoral, "durante el periodo constitucionalmente disponible y estrictamente indispensable" para ejecutar la medida cautelar impuesta por el Supremo.
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El Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de las personas que accedieron a la nacionalidad española por la instrucción de Gobierno relativa a la ley de nietos, que el Gobierno cifra en alrededor de 170.000.
Se da la circunstancia de que en las próximas elecciones se aplica el censo cerrado a 1 de agosto y ahí figuran las altas afectadas por la suspensión cautelar del Supremo, que adoptó su decisión posteriormente, en septiembre.
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La inscripción en el censo no se suspende en el caso de los electores que obtengan por parte de los registros consulares una certificación acreditativa de que cumplen los requisitos: ser hijos o nietos de españoles de origen, nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela españoles que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Antes de decidir si mantiene o levanta esta suspensión cautelar, que implica suspender el derecho a voto de todos los nacionalizados a través de esta instrucción gubernamental, el Supremo dio 48 horas a las partes para que presentarán alegaciones.
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La Abogacía, en sus alegaciones, insistió en que no se pueden revisar todos los expedientes afectados antes del próximo lunes 12 de octubre, el plazo que cuenta para fijar el censo de las próximas elecciones en aplicación de la ley electoral.
Por eso, Iustitia Europa pide ahora suspender las elecciones apuntando a que es de interés general que el proceso electoral sea legal, que las resoluciones judiciales sean efectivas y también "la garantía de que la formación de la voluntad popular se produzca sobre un censo cuyos efectos respondan a lo resuelto" por el Supremo.
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"La celebración de la votación consumaría los efectos electorales cuya delimitación y suspensión constituyen precisamente el objeto de la tutela acordada", argumenta este partido, que señala que la votación debe darse con garantías de que la resolución judicial es efectiva.
De forma subsidiaria, si el Supremo viera desproporcionado suspender las elecciones, pide que se marque informáticamente a dichos electores en el censo del 1 de agosto, para poder trazar sus votos.
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"De este modo, en caso de una sentencia estimatoria, el impacto de dichos votos podrá ser fiscalizado y depurado de forma quirúrgica en el escrutinio general, preservando íntegramente el efecto útil de la tutela judicial (art. 24 CE) y la autoridad de este Tribunal Supremo", añade Iustitia Europa.
Además, alerta de que no establecer al menos esta medida habilitaría a cualquier fuerza a exigir la nulidad de la proclamación de los diputados y senadores electos, "lo que quebrantaría el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y la estabilidad del poder legislativo de la Nación".
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También pide este partido que en la tramitación de este incidente limite el plazo de alegaciones a 24 horas. EFE
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