Francia prohíbe temporalmente el uso de granadas aturdidoras contra las “protestas de estudiantes de instituto” tras el episodio que dejó sin mano a un niño de 15 años

Francia ha decidido suspender el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía durante las protestas estudiantiles, después de que un adolescente de 15 años perdiera una mano por el estallido de uno de estos artefactos en Lens, al norte del país. La medida llega justo cuando el conflicto estudiantil atraviesa uno de sus momentos más tensos, con una nueva jornada de movilizaciones que, el martes, reunió a 256.000 personas entre estudiantes, profesores y padres en distintas ciudades.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, confirmó la decisión en una entrevista en la emisora RTL. Según explicó, la suspensión se aplica “únicamente para las protestas de estudiantes de liceos” y “solo durante el tiempo necesario para comprender lo que ocurrió”, a la espera de que se esclarezcan los hechos que dejaron a dos menores con heridas de gravedad.

215 estudiantes de instituto heridos

Una fuente sindical de la policía ha explicado a la AFP que el niño de 15 años perdió la mano al recoger una granada de dispersión lanzada por los agentes durante los disturbios en Lens. En otro episodio, ocurrido en el noroeste de París, un estudiante de 14 años perdió varios dientes por el estallido de una granada de gas lacrimógeno disparada por un policía a muy poca distancia y directamente hacia su rostro.

El agente fue detenido este lunes para prestar declaración, y ahora se encuentra en libertad bajo control judicial y en suspensión hasta nuevo aviso. Al “no alcanzar las condiciones para ser considerado defensa propia” debido a la “desproporcionalidad” del disparo de la granada (requisito que plantea la ONU para justificar el uso de este tipo de medidas de dispersión contra la población civil) el agente podría ser condenado a hasta 15 años de prisión, según explicó el fiscal de Pontoise, Guirec Le Bras.

De hecho, el manual de referencia de la ONU sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego incluye una recomendación específica sobre este tipo de armamento: “Nunca disparar cartuchos de gas lacrimógeno desde lanzadores manuales directamente hacia una persona. Muchas personas han muerto o han resultado gravemente heridas por el impacto de un contenedor de estos elementos químicos”. El mismo documento advierte, además: “Nunca usar granadas de gas lacrimógeno en áreas amplias contra grupos grandes”.

La decisión del Gobierno no ha calmado las críticas de la oposición. Manuel Bompard, coordinador nacional de La Francia Insumisa, ha sido tajante al valorar la reacción oficial: “Hizo falta que varios niños quedaran mutilados de por vida para que Núñez renunciara a usar granadas contra estudiantes de secundaria”.

Pese a las críticas, el Ejecutivo ha rechazado que exista una represión policial contra las protestas, que acumulan ya más de 6.500 detenidos, en su mayoría menores de edad. Las cifras oficiales hablan de 215 estudiantes heridos, 715 policías heridos y 85 miembros del personal docente heridos desde que empezó el conflicto. Núñez ha señalado además que la policía ha abierto 18 investigaciones internas por denuncias de mala conducta desde el inicio de las movilizaciones, aunque ha insistido en que las protestas han sido, en su mayoría, pacíficas.

Ya es la tercera semana de protestas

El origen de las protestas se remonta al 17 de septiembre, cuando estudiantes de entre 15 y 18 años empezaron a bloquear cientos de liceos en todo el país. Sus reclamos giran en torno a la falta de profesores, los horarios sobrecargados y el mal estado de muchas aulas, que no están preparadas para soportar el aumento de las temperaturas. Lo que empezó como un malestar localizado ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores quebraderos de cabeza para el Gobierno de Emmanuel Macron.

El propio Macron convocó el martes una reunión de urgencia con el primer ministro, Sébastien Lecornu, y otros miembros del Gobierno para abordar la crisis. Lecornu tiene previsto dirigirse este miércoles a la ciudadanía en un discurso en el que hablará tanto de las protestas estudiantiles como de las cuentas públicas, en plena discusión parlamentaria sobre los presupuestos de 2027.

Ese debate presupuestario añade presión al momento político que atraviesa el país. El Ejecutivo ha planteado un ajuste fiscal de más de 53.636.400 euros para frenar el déficit y una deuda pública que ha batido récords. Sacar adelante esa propuesta en el Parlamento no se presenta sencillo, y menos a solo unos meses de las elecciones presidenciales de 2027, unos comicios en los que la ultraderechista Marine Le Pen aparece como favorita en las encuestas.