
El Tribunal Supremo ha rechazado decidir si el ‘caso Montoro’ debe seguir investigándose en Tarragona o trasladarse a Madrid y ha devuelto la decisión a la Audiencia Provincial de Tarragona. En la resolución, a la que ha accedido Infobae, la Sala de lo Penal concluye que no le corresponde resolver la reclamación presentada por Equipo Económico y Manos Limpias porque no existe una disputa formal entre dos órganos judiciales de distintas comunidades autónomas. La decisión deja de nuevo en manos de la Audiencia tarraconense una cuestión que esta había enviado al Supremo hace apenas dos semanas.
La resolución, dictada el pasado 1 de octubre y con Carmen Lamela como ponente, da así la vuelta al recorrido que había seguido la controversia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona había decidido el 21 de septiembre no pronunciarse sobre la petición de las defensas para que la investigación abandonase Cataluña y pasase a Madrid. Entendió entonces que la cuestión debía resolverla el Tribunal Supremo, al tratarse, a su juicio, de una disputa entre órganos de instrucción de dos territorios diferentes.
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El Supremo no comparte esa interpretación. Para la Sala de lo Penal, el problema es que no hay dos juzgados enfrentados por quedarse con la causa. El procedimiento continúa en Tarragona y ningún órgano judicial madrileño ha reclamado su competencia. Lo que han hecho las partes es pedir que la investigación sea trasladada a Madrid.
El Supremo devuelve así el asunto al punto de partida. La razón está en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al que recurrieron las partes para cuestionar la competencia territorial del juez instructor. Según el Supremo, esa reclamación corresponde a la Audiencia Provincial de Tarragona “en su condición de tribunal superior del órgano instructor”. “La pretensión de las partes de atribuir la instrucción a un órgano judicial de otro territorio no constituye, por sí sola, una cuestión de competencia entre órganos judiciales”, afirma el auto.
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La disputa por la sede de la investigación viene de lejos. Las defensas llevan meses intentando que el procedimiento pase a Madrid y cuestionando que el juez de Tarragona pueda continuar al frente de las diligencias. El argumento principal es que el núcleo de los hechos investigados se encuentra en la capital: allí tiene su sede Equipo Económico, allí está el Ministerio de Hacienda y allí se habrían producido buena parte de las reuniones, contactos y actuaciones relacionadas con las decisiones que se investigan.
La Fiscalía y las acusaciones, en cambio, se han opuesto al traslado y han defendido que el procedimiento continúe en Tarragona.
Una investigación que arrancó en Tarragona en 2018
El ‘caso Montoro’ se inició en 2018 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona y permaneció bajo secreto durante años. La investigación se centra en las relaciones entre el despacho Equipo Económico y varias empresas del sector de los gases industriales y medicinales, y trata de determinar si se utilizaron contactos con el Ministerio de Hacienda para impulsar cambios legislativos favorables a determinadas compañías.
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La tesis que se investiga es que las empresas habrían recurrido a Equipo Económico para conseguir modificaciones normativas que beneficiaran sus intereses y que esas actuaciones pudieron estar relacionadas con decisiones adoptadas durante la etapa de Montoro al frente de Hacienda. El exministro, que figura entre los investigados, ha defendido que abandonó Equipo Económico antes de incorporarse al Gobierno y ha negado haber participado en las irregularidades que se investigan.
La causa se encuentra todavía en fase de instrucción y tiene pendientes distintas diligencias. Entre ellas figura la declaración de varios de los principales investigados. La investigación también se ha ido ampliando con el análisis de documentación y de las relaciones entre las sociedades y personas que aparecen en las actuaciones.
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