Ni ley del tabaco ni bajada de ratios en las aulas ni reforma del Estatuto Marco. La crisis de vivienda que vive España ha terminado por precipitar un adelanto electoral y con él, la caída de decenas de reformas y propuestas legales llegadas al Congreso y que ya no podrán salir de él.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha disuelto las Cortes Generales y anunciado la celebración de unos nuevos comicios para el próximo 29 de noviembre. La convocatoria supone dejar en el aire normativas que han marcado la agenda política de los últimos años, como el Estatuto Marco que provocó el conflicto con el colectivo médico, la bajada de ratios en las aulas, que cerró las huelgas de la educación valenciana; o la ley contra la violencia vicaria. La tramitación quedará interrumpida pese a que algunos proyectos ya habían superado fases parlamentarias.
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El Ministerio de Sanidad ha desarrollado múltiples proyectos desde el inicio de la legislatura, pero muchos se han quedado paralizados en el Congreso. Es el caso de la reforma de la Ley del Tabaco, que llegó a la Cámara Baja a finales de julio. La norma ampliaba los espacios sin humo y regulaba el consumo de otros productos relacionados con el tabaco, como los vapeadores, cigarrillos electrónicos o las shishas.
La disolución de las Cortes igualmente supone la caída del Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios. El texto planteaba límites a la jornada laboral y la reducción de las guardias, entre otras medidas. Su llegada al Congreso supuso la convocatoria de una huelga médica indefinida, que ahora queda en vilo.
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Tampoco han podido avanzar proyectos como la ley del alcohol en menores, la del medicamento, la de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud o la de universalidad, entre otras.
Más de treinta estudiantes en el aula
El adelanto electoral tumbará igualmente varias iniciativas educativas, como la Ley de Mejora Docente, el Estatuto del Becario y el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI).
La Ley de Mejora Docente se encuentra en trámite en la Comisión de Educación del Congreso y tenía previsto desplegarse por completo en el curso 2031/2032. El texto establecía un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y de 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), además de límites de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP).
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La ministra de Educación y Formación Profesional también anunció un decreto para garantizar la calidad de los centros de FP y terminar con la formación completamente en línea, una norma para reducir las ratios en el primer ciclo de Infantil y una propuesta a los sindicatos que todavía no se ha aprobado.
Los menores seguirán en las redes sociales
El Ministerio de Juventud e Infancia ha impulsado el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se encuentra en fase de ponencia en el Congreso.
La iniciativa busca restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales que incluyeran “contenidos dañinos para la infancia y adolescencia”.
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Decae la Ley de Asilo
La nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería tampoco verán la luz. Ambos anteproyectos habían recibido una primera aprobación del Consejo de Ministros el pasado mes de agosto para adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Distinto es el caso del decreto-ley sobre Extranjería ya convalidado y en tramitación como proyecto de ley en el Congreso. El texto seguirá vigente con el contenido con el que apareció en el Boletín Oficial del Estado porque ya ha sido convalidado. La norma reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para fijar el reparto obligatorio de menores no acompañados cuando se declare una contingencia migratoria.
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El aborto no entrará en la Constitución
El Gobierno pretendía en esta legislatura seguir los pasos de Francia y proteger el aborto en la Constitución. La propuesta pasó su primera votación en el Congreso en abril, pero su tramitación parlamentaria no ha avanzado desde entonces, por lo que tampoco podrá realizarse.
El Ministerio de Igualdad deja atrás otras medidas, como la ley de violencia vicaria. El texto, aprobado en primera vuelta en mayo, establece la garantía de escuchar al menor y el alejamiento de progenitores acusados de maltrato. La misma situación afecta a la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, pendiente de una segunda aprobación del Consejo de Ministros.
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Tampoco seguirá adelante la ley destinada a castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había terminado su recorrido en el Congreso y se encontraba en el Senado.
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