La Junta de Andalucía ha decidido mejorar notablemente el seguro de vida y accidente de sus altos cargos. En un nuevo contrato que está a punto de adjudicar el Gobierno autonómico que preside Juanma Moreno Bonilla mejorará la prima que ya paga a una compañía de seguros un 26,7% para que sus 311 asegurados, entre los que está el propio presidente regional, tengan una mejor indemnización si fallecen o sufren un accidente grave. Por ejemplo, la Junta pagará 222.000 euros a la familia si el alto cargo fallece por enfermedad. Si en cambio pierde la vida en un accidente, esa indemnización se eleva a 367.500 euros, la misma cantidad si el siniestro le provoca una gran invalidez o una incapacidad permanente.
La Junta está dispuesta a pagar un contrato de 960.000 euros por un seguro que tendrá una duración de dos años. La Administración andaluza lleva asegurando a sus altos cargos desde 2016 dentro de un seguro que cubría “determinados riesgos en automóviles, personas y embarcaciones de la Junta de Andalucía”. Dentro del mismo había un lote para cubrir la “vida y accidentes de altos cargos” que entonces tenía un valor de 193.177 euros por un año. Este contrato se prorrogó nueve veces, la última en noviembre de 2024 por otro año más (hasta diciembre de 2025) y por un coste más alto, 346.630 euros.
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Como ya no es posible más prórrogas, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha decidido realizar un nuevo contrato exclusivo solo para asegurar a sus altos cargos, ya que hasta ahora no se incluía a los directivos de agencias, consorcios, sociedades mercantiles del sector público andaluz y fundaciones. Este nuevo contrato ha tenido que actualizar el precio de la prima con respecto al vigente, licitado en 2015, es decir, hace diez años. La Junta reconoce que había que mejorar el presupuesto “como consecuencia de que el ramo de vida y accidentes en España se ha visto perjudicado por los aumentos de costes y la siniestralidad”, por lo que se ha calculado una subida del 26,7 % con respecto a los precios que sirvieron de cálculo para el presupuesto de licitación en el año 2015.

La Junta justifica además que tiene que pagar más porque “con carácter general se aprecia un endurecimiento de las condiciones del mercado asegurador, tanto por la situación económica como por los riesgos derivados del panorama internacional. En este sentido, mención especial merece que, desde la aparición del Covid-19, se han producido incrementos de prima en relación con las pólizas, en todos los ramos de seguros, porque el mercado asegurador se encuentra en una situación más compleja”. La verdad es que desde 2015 la anterior aseguradora solo ha tenido que abonar 681.000 euros por la muerte de tres altos cargos y 222.000 euros por la invalidez de un cuarto.
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En función de la edad
El seguro cubre a 311 altos cargos, que incluye al presidente de la Junta, vicepresidentes, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, miembros del Gabinete de la Presidencia, titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, directivos del Consejo Audiovisual de Andalucía, el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, gerentes y directores de las agencias públicas y sociedades mercantiles, los titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales de las Consejerías y demás altos cargos de libre designación. Las primas se han determinado en función de la edad, porque el alto cargo más joven tiene 30 años y el más veterano, 73 años. La prima unitaria es de 191 euros, aunque por este alto cargo de 73 años la Junta pagará realmente más de 5.400 euros.
Como la mayoría de los seguros de este tipo, en el supuesto de incapacidad permanente (gran invalidez, absoluta, total, o parcial) el beneficiario será la propia persona asegurada. En caso de fallecimiento, los beneficiarios serán el cónyuge no separado o pareja de hecho, hijos, padres y, en su defecto, los herederos legales. El seguro de vida tiene una indemnización de 222.000 si el fallecimiento se produce por causas naturales o enfermedad. Es la misma cantidad si esa enfermedad provoca una invalidez. Pero si el alto cargo fallece o queda gravemente incapacitado por un accidente, la indemnización sube a 367.500 euros. Además, se incluyen unos gastos adicionales para el sepelio de 5.000 euros. La cobertura incluye asistencia sanitaria (con libre elección de médicos), con un límite de un año desde la fecha del accidente de hasta 6.000 euros.
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Este tipo de contratos también incluye excepciones. No se cobrará ninguna indemnización si la muerte está provocada por suicidio o por autolesiones. También quedan fuera todos aquellos fallecidos producidos “como consecuencia directa o indirecta de la reacción o radiación nuclear, de intervenciones en corrientes eléctricas de alta tensión, los producidos a consecuencia de guerra, invasión u operaciones bélicas con o sin declaración de guerra, guerra civil, revolución, rebelión, sedición, insurrección, poder militar o usurpado, ley marcial, terrorismo, motín, tumulto o conmoción civil”. También las relacionadas directa o indirectamente con el uso de armas atómicas, bacteriológicas o químicas.
El contrato contempla también un incremento del precio inicial en un 20% (191.977 euros) al objeto de cubrir posibles regularizaciones de la póliza motivadas por el incremento del número de asegurados, corrección de errores y las altas y bajas que se produzcan durante la ejecución del contrato. Hay previstas tres prórrogas anuales que subirían el coste a los 2.883.506 euros. De momento, ocho aseguradores se han presentado a la licitación.
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