Los funcionarios de prisiones están a un paso de convertirse en agentes de autoridad: “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación cada vez es más peligrosa”

Los funcionarios de prisiones españoles están a punto de convertirse en agentes de autoridad. Y es que, tras el acuerdo político en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados hace diez días, la proposición para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, ya solo se enfrenta a un último paso: la votación final en el Pleno del Senado, este miércoles, 30 de septiembre. Con esta reforma se incorporarían también medidas de protección para el personal laboral de los centros. Algo que otros países europeos, como Francia, ya conciben en su reglamento. Además del caso catalán, que en febrero de 2026 se convirtió en el primer territorio español en otorgar esta condición a su personal penitenciario, mediante la Ley 1/2026 y equiparándolos a los Mossos d’Esquadra.

Este paso se produjo después de que el plazo de enmiendas y propuestas de veto en el Senado venciera el 1 de septiembre de 2026, y con el mismo respaldo de PSOE, PP y PNV que ya se había fraguado en el Congreso en el mes de junio. La medida toma especial relevancia ahora, 48 horas después de que el joven de 20 años que degolló a una mujer e intentó matar a otra en Bormujos haya agredido a tres agentes con un pincho en el Centro Penitenciario de Sevilla I. “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación en las cárceles cada vez es más peligrosa, con incidentes violentos a diario y con más de medio millar de agresiones al año. Así no podemos seguir”, sostiene Laura González, delegada del sindicato CSIF Prisiones en un video para Infobae.

El texto parte de una enmienda transaccional dentro de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para reformar la normativa penitenciaria. De esta forma, si el Senado aprueba el texto sin cambios, la ley quedaría definitivamente aprobada por las Cortes Generales y pasa a sanción real y publicación en el BOE. “Durante años hemos mantenido reuniones constantes con todos los grupos políticos insistiendo en una premisa innegociable: la necesaria cohesión entre los partidos mayoritarios de este país para aparcar la confrontación política en un tema de vital importancia para la seguridad y la dignidad de los trabajadores y funcionarios de prisiones”, señalan fuentes del sindicato.

“Agredirnos ya no saldrá gratis”

Al ser reconocidos con esta posición, “vamos a empezar a estar más protegidos en nuestro lugar de trabajo frente a los internos y agredirnos ya no saldrá gratis”, subraya González. Y es que, como indica la ley, cualquier persona que agreda a un agente de la autoridad se puede enfrentar a una pena de cuatro años que se puede sumar a la condena ya dictada.

Además, Sergio García, delegado de CSIF, detalla que “tendremos presunción de veracidad”. Esto es: “Todos los informes que hagamos en nuestro puesto de trabajo constan como base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba en contrario”, explica García, tal y como sucede con los policías. Desde CSIF consideran que ese instrumento fortalecerá la respuesta institucional frente a agresiones e incidentes registrados en las prisiones.

El proyecto también habilitará una fórmula de identificación profesional para preservar los datos personales de los trabajadores. Así, en expedientes administrativos y judiciales, los funcionarios podrán identificarse a través de su número de registro profesional, sin necesidad de exponer su nombre y apellidos.

Por otro lado, García agrega que los funcionarios que sufran daños mientras cumplan su labor tendrán “la indemnización por parte de la administración”, salvo que medie negligencia grave o dolo. Aunque en las últimas horas se ha reportado el caso de Sevilla, desde CSIF siguen recordando el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona, en marzo de 2024. Por esto mismo, todas estas nuevas medidas se aplicarán para todo “el personal laboral en los centros penitenciarios”, afirma el delegado sindical.

Igualmente, se firmará una garantía para aquellos casos en los que un funcionario sea detenido o ingrese en prisión. La propuesta establece que deberá permanecer separado físicamente del resto de las personas detenidas o reclusas para evitar riesgos contra su integridad.

Una formación obligatoria y más refuerzo de personal

Entre los requisitos que buscan a largo plazo se incluye una iniciativa para que los trabajadores reciban formación específica, teórica y práctica, antes de asumir sus funciones. La capacitación se impartirá en los centros que determine la Administración, mientras que el acceso y la promoción interna continuarán bajo la normativa de función pública.

No obstante, el sindicato no quiere quedarse con este logro histórico para el sector. Laura González asegura que “vamos a seguir exigiendo refuerzo de personal, formación, medios, una nueva ley que se adapte a las actuales necesidades de los centros penitenciarios”. Igualmente esperan “mejorar la clasificación de los internos, yihadistas, violencia de género, bandas armadas, paramilitares, internos con problemas psiquiátricos”, concluye la delegada.