La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

La Comunidad de Madrid acaba de prorrogar un servicio que externalizó con un bufete de abogados para combatir la morosidad y la ocupación en la Agencia de Vivienda Social (AVS), la empresa pública que construye vivienda social en la región. El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso ha decidido ampliar un año más este servicio con Olmo Abogados por valor de 234.612 euros para que este equipo jurídico siga defendiendo los intereses de la AVS. De hecho, desde que formalizó por primera vez este contrato en septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 (últimos datos), Olmo Abogados ha presentado 395 demandas judiciales contra inquilinos morosos que le han permitido recuperar 4.317.673 euros en recibos atrasados.

En total, el Ejecutivo autonómico ya ha desembolsado 703.838 por el primer contrato entre septiembre de 2023 y julio de 2026 y los 234.612 euros por la prórroga hasta julio de 2027. Es decir, 938.000 euros en abogados privados para recuperar, de momento, 4,3 millones de euros. Cuando se licitó este servicio hace tres años, la AVS argumentó que tenía 2.338 viviendas públicas ocupadas irregularmente (en torno al 10% del patrimonio) y que la morosidad de adjudicatarios que no pagaban el alquiler alcanzaba ya la cifra de 8.000 deudores que debían a las arcas públicas unos 65 millones de euros.

Actualmente, la AVS tiene 24.979 viviendas, 21.123 garajes y 1.323 locales comerciales. Con la contratación de este bufete, “se podrá reducir significativamente la morosidad de inquilinos y el número de ocupantes ilegales. Con ello, se pone de manifiesto ante la ciudadanía el compromiso de la Agencia para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los inquilinos, poniendo en valor el comportamiento de aquellos que pagan rigurosamente sus recibos”. Parece lógico pensar que la AVS quiera inquilinos responsables y que abonen en tiempo y forma sus alquileres. Sin embargo, de toda la deuda pendiente, la AVS reconoce que la catalogada como “de alto riesgo de incobrabilidad”, la que corresponde a deudas de 12 o más recibos, representa el 22,52% del total.

La AVS ha establecido un sistema para intentar paliar la morosidad para los supuestos en los que se acumula una deuda de más de 300 euros o se mantengan tres recibos adeudados. Hay que tener en cuenta que la Agencia emite cada año unos 441.000 recibos, lo que exige una maquinaria logística bien engrasada. El primer paso es intentar ofrecer a los inquilinos con problemas económicos un compromiso de pago. “El objetivo es lograr la liquidación total de la deuda generada, siendo el último paso la interposición de la demanda judicial”, explican desde la Agencia de Vivienda Social.

745 inquilinos lograron pagar

El fraccionamiento de los recibos en cómodos pagos funciona desde enero de 2017, adaptando los pagos en los periodos e importes que acuerden con los propios inquilinos. El objetivo es que, una vez reconocida la deuda y aceptado ese compromiso de pago, se negocie una reducción del coste de la renta. Gracias a este sistema, en 2025 se consiguió suspender 3.886 procesos judiciales y la Agencia saldó la deuda definitivamente con 745 inquilinos.

Pero en el caso de que la acumulación de la deuda sea muy elevada y el titular no responda a los sucesivos requerimientos de pago y se niegue a negociar un compromiso de pago, se plantea la opción de acudir a la vía judicial. En 2024, por ejemplo, Olmo Abogados presentó 275 expedientes para tramitar ante los tribunales, cifra que ha subido a 618 en 2025. Desde que se puso en marcha este servicio jurídico se ha llevado a cabo la interposición de un total de 395 demandas judiciales con una cantidad reconocida en sentencia estimatoria que asciende a 4.317.673 euros.

Para Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, la Comunidad no es un casero más, es una Administración que debe aportar soluciones. “Hay que estudiar caso por caso porque es verdad que hay que distinguir entre estafadores y familias vulnerables que lo están pasando mal. En estos últimos casos, el Gobierno regional debe buscar otros canales para ayudar a estos inquilinos, como ayudarles con alternativas de inserción laboral. Lo fácil es externalizar y contratar un servicio de abogados. Si no ayudas a estas familias, cronificas la lista de espera de inquilinos en emergencia social que buscan una vivienda pública, una lista que oscila entre las 4.000 y las 5.000 personas. La Comunidad es el último dique para ayudarles. Si encima externalizas, miras para otro lado”.

A la referida acción judicial de reclamación económica, explican desde la AVS, en determinados casos se ha ejercido el desahucio para recuperar la posesión de los inmuebles afectados al encontrarse en vigor los contratos suscritos. También hay saldos afectados por prescripción, según el artículo 1973 del Código Civil. En 2025 un total de 263 inquilinos han visto como su deuda caducaba por importe total de 4.953.218 euros.

Ocupaciones ilegales

En cuanto a las ocupaciones ilegales, Olmo Abogados ha llevado 31 casos en 2024 y 161 en 2025. De todos ellos, 36 acabaron en la vía penal. Este es el último paso. La ley permite en muchos casos la vía administrativa y civil para intentar recuperar esos pisos ocupados. Cristina González, diputada socialista, denuncia que la AVS es cada vez más opaca y que estas externalizaciones se pueden catalogar como “indecentes”. Y que no digan que no tienen medios, es que quieren privatizar servicios. Lo que tiene que hacer la AVS es dedicarse a su prioridad, que es poner vivienda pública en el mercado a personas vulnerables”. El patrimonio de la AVS es hoy de 24.979 viviendas. En 2019, cuando Ayuso llegó al poder, la AVS cerró el ejercicio con 23.235 viviendas, 1.744 más.