Grand Coral: así se construyó la operación inmobiliaria en México que llega a juicio en España más de 10 años después

Durante años, Grand Coral fue uno de los grandes proyectos inmobiliarios y turísticos de la Riviera Maya mexicana. La operación incluía terrenos, desarrollos hoteleros y urbanizaciones destinadas a aprovechar el crecimiento turístico de la zona. Una parte sustancial del capital para desarrollar aquel negocio llegó desde España, a través de Bancaja y Banco de Valencia.

Lo que comenzó como una apuesta inmobiliaria terminó en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que determinados responsables de las entidades financieras permitieron que los bancos asumieran buena parte del riesgo de unas operaciones que beneficiaban a los promotores. Un peritaje realizado durante la investigación situó en unos 750 millones de euros el perjuicio económico para las entidades. El volumen acumulado de financiación concedida al grupo superó los 1.768 millones de dólares.

Las operaciones investigadas se concentraron entre 2005 y 2009. La denuncia que dio origen a la causa llegó a finales de 2013, la investigación judicial comenzó en 2015 y en 2018 se abrió formalmente el camino hacia el juicio, con 48 personas inicialmente procesadas. La vista oral comenzó finalmente el pasado 14 de septiembre de 2026 en la Audiencia Nacional de España, más de una década después de las primeras operaciones investigadas.

El inicio del proceso estuvo marcado por acuerdos de conformidad con varios de los principales acusados, entre ellos el exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo y los empresarios Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens.

Para entender qué se juzga hay que regresar al origen del negocio y seguir el recorrido que, según la acusación, convirtió derechos sobre terrenos en activos de mucho mayor valor.

El origen de Grand Coral en México

Según la Fiscalía, Juan Poch localizaba terrenos con potencial urbanístico y conseguía opciones o promesas de compraventa a precios relativamente bajos.

Esos derechos eran posteriormente incorporados al entramado de Grupo Grand Coral por valores superiores. La acusación sostiene que en ese proceso se utilizaron mecanismos como comisiones de gestión, opciones de compra y primas de emisión para generar diferencias entre el valor inicial de los derechos y el que adquirían dentro del grupo.

El punto central de la investigación no era solamente cuánto valían los terrenos, sino cómo se construía contablemente el valor de los activos que después servían como respaldo de nuevas operaciones financieras. Y allí entraban los bancos.

El dinero de Bancaja y Banco de Valencia

La financiación procedente de Bancaja y Banco de Valencia permitió ampliar sucesivamente las operaciones del grupo inmobiliario. La Fiscalía cuestionó las condiciones de algunos de esos créditos y las garantías utilizadas para concederlos.

La acusación describe operaciones con tasaciones insuficientes, activos cuyo valor habría sido inflado y créditos de libre disposición que podían destinarse incluso a atender obligaciones financieras anteriores.

De esta manera, el problema que analiza la causa no es simplemente el fracaso posterior de un proyecto inmobiliario. Lo que debe determinar la Justicia es si determinados responsables bancarios facilitaron operaciones en las que las entidades asumían riesgos desproporcionados frente a los beneficios que obtenían los promotores.

El volumen de financiación explica la dimensión que terminó adquiriendo Grand Coral, pero no debe confundirse con el perjuicio económico. Los préstamos concedidos fueron muy superiores a la cantidad que la investigación considera finalmente perdida.

Zacatón y Piedras Bolas: una operación clave

Uno de los episodios centrales fue el denominado Proyecto Zacatón y Piedras Bolas.

Según la Fiscalía, la operación generó una plusvalía de 138,8 millones de dólares que no estaba respaldada por un incremento equivalente en el valor real del negocio. La financiación para realizar la transacción procedió de las entidades valencianas.

Posteriormente, parte de los fondos terminó en cuentas en Andorra, un recorrido que llevó a los investigadores a analizar si determinadas ganancias habían sido ocultadas o integradas en el circuito financiero mediante operaciones de blanqueo de capitales.

Este episodio resume buena parte del mecanismo que se encuentra bajo análisis judicial: operaciones sobre activos inmobiliarios, financiación bancaria, diferencias de valor y posterior circulación internacional de los fondos.

Una red internacional de sociedades

La estructura empresarial tampoco estaba concentrada en México. El expediente describe una red de sociedades radicadas en diferentes jurisdicciones.

Entre las sociedades utilizadas como estructuras de control aparecen Sugar Toys/Riviera Maya Investments BV, Portuna BV, Varamitra e Inquam Denmark BV, constituidas en Holanda y vinculadas a distintas sociedades operativas mexicanas.

El entramado se extendía además a Suiza, Panamá, Andorra y Anguilla, jurisdicciones que aparecen en el recorrido societario y financiero investigado.

Para la Fiscalía, esta arquitectura permitía mover fondos y participaciones entre distintas sociedades y dificultaba seguir el origen y destino de determinadas ganancias. La investigación también tuvo que establecer qué función cumplía cada empresa y qué personas tenían control efectivo sobre ellas.

Empresarios y directivos bancarios

El caso Grand Coral no corresponde al esquema clásico de una trama de corrupción basada en funcionarios que reciben dinero a cambio de contratos públicos. Sus principales protagonistas eran empresarios privados y directivos de entidades financieras.

Entre los empresarios investigados aparecen Juan Vicente Ferri Guardiola, José Salvador Baldó Llorens y Juan Poch, vinculados a los proyectos inmobiliarios y hoteleros.

Del lado financiero aparecen antiguos responsables de Bancaja y Banco de Valencia, entre ellos José Luis Olivas, que había sido presidente de ambas entidades y anteriormente de la Generalitat Valenciana.

Olivas murió en noviembre de 2025 y no llegó a ser juzgado en el proceso iniciado en 2026.

La investigación tampoco mantuvo la misma acusación contra todos los integrantes de los órganos de dirección. Durante el juicio, la Fiscalía retiró las acusaciones contra numerosos consejeros no ejecutivos después de la declaración de Aurelio Izquierdo, quien afirmó que estos no conocían los detalles de las operaciones realizadas en México.

La denuncia que abrió la causa

El origen judicial del caso se encuentra a finales de 2013, cuando Bankia Hábitat presentó una denuncia por operaciones de aportación de capital y financiación realizadas durante los años anteriores.

La sociedad inmobiliaria alertó sobre un posible menoscabo patrimonial relacionado con los créditos concedidos al grupo promotor. La denuncia puso en marcha una investigación que pasó posteriormente a la Audiencia Nacional.

En 2015 comenzó la instrucción judicial y en 2018 se dictó el auto que llevó a la causa hacia el juicio oral. El procedimiento llegó a incluir 48 acusados entre empresarios, antiguos directivos bancarios y personas relacionadas con las estructuras societarias y financieras investigadas.

La Fiscalía solicitó además una indemnización de 156,5 millones de euros para Bankia, actualmente integrada en CaixaBank, por una parte del perjuicio que atribuye a las operaciones.

Diez años hasta el juicio en España

Cuando la vista oral comenzó la semana pasada, el proceso ya había cambiado considerablemente respecto del expediente que llegó a la apertura de juicio oral.

Varios de los principales acusados alcanzaron acuerdos de conformidad con la Fiscalía. Otros quedaron fuera del procedimiento después de que se retiraran las acusaciones por circunstancias como las dilaciones indebidas o la prescripción de determinados hechos.

El juicio, por tanto, comenzó con un número de acusados inferior al que inicialmente afrontó la fase procesal.

El núcleo de la causa, sin embargo, permanece: determinar cómo se estructuraron las operaciones de Grand Coral en México, qué papel desempeñaron Bancaja y Banco de Valencia en su financiación y si determinadas decisiones permitieron trasladar a las entidades financieras un riesgo que correspondía a los promotores.

Más de una década después de que comenzara la investigación, la Audiencia Nacional española analiza las responsabilidades que permanecen abiertas en uno de los grandes expedientes relacionados con las antiguas entidades financieras valencianas.

En el centro del proceso está la transformación de un negocio inmobiliario en la Riviera Maya en una compleja estructura de terrenos, sociedades y financiación bancaria, y la pregunta de si ese mecanismo terminó beneficiando a determinados empresarios mientras dejaba una parte sustancial del riesgo y del perjuicio en los bancos que financiaron la operación.