Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

El Gobierno y la ciudad autónoma de Ceuta alcanzaron el viernes un acuerdo unánime sobre los nuevos espacios donde alojar a los migrantes que llevan semanas durmiendo en playas y campamentos improvisados. La decisión se tomó en la reunión del mando único presidida por Pedro Sánchez desde La Moncloa, con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, presente sobre el terreno, y abre la puerta a cerrar la crisis en un plazo de dos o tres semanas, según miembros del Ejecutivo citados por El País.

Las ubicaciones que propuso el equipo de Vivas inicialmente fueron descartadas por requerir obras de meses al carecer de saneamiento y electricidad. Los polideportivos, primera opción del Ejecutivo, también quedaron fuera por el rechazo expreso del presidente ceutí.

Los nuevos espacios acordados necesitan menos acondicionamiento, y el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, se comprometió a tenerlos listos “con la máxima premura”. Decenas de trabajadores de Tragsa ya están instalando camas, baños y comedores.

Un acuerdo para alojar a los migrantes y desbloquear la crisis

La urgencia por resolver el alojamiento no es solo humanitaria, sino también operativa. Desde el Gobierno lo explican con una razón práctica: “No se puede hacer un proceso de expulsión o denegación de asilo en una mesa en una playa, porque requiere un complejo sistema informático cerrado con protección de datos”. Sin espacios adecuados, los trámites de devolución no pueden empezar.

La ministra de Sanidad, Mónica García, lo explicó en una entrevista con ElDiario.es: “Sin realojos, no hay nada de lo demás”. García cifró en 3.800 las personas ya alojadas y anunció que “en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más”, con el objetivo de que todos los migrantes estén bajo techo en dos o tres semanas.

La ministra señaló también que el Gobierno no tiene capacidad de realojar a los migrantes con rapidez “sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta”, y apuntó a una “actitud de desidia” de la ciudad durante las dos primeras semanas, “porque jugaban la carta de la expulsión”. A su juicio, ahora ha habido un “cambio de actitud” y la ciudad colabora. Sobre las devoluciones, García fue tajante: “Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos”, recalcó.

Para acelerar los retornos, la prioridad son los adultos marroquíes, con muy pocas posibilidades de obtener asilo. Torres se comprometió a forzar “el retorno de quienes se quedaron en Ceuta tras el día 30 y 31” de julio. El Ejecutivo ha enviado más policías especializados y ha autorizado que parte de las entrevistas preceptivas se hagan por vía telemática, con agentes e intérpretes fuera de la ciudad.

Además, ha solicitado formalmente la colaboración de la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de Europol y de la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA), diez días después de recibir la oferta europea. La secretaria de Estado de Interior, Aina Calvo, se ha trasladado a Ceuta para coordinar el operativo sobre el terreno.

Las cifras de la crisis varían según la fuente. El Ejecutivo calcula que en Ceuta permanecen unos 5.000 migrantes; el gobierno de Vivas considera que pueden ser casi el doble. Unos 1.827 ocupan ya plazas en los dos centros habilitados y alrededor de 1.500 son menores identificados. El objetivo inmediato es habilitar 2.000 nuevas plazas.

La reunión del mando único también abordó los episodios de violencia del jueves, cuando un grupo de ceutíes intentó bloquear los camiones de la Cruz Roja con alimentos para los migrantes. Sánchez reclamó una condena unánime y Vivas, tras calificar la situación de “insostenible”, se comprometió a trabajar para frenarla. Todos los partidos de Ceuta firmaron un comunicado conjunto.

“Los violentos no nos representan, nadie debe tomarse la justicia por su mano”, leyó el presidente de la ciudad. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, añadió en el Congreso: “¿Qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y si tuvieran que conseguirlos de otra manera?”. Para evitar que los bloqueos se repitan, la policía y el ejército han multiplicado su presencia en la zona y se han enviado más antidisturbios a Ceuta.

En sus comparecencias ante el Congreso, los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Inclusión, Saiz, aseguraban que Marruecos no está detrás de la entrada masiva de migrantes, al menos no como principal impulsor.

Albares detalló sus contactos con su homólogo marroquí, Naser Burita, y señaló que en las primeras horas de la crisis más del 90% de los migrantes que cruzaron a Ceuta regresaron al país vecino gracias a la colaboración marroquí. García, por su parte, vinculó lo ocurrido con “un intento de desestabilización” en el que Marruecos “tiene una responsabilidad”, con “anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu”, según declaró a ElDiario.es.