
La Policía Nacional ha detenido este viernes a un empresario del sector de la hostelería en Palma de Mallorca, acusado de someter a varios de sus empleados a condiciones de explotación laboral: jornadas de hasta 12 horas diarias, ausencia total de vacaciones y salarios que apenas alcanzaban los 1.000 euros mensuales.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los trabajadores afectados, todos en situación administrativa irregular, declararon que cumplían esas jornadas “en ocasiones en horario nocturno” y que “si podían, descansaban un día a la semana, pero que nunca habían tenido vacaciones”. El salario percibido, explicaron, lo aceptaban porque “necesitaban contribuir a la economía familiar en sus países de origen”.
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La investigación tuvo su origen el verano anterior, cuando agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras detectaron, en el marco de una inspección rutinaria, que uno de los empleados del detenido se encontraba en situación irregular. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social le impuso entonces una multa de 10.000 euros.
Lejos de modificar su conducta, el empresario reincidió. Este verano, los agentes comprobaron que mantenía a otras dos personas en situación irregular en el mismo restaurante y a una tercera en un segundo negocio que había abierto recientemente. Las condiciones laborales, además de no ajustarse a los contratos, vulneraban la legislación sobre derechos de los trabajadores en materia de jornadas, descansos, vacaciones y retribución salarial. El empresario está acusado como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, según la información difundida por la Policía Nacional.
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Otros casos similares de explotación
Este no es el único caso parecido revelado en las últimas semanas. También este mes de agosto, la Policía Nacional detuvo en Palma a tres hombres acusados de explotar a inmigrantes sin papeles en una empresa, donde les exigían realizar tareas complejas y conducir en España sin carné, además de someterlos a vejaciones, según informó la agencia EFE. De acuerdo con el cuerpo policial, la investigación comenzó en junio tras la denuncia de un trabajador que dijo haber recibido presiones y amenazas de los responsables de la compañía cuando pidió una baja médica después de sufrir un accidente laboral.
Los agentes identificaron al menos cinco víctimas de explotación laboral. Según la Policía Nacional, en la empresa trabajaban personas con contrato regular y otras en situación irregular, con condiciones distintas: a estas últimas se les imponían trabajos sin la formación ni las medidas de seguridad adecuadas.
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La investigación también atribuye a los arrestados obligar a conducir a empleados sin permiso de conducción en España, pese a que algunos lo tuvieran en su país de origen, bajo amenaza de despido. Además, se les habrían dirigido expresiones como: “Si tú no quieres, hay mucho negro que quiere trabajar con nosotros”. En las tres inspecciones policiales-laborales que se han realizado en la sede de la empresa, se investigó a siete personas: tres se encuentran en situación irregular y cuatro en situación regular. La causa sigue abierta todavía y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.
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