El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

El Tribunal Constitucional tiene por delante una carrera contra el calendario electoral para decidir si los 163.020 españoles afectados por la suspensión del voto vinculada a la conocida como ‘ley de nietos’ podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el viernes un recurso de amparo contra las resoluciones del Tribunal Supremo que mantienen la medida cautelar y solicitó que el tribunal de garantías suspenda sus efectos de forma inmediata. El objetivo es evitar que los ciudadanos afectados se queden sin votar mientras se resuelve la controversia judicial sobre los requisitos para acceder al censo electoral.

El recurso ha recaído en la sección cuarta del Constitucional, cuyo ponente es el magistrado Enrique Arnaldo. El tribunal ha comenzado a tramitar la demanda, pero debe pronunciarse sobre su admisión y sobre la petición de medidas cautelarísimas. Son cuestiones distintas: admitir el recurso no implica, por sí solo, que los afectados recuperen el derecho al sufragio.

La urgencia viene marcada por el calendario del voto exterior. La Oficina del Censo Electoral tiene previsto enviar la primera documentación a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) entre el 24 y el 30 de octubre. El segundo envío de papeletas se realizará entre el 4 y el 14 de noviembre, dependiendo de si existen impugnaciones de candidaturas. Los electores podrán remitir su voto a los consulados hasta el 24 de noviembre y depositarlo en urna entre el 21 y el 26 de ese mes.

Una resolución favorable del Constitucional podría abrir la puerta a restituir provisionalmente el voto, pero su ejecución dependería también del alcance de la decisión y de las instrucciones que recibiese la Administración electoral. La Junta Electoral Central ha advertido de que no dispone de tiempo ni medios para identificar individualmente a los 163.020 afectados y revisar todos sus expedientes antes de los comicios. El calendario obliga así a resolver no solo si procede intervenir, sino también cómo podría aplicarse una eventual decisión favorable.

Qué puede hacer el Constitucional antes del 29-N

El recurso de amparo permite reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando se considera que han sido vulnerados por una actuación pública o una resolución judicial, siempre que se cumplan los requisitos legales y se haya agotado previamente la vía judicial correspondiente.

En este caso, el Defensor del Pueblo impugna los autos del Supremo que mantienen la suspensión electoral y sostiene que pueden vulnerar el derecho a participar en los asuntos públicos mediante el sufragio, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución; el principio de igualdad ante la ley, recogido en el artículo 14; y el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.

Para admitir un recurso de amparo no basta con alegar una vulneración de derechos fundamentales. La demanda debe cumplir los requisitos procesales y justificar una especial trascendencia constitucional. Esto significa que el asunto debe presentar una relevancia que vaya más allá del interés particular del recurrente y merezca un pronunciamiento del tribunal para interpretar, aplicar o garantizar la eficacia de la Constitución.

El Constitucional examina la admisión a través de sus secciones y salas. Si la demanda no cumple los requisitos exigidos, puede inadmitirla; si los cumple, podrá continuar la tramitación y estudiar el fondo de las vulneraciones denunciadas. La admisión no implica que el tribunal comparta los argumentos del demandante ni que vaya a conceder el amparo.

La petición de Gabilondo tiene, además, una particularidad: no se limita a solicitar una sentencia que declare vulnerados los derechos de los afectados. Reclama también medidas cautelarísimas para evitar que la suspensión del voto produzca efectos irreversibles antes de las elecciones.

La suspensión no se levanta automáticamente

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que la presentación de un recurso de amparo no suspende, como regla general, los efectos de la resolución impugnada. El tribunal puede acordar la suspensión total o parcial cuando su ejecución pueda ocasionar un perjuicio que haga perder al recurso su finalidad, siempre que la medida no provoque una perturbación grave de un interés constitucionalmente protegido ni de los derechos fundamentales o libertades de otra persona.

Este requisito es central en el caso de la ‘ley de nietos’. Gabilondo sostiene que mantener la suspensión hasta que se dicte una sentencia podría privar a los afectados de la posibilidad de ejercer el voto en unas elecciones concretas. Si el Constitucional les reconociese posteriormente el derecho a participar, ese pronunciamiento no les permitiría recuperar la oportunidad material de votar el 29 de noviembre.

La petición de medidas cautelarísimas pretende que el Constitucional actúe con urgencia, sin esperar a la resolución definitiva del recurso. En supuestos de excepcional urgencia, la ley permite adoptar medidas cautelares sin oír previamente a las partes, incluso antes de resolver sobre la admisión del amparo. Esta posibilidad no garantiza una decisión favorable: el tribunal debe justificar la necesidad de intervenir de inmediato y ponderar los derechos e intereses en conflicto.

Qué puede ocurrir si el Constitucional llega a tiempo

Si concede las medidas solicitadas, el tribunal deberá determinar qué efectos tiene su resolución sobre los autos del Supremo y en qué condiciones pueden recuperar provisionalmente el voto los afectados. La Administración electoral tendría entonces que adaptar sus instrucciones a una decisión que llegaría cuando ya se está preparando el envío de la documentación.

Si el Constitucional admite el recurso, pero rechaza la suspensión, los autos del Supremo seguirán produciendo efectos mientras no se adopte otra resolución que los modifique. El tribunal podría terminar concediendo el amparo más adelante, aunque una sentencia posterior a las elecciones no devolvería a los afectados la posibilidad material de votar en esos comicios. También cabe que el Constitucional no admita el recurso, en cuyo caso la suspensión seguiría vigente en los términos establecidos por el Supremo, sin perjuicio de las vías que pudieran corresponder individualmente a los afectados.