En 1956, Marruecos y España acordaron la independencia del país norteafricano. Las dos naciones firmaron el 7 de abril de aquel año una declaración bilateral que sentaba las bases de la puesta en marcha de Marruecos como un Estado propio y definía las relaciones futuras. Se llegaron a una serie de acuerdos diplomáticos y comerciales que no han resistido al paso del tiempo.
Ambas administraciones anunciaron un acuerdo para establecer un tratado de amistad y reforzar la paz en la región. El Gobierno español reconoció la plena soberanía e independencia de Marruecos y se comprometió a respetar su “unidad territorial”, anunciando su acuerdo con Mohamed V, además de garantizar derechos recíprocos a ciudadanos de ambos países y abrir nuevas vías de cooperación bilateral.
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Sin embargo, las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, o el Sáhara Occidental, que han generado discusiones entre ambos en las últimas décadas, no aparecen mencionados. La declaración de hace 70 años habla de respeto territorial, pero sin concretar sobre las ciudades españolas en África o el territorio saharaui. El régimen de Mohamed VI ha dado a conocer sus ambiciones de expansión territorial.
Manifestante en Marruecos quema imagen del rey Mohamed VI en medio de las revueltas
Tensiones territoriales tras 70 años de independencia
La Declaración Conjunta de 1956 y los convenios diplomáticos de 1957 marcaron el fin del Protectorado español y el nacimiento del Marruecos moderno bajo un espíritu de cooperación “singularmente amistosa”. Sin embargo, el paso de las décadas ha dejado en evidencia la distancia entre el ideal diplomático y la realidad política actual. Uno de los puntos más conflictivos es la interpretación del “respeto a la unidad territorial”.
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Históricamente, España ha apoyado la autodeterminación del Sáhara Occidental, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez cambió esta postura en 2022, aceptando la marroquí como “base de las negociaciones”. En el caso de Ceuta y Melilla, las voces que reclaman su adhesión a Marruecos tienen un altavoz más poderoso en los últimos meses y se han extendido a figuras de Estados Unidos.
Este desacuerdo, impreciso en los textos originales, sigue generando tensión. El último en mostrar esta opinión ha sido Mario Díaz-Balart, influyente congresista estadounidense cercano a Marco Rubio, que afirmó hace días que “no son españolas”, en medio de tensiones diplomáticas de España con Donald Trump por las diferencias respecto al gasto militar o el uso de las bases de Rota y Morón.
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Acuerdos incumplidos por ambos países
La coordinación de la política exterior, uno de los compromisos centrales, nunca llegó a consolidarse en la práctica. Según el escrito, publicado en el BOE, los dos países “se esforzarán en coordinar su política exterior, para lo cual se consultarán, a petición de cualquiera de las Partes, cuando lo exijan sus intereses comunes o así convenga a sus relaciones de amistad permanente”. No obstante, la delimitación de aguas territoriales o la relación con otros actores internacionales han generado problemas diplomáticos sin que haya una consulta previa que los podría haber evitado.
En materia de circulación de personas, el protocolo adicional eliminaba la necesidad de visados y otras formalidades, pero la entrada de España en el espacio Schengen en 1991 revirtió esta apertura. Hoy, los ciudadanos marroquíes necesitan visado para entrar en territorio español, salvo contadas excepciones en Ceuta y Melilla, lo que contradice directamente el espíritu de los acuerdos originales. La cooperación judicial prevista fue transitoria, ya que Marruecos buscó rápidamente un sistema propio. La función temporal de España como protectora diplomática de marroquíes en terceros países desapareció con la expansión consular marroquí.
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