El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno ha vuelto a sufrir un revés parlamentario en uno de los pasos previos a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. El Congreso ha rechazado este jueves, por segunda vez en apenas unos días, la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, con 176 votos en contra, 166 a favor y cinco abstenciones, una derrota que evidencia de nuevo la dificultad del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria y que complica el camino hacia la negociación de las futuras cuentas públicas, aunque no impide legalmente su presentación.

La propuesta del Ministerio de Hacienda, ahora dirigido por Arcadi España, ha vuelto a naufragar con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria han respaldado los objetivos de estabilidad. El PP y Vox han mantenido la misma posición que ya defendieron en la primera votación celebrada días antes, a la que se sumó nuevamente Junts, mientras que Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto optaron por la abstención.

El resultado supone un nuevo obstáculo para el Ejecutivo en una legislatura caracterizada por la dificultad para sacar adelante iniciativas parlamentarias de calado. La senda de estabilidad constituye el primer paso en la tramitación presupuestaria, ya que fija los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto para los próximos tres ejercicios. Aunque su aprobación no es un requisito imprescindible para presentar unos Presupuestos Generales del Estado, sí condiciona el margen financiero con el que pueden elaborarse.

De hecho, el Gobierno sostiene que seguirá adelante con la preparación de las cuentas públicas y que presentará un proyecto de Presupuestos tras el verano tomando como referencia el Plan Fiscal Estructural remitido a la Comisión Europea, que ya recoge unos objetivos de déficit del 1,8% del PIB para 2027 y del 1,6% para 2028. La diferencia es que ese documento no distribuye el esfuerzo de consolidación fiscal entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, una cuestión que sí regula la senda de estabilidad rechazada por el Congreso.

Un mayor margen para las comunidades autónomas

La propuesta defendida por Hacienda contemplaba un objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Para las comunidades autónomas reservaba un margen de déficit del 0,1% anual durante esos tres ejercicios, lo que, según los cálculos del Ejecutivo, habría supuesto cerca de 5.850 millones de euros adicionales de capacidad de gasto para las autonomías.

Precisamente ese fue el principal argumento utilizado por el ministro Arcadi España para tratar de convencer a la oposición durante el debate. Antes del inicio del pleno expresó su confianza en que algunos grupos reconsideraran su posición y preguntó directamente si preferían “la derrota del Gobierno o tener 5.849 millones de euros de margen fiscal más para sus comunidades autónomas”.

Desde la tribuna insistió en el mismo mensaje y pidió evitar el “bloqueo” para permitir que las comunidades dispusieran de mayores recursos presupuestarios. Sin embargo, la oposición mantuvo el mismo criterio que había expresado en el anterior debate.

El diputado del PP José Vicente Marí llegó incluso a recuperar el Diario de Sesiones de la votación anterior para evidenciar que el Ejecutivo presentaba exactamente la misma propuesta. “No puede proponer una senda para el futuro porque usted representa el pasado”, reprochó al ministro.

Junts también justificó su rechazo argumentando que el Gobierno había llevado nuevamente al Congreso una iniciativa idéntica a la ya rechazada. Su portavoz, Josep Maria Cruset, sostuvo que presentar la misma propuesta para obtener previsiblemente el mismo resultado demostraba, a su juicio, que el Ejecutivo no buscaba realmente alcanzar un acuerdo presupuestario.

La senda no es obligatoria, pero condiciona las cuentas

La senda de estabilidad es un plan plurianual que establece los objetivos de reducción del déficit público, la evolución de la deuda y la regla de gasto conforme a los compromisos adquiridos por España con la Comisión Europea. Su finalidad es reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos de las administraciones públicas y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Aunque el rechazo parlamentario no bloquea jurídicamente la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, sí modifica el escenario con el que deberán elaborarse. Al no existir una senda aprobada que distribuya los objetivos entre administraciones, las comunidades autónomas tendrían que presupuestar prácticamente en equilibrio, sin disponer del margen adicional del 0,1% de déficit previsto por Hacienda.

El Ejecutivo defiende que la Constitución le obliga a presentar un proyecto de Presupuestos y que el rechazo de la senda no puede impedir el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos con Bruselas. Por ello, mantiene la intención de elaborar las cuentas utilizando como referencia el Plan Fiscal Estructural ya validado por la Unión Europea.

No obstante, el fracaso parlamentario vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno y anticipa una negociación compleja para unos Presupuestos que todavía no tienen fecha de presentación. La Constitución establece que el proyecto debe remitirse al Congreso antes del 30 de septiembre, aunque el propio ministro de Hacienda ha señalado recientemente que octubre constituye un horizonte “razonable” para registrar las cuentas.

El rechazo de la senda se produjo en el último pleno extraordinario del curso político, una sesión en la que el Gobierno sí logró sacar adelante otras iniciativas. El Congreso convalidó el decreto ley que prorroga parte de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de Oriente Próximo y otro decreto que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas, gracias, en este último caso, a la abstención del PP. Además, la Cámara aprobó definitivamente tres leyes procedentes del Senado, elevando a 74 las normas aprobadas por el Ejecutivo en lo que va de legislatura.