España oculta para siempre cuánto le cuestan los medicamentos con una ley del cribado neonatal

El Congreso ha aprobado una normativa para el cribado neonatal que incluía una enmienda de PP, PSOE y Sumar sobre el precio de los medicamentos

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Los españoles ya no podrán saber nunca cuánto les cuestan los medicamentos. El Congreso ha aprobado este jueves una ley sobre el programa de cribado neonatal que incluye, en una enmienda transaccional, la reforma de la actual ley del medicamento, con la que establecen como confidencial la cantidad de dinero que paga el Estado a las farmacéuticas por un medicamento.

La norma se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de evitar llegar a la Cámara Baja. Si bien en un primer momento parecía que todas las enmiendas habían caído en la Comisión de Sanidad, el añadido de la mano del PP, PSOE y Sumar resistió la votación y pasó directamente a la Cámara Alta. Sin embargo, las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado han obligado a los diputados a debatir la nueva norma.

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“Los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones públicas, tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos", reza el texto que debería centrarse en la detección precoz de enfermedades en recién nacidos.

Un golpe a la transparencia para hacer frente a Trump

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, justifica la confidencialidad del precio neto de los medicamentos. (Congreso de los Diputados)

El Congreso culmina así una estrategia liderada por el Ministerio de Sanidad que busca, según el secretario de Estado Javier Padilla, hacer frente a Donald Trump y su política farmacéutica. El presidente estadounidense aplica desde 2025 la cláusula de la Nación Más Favorecida (MFN, por sus siglas en inglés) por la que se compromete a pagar el precio más bajo que se produzca dentro del G7. “A nosotros nos toca ver cuáles son las externalidades negativas que puede tener para nuestro país”, explicó Padilla ante la Comisión de Sanidad del Congreso.

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El secretario de Estado defiende que, hacer público ahora lo que le cuestan a la Administración Pública los medicamentos, retrasaría la entrada de nuevos fármacos al país y podría causar problemas de desabastecimiento. “El hecho de que haya países de nuestro entorno, y especialmente España, donde ese precio se publique, hace que algunas de esas compañías tengan un incentivo total y absoluto para retrasar su financiación aquí, para poder seguir fijando precio en Estados Unidos”, valoró.

Es una postura que avalan desde Farmaindustria, la patronal española del sector farmacéutico. “La confidencialidad de los precios netos y condiciones de financiación de los medicamentos financiados por el SNS es un elemento estratégico para preservar la capacidad negociadora del Estado, garantizar la sostenibilidad presupuestaria y asegurar el acceso equitativo a la innovación terapéutica”, recalcaron a preguntas de este medio.

La reforma legal consigue, a su vez, adelantarse al Tribunal Supremo, que actualmente estudia una denuncia de la plataforma ciudadana Civio por la transparencia en estos contratos públicos. Al cambiar la ley en este sentido, el Gobierno elimina cualquier espacio de interpretación legal que el Alto Tribunal pudiera tener.

Farmaindustria se apoya en un estudio financiado por uno de los gigantes del sector, Merck Sharp and Dohme (MSD), que concluyó que revelar este coste podría aumentar hasta un 50% el gasto farmacéutico en países como España, Grecia o Portugal. Otros informes, sin embargo, alegan que este secretismo estaría provocando diferencias de hasta el 183% entre lo que pagan unos países europeos y otros.

“Son argumentos que, desde 2019, no se han respaldado ante ninguna instancia con una prueba: nadie ha acreditado un daño real y concreto derivado de la transparencia. Lo que hay son especulaciones y advertencias, como que algunas compañías quizá dejen de ofrecer sus medicamentos al sistema público”, advierten desde Civio. La organización critica el uso de esta “cláusula escoba” que “vuelve secreto todo lo que pueda conectarse, de cerca o de lejos, con un acuerdo de financiación”.

PSOE y SUMAR, y esta vez también el PP (enfrentado al Gobierno en casi todo lo demás), se han alineado para sacar adelante el secreto legal sobre lo que cuestan realmente los nuevos medicamentos a las arcas públicas. Y alineados también en cómo hacerlo: lo más lejos posible del foco, donde les costaría mucho más defenderlo”, concluyen.

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