Europa avanza contra el abuso sexual infantil, pero muchos países aún permiten juzgar a menores por compartir imágenes íntimas que ellos mismos generan

Los países europeos han fortalecido su respuesta frente a los delitos sexuales contra menores cometidos a través de internet y herramientas digitales. Según un reciente informe difundido por el Consejo de Europa, los países han dotado a sus fuerzas de seguridad de más herramientas para investigar, han ampliado el respaldo y la asistencia a las víctimas, y han destinado mayores recursos tanto a unidades policiales especializadas como a organizaciones sociales, además de impulsar la formación de quienes trabajan con niños para detectar y actuar ante posibles casos de abuso. Sin embargo, pese a los avances, el informe advierte que muchos Estados aún permiten que los menores sean procesados por las imágenes sexuales que ellos mismos generan.

El informe del Comité del Consejo de Europa, encargado de supervisar la implementación del Convenio de Lanzarote para proteger a los niños frente a la explotación y el abuso sexual, que revisa las acciones de los Estados frente a las 28 recomendaciones acordadas en 2022, también indica que muchos países las respuestas educativas no siempre se priorizan frente a las sanciones penales, y que en muchos casos no existen servicios de apoyo completos para los menores afectados.

De acuerdo con el informe, casi dos tercios de los países analizados mantienen leyes que permiten juzgar a menores por tener imágenes íntimas propias o de sus parejas adolescentes. Además, cerca de la mitad contempla sanciones penales para quienes compartan ese contenido, incluso si se trata de sus propias imágenes. El reporte subraya que en situaciones donde un menor distribuye sin consentimiento imágenes sexuales de otro niño, la mayoría de los países aún no exige agotar opciones educativas antes de recurrir a la vía penal.

En el terreno de la investigación de delitos sexuales que involucran tecnologías de la información, el Consejo de Europa detalla que el número de países que permite a las fuerzas de seguridad realizar operaciones encubiertas casi se ha duplicado en los últimos años. Desde 2022, seis estados han reportado aumentos en personal y presupuesto para las unidades policiales encargadas de estos delitos. También más países pueden ahora procesar a sus ciudadanos o residentes por abusos cometidos en el extranjero, sin depender de una denuncia previa en el país donde sucedieron los hechos. No obstante, la capacidad de perseguir estos delitos si la víctima es nacional o residente sigue siendo limitada en comparación.

El acceso a líneas de ayuda para víctimas menores de edad ha crecido, añade el informe. Muchos países ofrecen teléfonos o servicios en línea adaptados a niños que han sufrido delitos sexuales, incluidos los facilitados por internet. Hay Estados que brindan apoyo especializado tanto a corto como a largo plazo, aunque todavía predominan los que solo asisten durante el proceso legal o no garantizan atención continuada. Paralelamente, ha aumentado el respaldo económico a proyectos de la sociedad civil enfocados en la prevención y protección frente al abuso sexual infantil.

En materia de capacitación, el informe indica que cada vez más estados ofrecen formación específica sobre delitos sexuales cometidos mediante tecnologías a fiscales y, en el caso de los jueces, el número de países que la proporciona casi se ha duplicado desde 2022. Ha crecido también la formación en sectores como educación, salud, protección social, deporte y cultura para detectar señales de abuso y canalizar denuncias. Sin embargo, solo unos pocos países han implementado de forma integral las recomendaciones en todos estos ámbitos.

Desafíos de España

En el caso de España, el informe sostiene que el país ha avanzado en la adaptación legislativa, en la especialización de recursos para la investigación, el apoyo a las víctimas y la cooperación internacional y con la sociedad civil. No obstante, “sigue teniendo retos en la sistematización de la educación preventiva y la formación profesional”.

España, indican, debe definir claramente en la legislación “cuándo los menores no deben ser penalmente responsables en situaciones consensuadas, evitando que prácticas entre iguales deriven en procesos judiciales innecesarios”.

El peligro de la Inteligencia Artificial

El documento también resalta la amenaza creciente que representa la inteligencia artificial en la producción de material de abuso sexual infantil. Los expertos del Consejo de Europa remarcan que los delincuentes ya no necesitan imágenes reales, pues pueden crear archivos completamente sintéticos para intimidar, manipular o extorsionar a menores.

El informe concluye que, aunque la respuesta penal debe estar disponible, las autoridades deben priorizar la educación, el apoyo terapéutico y la justicia restaurativa cuando los propios menores hacen uso de herramientas tecnológicas para crear o compartir este tipo de contenidos.