La Comunidad de Madrid deniega el 56% de las ayudas a víctimas de violencia de género: “Pide requisitos que la ley estatal no exige”

La Comunidad de Madrid denegó en 2025 el 56,5% de las ayudas económicas solicitadas por víctimas de violencia de género. En los cinco primeros meses de 2026 el porcentaje bajó al 16%, pero solo porque la tramitación está siendo un poco más lenta. El 67% de las solicitudes de este año aún no ha sido abordadas por los servicios técnicos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Los fondos que nutren estas ayudas son estatales, aunque son las Comunidades Autónomas las que se encargan de recoger las peticiones, estudiarlas y abonarlas.

Los datos de 2025 revelan que 852 víctimas de violencia de género solicitaron esta ayuda. Solo se concedieron 288 y se denegaron 481. Otras 83 aún no se han resuelto. Lo que quiere decir que solo se aprobó el 33,8% (una de cada tres) y se rechazó el 56,5%. En cuanto a los datos de 2026 (de enero a mayo de este año), se han registrado 531 ayudas, se han concedido 86 (el 16,2%), se han denegado 85 (el 16%) y están pendientes unas 360 (el 67,8%). Son cifras que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha facilitado a la diputada socialista Lorena Morales.

“La Comunidad de Madrid solo tiene que tramitarlas, porque el dinero lo pone el Gobierno central. Pero el número de solicitudes rechazadas es muy significativo. Más de la mitad. ¿Por qué?“, se pregunta Morales. La parlamentaria cree que el informe que tiene que hacer el Servicio Público de Empleo de la Comunidad para valorar si la víctima de violencia de género tiene dificultades para encontrar trabajo y, por tanto, necesita esa ayuda, ”es muy arbitrario. Y si ese informe es negativo, no hay ayuda“. Estas ayudas económicas están reguladas en el artículo 27 de la ‘Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género’, destinadas a víctimas “que se sitúen en un determinado nivel de rentas” y que, debido a su edad, falta de preparación y otras circunstancias sociales, “tienen dificultades para obtener un empleo”.

Ese artículo 27 señala que “el importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo”. En Madrid, el importe medio de la ayuda concedida en 2025 fue de 7.924,97 euros. El importe medio de 2026 es de 7.822,75 euros. El máximo de esta ayuda, que se abona en un pago único, puede ser de 12.420 euros (en función de algunos condicionantes familiares) En noviembre de 2022, la Comunidad de Madrid aprobó la orden autonómica que actualmente sigue en vigor para regular la concesión de estas ayudas.

Requisitos

Los requisitos para poder solicitar esta ayuda son: acreditar la situación de violencia de género; ser residente en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid; carecer de rentas que, en el cómputo mensual, superen el 75% del salario mínimo interprofesional (máximo de 850,5 euros al mes); y tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a través de un informe del Servicio Público de Empleo. La Comunidad de Madrid también ha establecido que en el caso de solicitantes extranjeras deben aportar “el número de Identidad de Extranjero (NIE) y, en su caso, del Permiso de residencia y/o de trabajo”. Para Lorena Morales, “este requisito no lo exige la ley estatal. Es muy sintomático el posicionamiento ideológico de la Comunidad con esta ayuda. Si pides el NIE dejas fuera a las mujeres sin residencia”.

La orden autonómica también destaca que es necesario establecer unos “mecanismos ágiles y urgentes, que permitan la rápida percepción de las ayudas por parte de las beneficiarias, removiendo cualquier obstáculo que pueda perjudicar la eficacia en la gestión”. Pero en enero de 2026, por ejemplo, hubo 111 solicitudes registradas, cero concedidas y 15 denegadas. Infobae ha preguntado a la Consejería los motivos de tantas denegaciones y si el alto porcentaje se debe a que las víctimas no presentan toda la documentación necesaria. Un portavoz de la Comunidad se limita a decir que “las ayudas se conceden según lo que marca la normativa nacional”. A pesar de tantas peticiones denegadas, las concesiones aumentaron en 2025. Las 288 solicitudes favorables superan a las 125 beneficiarias de 2024 y a las 88 de 2023.