
El PP se sube a la cresta del ‘pucherazo’ y acusa al Gobierno de alterar el censo a través de sus políticas migratorias. En esta narrativa, que Vox lleva abanderando desde 2022, el primer partido de la oposición ha mezclado churras con merinas, metiendo en el mismo cajón la regularización extraordinaria de migrantes, que es un proceso administrativo para permitir que las personas extranjeras que viven en España puedan vivir y trabajar en el país; y la Ley de Nietos, que reconoce la nacionalidad a los hijos y nietos de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el presidente del Gobierno estaba recurriendo a una “ingeniería electoral” para “incrementar en dos millones y medio” el número de personas con derecho a voto “en un espacio muy corto de tiempo, un año o año y medio”, a pesar de que la medida lleva más de tres años en vigor. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, secundó estas palabras y añadió que Buenos Aires sería la “tercera provincia de España en las elecciones generales”, momento en el que las personas reconocidas por la ley de nietos contarían en el voto desde el exterior.
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De acuerdo con el INE, la población española aumenta en unas 16.000 personas cada mes. Desde las últimas generales de julio de 2023, el padrón de residentes en el exterior sumó 375.027 nuevos inscritos, lo que representa un incremento del 16,1%. Para las próximas elecciones generales, previstas para 2027, se estima que esta cifra se acercará a los 600.000 votantes adicionales potenciales, con un total próximo a los tres millones de inscritos.
Y en parte tiene que ver con la ley de nietos, que fue aprobada en 2022 como parte de la ley de Memoria Democrática. La norma contemplaba un plazo de dos años para presentar solicitudes. Ese plazo fue ampliado hasta octubre de 2025 debido al enorme atasco burocrático. De hecho, los consulados todavía continúan cerrando los expedientes presentados a tiempo.
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Según la información del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han solicitado la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles. El Gobierno defiende la ‘ley de nietos’ como una medida de “justicia y reparación”, ya que no se ideó como una medida para “fabricar votantes”, como sugiere la oposición.
El voto CERA, clave en la polémica
La relación entre la ley de nietos y las elecciones tiene que ver con el voto CERA, la modalidad en la que se canaliza el voto de aquellos ciudadanos españoles que viven fuera del territorio nacional, pero que desean participar en los procesos electorales. En el caso de la ley de nietos, la ley de Memoria Democrática sí contempla este reconocimiento, si bien no es inmediato. No ocurre así en el proceso de la regularización extraordinaria, que no implica la concesión del derecho al sufragio, como así ha asegurado el Gobierno.
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En caso de que todas esas personas obtuvieran el derecho al voto (que implica superar otras fases intermedias), tampoco puede asumirse que todas ejercerán ese derecho: en las últimas generales apenas votó el 10% de los más de 233.688 electores, un aumento con respecto a 2019, cuando fue del 6,85%. Además, aunque lo hiciesen, no hay garantía de que su voto beneficie al PSOE, ya que cada persona decide su voto de manera individual.
El PP amplió su ventaja en Madrid, la comunidad donde más influye el voto CERA
¿Ha supuesto cambios? Sí, aunque suelen ser mínimos y no suele ser la norma. Si nos vamos al histórico, el voto CERA alteró el reparto de escaños en las elecciones generales de 2023. En esa ocasión, los consulados donde más españoles votaron fueron los de Londres (18,11%), Bruselas (15,26%), Ginebra (15,20%) y París (15,17%). En América Latina la participación ha sido más moderada y la lideran Buenos Aires (6,22%) y México (4,78%).
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Dado el ajustado resultado de las elecciones, el escrutinio de este sufragio generó una gran expectación y se preveía que podría alterar el resultado en hasta 9 provincias españolas. Ocurrió en la comunidad que más escaños reparte, en Madrid, el censo donde los españoles en el extranjero que no tienen provincia suelen adscribirse (en 2023 fueron 46.394 de los 233.688 sufragios CERA). Y un dato que le gustará al líder de la oposición y la presidenta madrileña es que en aquella ocasión fue en favor de Alberto Núñez Feijóo, que obtuvo 19.006 votos, y en detrimento de Pedro Sánchez, que recibió 10.411 votos.
El PSOE gana en el ciclo autonómico donde arrasó el PP
Pero tampoco es cierto que esta modalidad de voto implique siempre cambios. Por ejemplo, el PSOE ganó el voto desde el extranjero en las últimas elecciones andaluzas, concretamente, en siete de las ocho circunscripciones. No obstante, los más de 300 votos de diferencia en favor de María Jesús Montero no supusieron cambios en el recuento de escaños. Además, apenas votaron 21.500 personas de las más de 302.000 que están registradas en este censo electoral.
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Tampoco alteró el resultado en el resto de elecciones autonómicas de este último ciclo, donde el PSOE también se erigió como primera fuerza pese a la arrasadora victoria del PP: En Extremadura, los socialistas de Miguel Ángel Gallardo mantuvieron su último diputado; en Aragón, el PSOE ganó en las tres circunscripciones; y en Castilla y León, ganó en todas las circunscripciones a excepción de Zamora, que cayó para el PP. De nuevo, en ninguna de estas comunidades supuso cambios en el reparto.
En las elecciones al Parlamento catalán, el voto CERA no fue suficiente para distorsionar el resultado porque había demasiada distancia entre los partidos y porque tan solo un 10% de las 294.000 personas inscritas votaron. Tan solo hubo un margen apretado en Girona y Tarragona, donde Junts se jugaba su último escaño frente al PP y PSC. Pero finalmente no fue suficiente. Aunque si nos atenemos a la hemeroteca, en las de 2017, un diputado de Ciudadanos pasó al PP.
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