Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

El proceso de selección para cubrir 600 plazas de operador comercial de entrada en Renfe se encuentra paralizado y a la espera de que un informe de la Abogacía del Estado determine cómo debe continuar una de las convocatorias de empleo público más relevantes del año. Una decisión que llega después de que varios aspirantes denunciaran posibles irregularidades en el examen celebrado el pasado 6 de junio.

La convocatoria forma parte del plan de contratación de Renfe para 2026, con el que la compañía pretende incorporar a más de 2.000 nuevos trabajadores en distintas categorías profesionales. Entre ellas destacan estas 600 plazas de operador comercial, los encargados de la atención al viajero en estaciones y servicios ferroviarios.

A las pruebas estaban convocados 9.033 aspirantes, que realizaron los exámenes de manera simultánea en Madrid, Barcelona, León y Sevilla. Sin embargo, según adelantó El Confidencial, algunos de ellos denunciaron irregularidades y el proceso ha quedado en suspenso. Ahora, los servicios jurídicos del Estado analizan la documentación remitida por el tribunal de la convocatoria y emitirán un dictamen sobre la validez del proceso y las posibles futuras actuaciones.

La Abogacía del Estado analizará el proceso

La empresa pública ha optado por solicitar asesoramiento jurídico antes de tomar una decisión definitiva. El objetivo es determinar si las incidencias denunciadas afectan a la igualdad entre los candidatos y si el procedimiento puede continuar sin comprometer los principios que rigen el acceso al empleo público.

Dependiendo de las conclusiones del informe, Renfe podría reactivar la convocatoria y continuar con la publicación de las calificaciones, ordenar la repetición únicamente de la parte del examen afectada por las dudas o, en el escenario más extremo, anular esa fase e incluso convocar nuevamente la prueba si se concluye que se cometió una irregularidad que impidió la igualdad de oportunidades durante el proceso.

Mientras tanto, la adjudicación de las plazas permanece bloqueada, aunque la paralización no implica que la oferta de empleo desaparezca.

Las denuncias se centran en la prueba psicotécnica

En cuanto a los aspirantes, varios de ellos sostienen que un elevado número de preguntas eran muy similares al material de preparación utilizado previamente por alumnos de una academia especializada. Algunas denuncias apuntan incluso a que 35 de las 36 preguntas de esa parte del examen coincidían con ejercicios difundidos con anterioridad, una circunstancia que, de confirmarse, podría haber beneficiado a quienes hubieran trabajado previamente con esos contenidos.

Además, también reclaman que no se han publicado las plantillas oficiales de respuestas, los criterios de corrección ni los baremos aplicados en la prueba psicotécnica, información que consideran imprescindible para revisar sus resultados y presentar reclamaciones con todas las garantías.

“Cientos de aspirantes continúan viendo condicionado su futuro profesional

Desde el sindicato CCOO consideran que la decisión del tribunal de trasladar toda la documentación a la Abogacía del estado refleja la complejidad del expediente. La organización sostiene en un comunicado publicado este martes que “no se trata de retrasar el procedimiento, sino de garantizar que cualquier decisión se adopte con el máximo respaldo jurídico, con garantías y pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo en una empresa pública como Renfe”.

No obstante, la organización considera que los aspirantes ya se han visto afectados. Según señala, “cientos de aspirantes continúan viendo condicionado su futuro profesional por unas incidencias que nunca debieron producirse y que han generado un daño evidente a la confianza en el proceso selectivo y a la imagen de Renfe”.

Por esto, CCOO insiste en que los opositores no deben asumir las consecuencias de los problemas surgidos durante la convocatoria, y que “quienes participaron en esta convocatoria lo hicieron confiando en que las pruebas se desarrollarían con todas las garantías exigibles”.

El sindicato asegura que trasladó a Renfe las incidencias detectadas antes de la publicación del listado provisional de calificaciones y que, desde ese momento, ha defendido que cualquier decisión debía adoptarse tras analizar toda la información disponible y con el mayor rigor jurídico posible.