
La Unión Europea se ha reunido este martes con una delegación del Gobierno talibán de Afganistán en Bruselas para abordar la deportación de ciudadanos afganos que hayan cometido delitos graves y que representen un peligro para la seguridad, un primer encuentro con representantes de este país desde que tomaron el poder en 2021 que ha generado polémica y rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda. La cita contó con la participación de funcionarios de la Comisión Europea y de Suecia, junto a representantes de otros quince Estados miembros, si bien España no formó parte de las delegaciones.
Según dijeron a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores del Gobierno de facto talibán, el eje de las conversaciones fue la posible reanudación de los servicios consulares integrales para los afganos en toda Europa. Las conversaciones también abarcaron medidas de fomento de la confianza, el establecimiento de presencia consular y los mecanismos para facilitar un proceso digno para los afganos retornados.
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A pesar de que el encuentro mantuvo un enorme hermetismo y no se anunciaron acuerdos formales, las partes calificaron las conversaciones como constructivas y manifestaron su esperanza en que este acercamiento facilite un mayor diálogo y la mejora de la atención consular para los afganos residentes en el extranjero. “Las reuniones fueron constructivas y se espera que contribuyan a avances positivos y ayuden a crear las condiciones para salvaguardar los derechos consulares de los afganos residentes en el extranjero”, añadieron las fuentes consultadas por EFE.

La Comisión Europea, asimismo, evitó dar detalles sobre si hubo mujeres en la delegación talibán que ha participado en el encuentro, al ser preguntada por este tema en rueda de prensa. El relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, calificó a mediados de abril como “sumamente preocupantes” los planes de la Comisión de celebrar estas reuniones.
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La UE no reconoce el Gobierno talibán
Cabe recordar que la Unión Europea no reconoce al Gobierno talibán desde que asumió el poder en el país en 2021, tras la salida de las tropas estadounidenses y aliadas, por lo que tanto organizaciones de derechos humanos como formaciones políticas progresistas han criticado este acercamiento, advirtiendo sobre el riesgo que enfrentan los deportados y sobre el precedente de interlocución institucional con autoridades no reconocidas en materia migratoria y de derechos fundamentales.
Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional consideran que los intentos de deportar a personas afganas “contravienen abiertamente los propios criterios de derechos humanos de la UE en su relación con los talibanes”. “Pasan por alto los riesgos reales y bien documentados que correría cualquier persona devuelta al país, así como los motivos que habría tenido esa persona para huir de allí, como el riesgo de persecución, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y represalias bajo el régimen talibán”, ha señalado Eve Geddie, directora de Amnistía Internacional ante las instituciones europeas.
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“El sistema de represión institucionalizada de los talibanes afecta a todos los ámbitos de la vida diaria e incluye gravísimas restricciones de los derechos de las mujeres y las niñas, el uso de la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada, los arrestos arbitrarios y las ejecuciones extrajudiciales. Toda implicación de la UE en deportaciones a Afganistán es irresponsable y peligrosa, y pasa por alto las obligaciones jurídicas de la propia UE, principalmente la de no devolver a ninguna persona a un lugar donde su vida correría peligro", concluye Geddie.
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