Sumar pone al Banco de España contra las cuerdas y amenaza con denunciarlo por ocultar las ganancias de la banca

El enfrentamiento entre Sumar y el Banco de España ha escalado un nuevo peldaño. El portavoz de Economía del grupo parlamentario en el Congreso, Carlos Martín, ha advertido este martes de que llevará a la institución ante la Audiencia Nacional si no cumple la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a facilitar información sobre los beneficios obtenidos por las entidades financieras a través de los depósitos mantenidos en el Banco Central Europeo (BCE).

La advertencia se ha producido durante la comparecencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en la Comisión de Economía del Congreso, donde presentó el informe anual correspondiente a 2025.

La controversia se remonta a una petición de información realizada por Sumar cuando el organismo estaba presidido por Pablo Hernández de Cos. El grupo parlamentario solicitó conocer los ingresos obtenidos por los bancos gracias a las facilidades de depósito del BCE, al considerar que las entidades estaban obteniendo importantes beneficios simplemente por mantener allí sus fondos.

Sumar acusa al Banco de España de incumplir el Supremo

Aunque inicialmente el Banco de España rechazó proporcionar esos datos, el Tribunal Supremo terminó dando la razón a Sumar y obligó a la institución a facilitar la información requerida.

Sin embargo, Carlos Martín denunció que el organismo busca fórmulas para evitar una entrega efectiva de la documentación. Según explicó, el Banco de España pretende que los diputados consulten los datos en una sala habilitada en su sede, en lugar de remitir el documento solicitado.

“Esto no es cumplir la sentencia, es sustituir la entrega que ordena el Supremo por una exhibición tutelada”, afirmó Martín, quien advirtió de que, si la situación no cambia, Sumar iniciará un procedimiento por incumplimiento de sentencia ante la Audiencia Nacional.

Más de 20.000 millones en España

El portavoz económico de Sumar defendió que la información solicitada es fundamental para evaluar el impacto de determinadas políticas monetarias y financieras sobre la economía real.

Además, recordó la magnitud de las cantidades en juego. Según señaló, desde 2023 las facilidades de depósito del BCE han supuesto transferencias por valor de 332.000 millones de euros al conjunto de las entidades financieras de la eurozona.

En el caso de España, Martín cifró en 20.300 millones de euros los beneficios obtenidos por los bancos gracias a este mecanismo, una cantidad que considera de enorme relevancia pública y que justifica la exigencia de máxima transparencia.

Escrivá defiende la confidencialidad de los datos

Durante su intervención inicial, José Luis Escrivá evitó pronunciarse sobre la polémica. Sin embargo, tras la insistencia del diputado de Sumar, el gobernador acabó respondiendo y defendiendo la actuación del Banco de España.

Escrivá aseguró que la institución sí está cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo y que la información solicitada será accesible para los representantes públicos. No obstante, insistió en que debe hacerse bajo estrictos mecanismos de confidencialidad debido a la sensibilidad de los datos empresariales.

Según explicó, el procedimiento diseñado es similar al utilizado en las comisiones parlamentarias cuando se accede a documentación reservada, garantizando así la protección de información que calificó de “absolutamente sensible”.

Un nuevo choque por la transparencia

El gobernador también pidió a los diputados que hagan un uso “responsable” de la capacidad de acceso a información individualizada de las empresas.

“Invitamos a cualquier diputado que quiera conocer esa información a hacerlo. La tendrá disponible, ya sea en una hoja en su despacho o consultándola en el Banco de España bajo condiciones de máxima seguridad”, afirmó Escrivá.

Pese a estas explicaciones, el choque entre ambas partes sigue abierto. Mientras Sumar sostiene que la sentencia exige la entrega directa de los datos, el Banco de España considera que el acceso supervisado cumple plenamente con el mandato judicial. Una discrepancia que podría acabar resolviéndose en los tribunales.