Qué hay detrás del uso de 2.400 millones de fondos europeos en pensiones y por qué ha abierto un choque entre Gobierno y oposición

El Tribunal de Cuentas reveló el pasado mayo que en 2024 que el Gobierno usó cerca de 2.400 millones de euros de fondos europeos que sobraban para pagar algunas pensiones, como las de clases pasivas y los complementos de pensiones mínimas, algo que PP y Vox consideran que es anómalo y no quieren dejar pasar. Es por ello que este martes en el Congreso y el Senado se va a votar la Cuenta General del Estado de ese año. Se trata de un documento que recoge cómo se ejecutaron realmente los gastos e ingresos del sector público durante ese ejercicio y, si prospera este rechazo, sería la primera vez en los últimos años que la Cuenta General del Estado es tumbada en el Parlamento.

El PSOE defendió que no hubo un uso irregular de los recursos y el organismo no emitió una opinión desfavorable sobre las cuentas, pero sí incluyó esa observación, sin detectar nada ilegal. PP y Vox consideran que esas prácticas, junto con la prórroga de los Presupuestos —que ya llevan tres años sin aprobarse—, justifican el rechazo a la Cuenta General y han elaborado un dictamen en el que plantean devolver la declaración al Tribunal de Cuentas y pedir nuevos informes sobre las consecuencias de gobernar con presupuestos prorrogados.

De dónde procedía el dinero

Ese dinero procedía de fondos europeos no utilizados del “servicio 50” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el programa de la UE de ayudas tras la pandemia de covid-19. Según el Tribunal de Cuentas, el Gobierno consideró que esta medida “no comprometía” el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la hoja de ruta con la que España gestiona esas inversiones.

La cuestión, y lo que la oposición quiere destacar, es que el uso de estos casi 2.400 millones de euros para el pago de pensiones se debió a que el Gobierno no presentó unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024, por lo que durante todo el año siguieron en vigor los prorrogados de 2023.

El Tribunal de Cuentas considera que esta actuación se llevó a cabo con una base legal que “debería haber quedado mejor justificada”, dado que hay dudas sobre si en 2024 se podían usar los créditos sobrantes de fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias ajenas a ese servicio.

El informe del organismo, aprobado el pasado 5 de mayo, incluye varias observaciones sobre la gestión presupuestaria de aquel ejercicio. Entre ellas, se detectó la existencia de pagos “pendientes de justificación o aprobación” por 1.627,1 millones de euros que superaron los plazos establecidos o el uso de estos fondos europeos en pensiones.

Además del dictamen de la ponencia con el rechazo a la Cuenta General, la Comisión Mixta también analizará y votará las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios han presentado al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

La posición de los principales partidos y sus propuestas de resolución

En cuanto a las propuestas de resolución planteadas que también se votan este martes, el partido que lidera Santiago Abascal pide devolver el informe al Tribunal de Cuentas alegando varios motivos, como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el uso de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno o los riesgos de estas derivaciones.

Desde el PP solicitan que el organismo fiscalizador realice después en un plazo “improrrogable e inexcusable” de tres meses un informe que detalle las consecuencias que conlleva no tener Presupuestos actualizados.

Por su parte, los socialistas también registraron propuestas de resolución, pero en ninguna piden devolver la declaración al Tribunal de Cuentas ni censurar la falta de Presupuesto. Solo se limita a instar al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para subsanar las salvedades y deficiencias detectadas en el informe, según Europa Press.

En el caso de salir adelante en la votación de este martes, tanto el dictamen de la ponencia con el rechazo a la Cuenta General del Estado como las diferentes propuestas de resolución se elevarían al Pleno del Congreso y del Senado para una votación final.