
La Comunidad de Madrid está licitando un contrato para poder arreglar los principales vehículos que tiene el Cuerpo de Bomberos para combatir los incendios forestales: las Bombas Rurales Pesadas (BRP), que gracias a su tracción 4x4 permiten el acceso a terrenos complicados. Pero la licitación, que comenzó en mayo, se va a retrasar porque una de las empresas interesadas en participar ha presentado un recurso en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública alegando que los pliegos son contrarios “a los principios de igualdad, libre concurrencia, proporcionalidad y transparencia”. En realidad, las BRP son movilizadas a todas las emergencias porque son los vehículos más completos para dar una primera respuesta a cualquier clase de incidencia.
¿Por qué? Porque el contrato se divide en dos lotes: uno para poder mantener las 32 BRP carrocería Rosenbauer y otro para las 13 BPR carrocería Magirus. Y en ambos casos el Gobierno regional, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, exige a los licitadores disponer de varios software imprescindibles para realizar las labores de mantenimiento, el AT2 y ATS para los camiones Rosenbauer, y el Magirus Flexline para los camiones Magirus. El problema es que esos software son propiedad de dos empresas que nos lo venden, lo que “impide o dificulta de manera desproporcionada su participación efectiva, al exigir medios controlados por fabricantes concretos”, señala el recurso presentado por la firma Jotrinsa, un taller especializado en la reparación de vehículos de emergencia.
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El Cuerpo de Bomberos tiene actualmente 32 BRP de la carrocería Rosenbauer, 20 en régimen de propiedad y 12 en alquiler. Estas últimas serán reemplazadas en el año 2027 por otras que formarán parte del parque de vehículos oficial. Por su lado, las 13 BRP de la carrocería Magirus empezarán a prestar servicio en diciembre de 2026. La Comunidad licita este contrato porque muchas de estas BRP son de última generación: “cuentan con sistemas de electroneumática que interaccionan con las distintas centralitas del fabricante del chasis, fabricante del cambio automático y carrocero. Eso supone que la resolución de los problemas de electrónica conlleva la puesta en juego de estos tres agentes que interaccionan continua y simultáneamente en cualquier acción del vehículo”, señala la memoria justificativa del contrato, valorado en 2,9 millones de euros.

Para estos trabajos de mantenimiento hace falta disponer de programas informáticos de diagnosis correspondientes a los modelos de vehículos: Rosenbauer AT2 y AT3 para el lote 1 y Magirus Flexline para el lote 2. Las empresas que quieran licitar deben acreditar la disponibilidad de estos software “mediante factura de compra o alquiler de licencia y una declaración responsable en la que la empresa indique expresamente que, a fecha actual, sigue disponiendo del software”. Para Jotrinsa, esta exigencia “no está formulada en términos funcionales. No se exige simplemente capacidad de diagnóstico, lectura de averías, soporte técnico o acceso a herramientas equivalentes”.
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Es decir, “se exige disponer de softwares propietarios de fabricantes concretos. Ello convierte el requisito en una barrera de entrada al procedimiento, porque el acceso a dichos softwares no depende de la solvencia técnica del licitador, sino de la política comercial, autorización o condiciones impuestas por los fabricantes o servicios oficiales”. El recurso presentado por Jotrinsa incluye la correspondencia oficial mantenida con Talleres Sercoin SL, servicio vinculado a Magirus, para preguntar expresamente si su equipo de diagnosis Magirus se encontraba a la venta o era solo para uso interno. La respuesta fue clara: “Es estrictamente personal para el servicio oficial.” Para Jotrinsa, “no estamos ante una simple dificultad comercial. Estamos ante una imposibilidad material de acceder a un medio técnico que el pliego exige como requisito de participación”.
Un viaje a Austria
Rosenbauer Española SA, por su parte, contestó a Jotrinsa que podían facilitarle el acceso al software del que es propietario, pero exige la compra obligatoria de una interfaz de hardware, el pago de una licencia anual y una formación oficial previa obligatoria en las instalaciones de Rosenbauer en Austria, un viaje que corre a cargo del comprador. “Estas condiciones impiden que el acceso al software Rosenbauer pueda considerarse ordinario, inmediato, proporcionado o disponible en igualdad para cualquier licitador dentro del plazo de presentación de ofertas”, afirman desde Jotrinsa. La consecuencia queda clara: solo podrán licitar a estos contratos las dos empresas propietarias de los software.
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Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, de la que depende el Cuerpo de Bomberos, asegura que “no hay nada raro” en este contrato. “Lo que se ha hecho es pedir que las empresas que opten al mantenimiento de los vehículos tengan servicio de diagnosis, ya que gran parte de la flota que tenemos son vehículos modernos y con un rápido análisis permite detectar la avería. Las empresas que concurran deben disponer de este servicio, si no lo tienen, tendrán que incorporarlo”, explica el mismo portavoz.
Desde Jotrinsa, que es adjudicatario habitual de contratos públicos de mantenimiento de la Comunidad de Madrid, explican que licitar un contrato con estas exigencias produce un “efecto restrictivo claro: exige softwares propietarios de fabricantes concretos que no están disponibles en condiciones abiertas, ordinarias y no discriminatorias para cualquier operador”. La licitación no selecciona así “al empresario técnicamente más solvente, sino al operador que previamente dispone de una relación privilegiada con Rosenbauer o Magirus. Exige un software concreto identificado por fabricante y modelo, lo que transforma la prescripción técnica en una condición de acceso dependiente del fabricante.” El recurso presentado pide la nulidad de esta cláusula del pliego de condiciones.
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