El coste para el casero de un inquilino moroso: hasta 13.000 euros de pérdidas y 11 meses para recuperar la vivienda

El temor a sufrir un impago por parte de los inquilinos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los propietarios. Esta incertidumbre lleva a muchos de ellos a mantener sus viviendas vacías antes que asumir el riesgo de una morosidad prolongada, una situación que reduce la oferta disponible y contribuye a tensionar aún más los precios del alquiler. No en vano, el tiempo medio necesario para recuperar una vivienda tras un impago alcanza ya los 11 meses en España, según datos de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (Seag).

La situación puede agravarse significativamente en los procedimientos más complejos. En algunos casos, el plazo entre el primer incumplimiento del pago y la recuperación efectiva de la vivienda supera los dos años.

Esta realidad está provocando cambios en el comportamiento de los arrendadores, como la ya mencionada retirada de los inmuebles del mercado residencial ante el temor de enfrentarse a largos procesos judiciales, a lo que se suma un endurecimiento de las condiciones de acceso al alquiler.

Inseguridad jurídica

En este escenario, la inseguridad jurídica se ha consolidado como una de las principales preocupaciones del mercado del alquiler. Más del 70% de los propietarios considera que la morosidad y la dificultad para recuperar la vivienda constituyen el principal riesgo asociado al arrendamiento. Tanto es así que la incertidumbre sobre los plazos judiciales ha alcanzado un peso similar al de la rentabilidad obtenida por el alquiler, especialmente entre los pequeños propietarios, señalan desde Seag.

A ello se suma el impacto económico que supone un procedimiento de impago. Cuando el inquilino deja de pagar completamente la renta, las pérdidas pueden dispararse. Las rentas impagadas representan entre el 70% y el 80% del coste total asumido por el propietario. Tomando como referencia una renta mensual de 700 euros y la duración media de los procedimientos, las pérdidas pueden situarse entre 8.000 y 13.000 euros, calculan desde Seag.

A estos importes se suman los gastos legales derivados del proceso de desahucio, que suelen oscilar entre 800 y 1.500 euros, así como los posibles daños ocasionados en la vivienda, cuyo coste de reparación puede alcanzar los 3.000 euros.

Desahucios

Datos del Consejo General del Poder Judicial indican que durante 2025 se ejecutaron 25.540 lanzamientos en España, de los cuales 18.317 estuvieron relacionados con procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que representa más del 71% del total. Cataluña lideró el número de desahucios, con 6.814 lanzamientos, seguida de Andalucía, con 3.782; la Comunidad Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267.

Ante estas cifras, Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de Seag, indica que “la suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede prolongar durante meses la recuperación de una vivienda, generando una inseguridad jurídica que acaba reduciendo la oferta de alquiler”.

Incide en que desde un punto de vista jurídico, la suspensión de lanzamiento opera como una medida cautelar de carácter excepcional, condicionada a la acreditación de vulnerabilidad en sede judicial. En su opinión, “la falta de plazos homogéneos y de recursos efectivos para el realojo introduce una dilación que desnaturaliza el carácter temporal de la medida y traslada la carga del sistema al arrendador”.

España necesitará 1,2 millones de viviendas en renta asequible hasta 2030

La consecuencia directa es una reducción de la oferta disponible en un contexto en que se necesita incorporar viviendas al mercado para absorber la demanda existente, y en el que muchos propietarios mantienen inmuebles vacíos o buscan alternativas al alquiler residencial tradicional.

En concreto, España necesita promover 1,2 millones de viviendas en alquiler asequible hasta 2030, pero la incapacidad de aumentar el ritmo de construcción y la progresiva retirada de viviendas en renta debido a los cambios legales y a la “falta de seguridad jurídica” hace que conseguir este objetivo se convierta en una misión casi imposible, según se desprende del informe Mercado inmobiliario en España, elaborado por OBS Business School.

El estudio recoge que a un plazo de 10 años, Cataluña requiere la construcción de 225.000 viviendas para alquiler asequible, con un coste de 1.010 millones de euros. Le sigue la Comunidad de Madrid con 174.000 nuevos pisos para los que se requiere una inversión pública de 5.418 millones de euros.

Por su parte, Andalucía precisa 85.000 nuevos inmuebles, con una inversión de 4.529 millones; la Comunidad Valenciana, 85.000 y una inversión de 3.245 millones, y Canarias, 46.000 viviendas y una dotación de 2.486 millones.