La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto un expediente disciplinario al capitán Juan Sánchez Yepes, antiguo miembro de la Unidad Central Operativa (UCO), y ha acordado su suspensión cautelar de funciones. La decisión se ha producido después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le situara en una de las piezas centrales de la investigación abierta en torno al denominado ‘caso Leire Díez’.
La medida supone un importante paso dentro de un asunto que, en las últimas semanas, ha ido ampliando su alcance más allá de la figura de la exmilitante socialista para adentrarse en una presunta red de contactos y maniobras dirigidas, según sospecha el magistrado, a desacreditar a la UCO, recopilar información sensible sobre sus mandos e impulsar denuncias contra la unidad encargada de algunas de las investigaciones más delicadas de los últimos años.
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Hasta ahora, Sánchez Yepes ejercía como profesor de materias relacionadas con asuntos internacionales y derechos humanos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). Sin embargo, su nombre ya aparecía vinculado a otra investigación judicial relacionada con un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. Es precisamente en el contexto de esa causa donde, según la investigación, se habrían producido los primeros contactos que posteriormente acabarían conectándole con la trama que ahora examina la Audiencia Nacional.
El papel que atribuye el juez al exmiembro de la UCO
El auto dictado por Santiago Pedraz sitúa a Sánchez Yepes en una posición especialmente relevante dentro de los hechos investigados. La sospecha del magistrado es que el capitán, aprovechando su conocimiento interno de la UCO y de algunos de sus responsables, habría colaborado en una estrategia orientada a sembrar dudas sobre la actuación de la unidad y a promover sospechas tanto en el ámbito judicial como dentro de la propia estructura de la Guardia Civil.
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Según recoge la resolución, uno de los objetivos de esa actuación habría sido alimentar la idea de una supuesta “UCO patriótica”, una etiqueta que el juez describe como “despectiva y contaminante”. La investigación sostiene que los implicados habrían impulsado denuncias ante la Fiscalía General del Estado y trasladado sospechas sobre la actuación de la unidad hasta la propia Dirección General de la Guardia Civil.
De hecho, el magistrado señala que esas iniciativas terminaron provocando la apertura de varios expedientes internos de información reservada para analizar posibles irregularidades en el funcionamiento de la UCO.
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La relevancia de Sánchez Yepes en esta línea de investigación radica en que, según el juez, habría aportado información obtenida durante su etapa en la unidad, facilitando datos y comentarios sobre mandos y actuaciones internas que posteriormente podrían haberse utilizado para construir ese relato de descrédito.
Una reunión clave grabada por los investigadores
Uno de los episodios más significativos recogidos en el auto se remonta a diciembre de 2024. Según la investigación, el abogado Jacobo Teijelo, que representaba a Sánchez Yepes en la causa de los hidrocarburos, organizó una reunión en la que presentó al capitán a Leire Díez.
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En aquel encuentro también participó el empresario Javier Pérez Dolset. La conversación fue grabada y forma parte de la documentación incorporada a las diligencias judiciales.
Durante esa reunión, según el magistrado, Sánchez Yepes proporcionó información relativa al teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, plenamente consciente de que se trataba de datos reservados.
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El propio auto reproduce una de las expresiones pronunciadas por el capitán durante la conversación. En ella advertía de que, si aquella información acababa publicándose, podrían identificarle fácilmente como la fuente de la filtración. Para el juez, esa manifestación resulta especialmente relevante porque evidenciaría que era consciente del carácter confidencial de los datos que estaba compartiendo.
La investigación considera que este episodio constituye uno de los indicios más sólidos de la presunta colaboración del capitán con las personas que intentaban obtener información sobre la UCO y sus responsables.
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