
Una vez más, los madrileños han salido a las calles para protestar contra la “crisis de vivienda sin precedentes” que vive la ciudad. Bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios’, a las 12 de la mañana, miles de manifestantes organizados por el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid se han desplazado de Atocha hasta Sevilla: “La lucha sirve, con la desobediencia civil y la organización conseguimos acabar con el negocio de la vivienda que nos asfixia”, expresaba la organización en su cuenta de X.
Todos los asistentes tienen historias parecidas que reflejan un problema que sufre todo el país, pero especialmente las grandes ciudades. Concha vive en Chamberí y destaca que el problema de la vivienda en Madrid va mucho más allá del precio del alquiler: “El plan Reside, que ha puesto Almeida, hace que para poner pisos turísticos vacíen edificios completos, pues allí vivía mucha gente de toda la vida en edificios que eran de alquiler de arriba a abajo, y ahora están sacando a los vecinos tradicionales de todo el edificio”, afirma.
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En las zonas de Ponzano y Olavide, donde ella vive, asegura que es inevitable ver “todo lleno de turistas, y los vecinos están cada día más marginados”. Algo que se puede ver también con los pequeños locales y las tiendas: “Nos están robando el barrio”. El problema, insiste, no es solo de los jóvenes; “también hay mucha gente mayor que lleva toda la vida viviendo de alquiler y ahora les van desplazando”.

Apenas un mes después de que el Congreso de los Diputados derogase el Real Decreto-ley 8/2026 —que permitía extender dos años los contratos de alquiler que finalizaran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, y fijaba un tope del 2 % para las actualizaciones anuales de la renta—, los ciudadanos vuelven a salir a las calles para luchar contra “los contratos basura y los abusos de los caseros” que hacen que la vivienda sea “una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de nuestras vidas”.
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Según lo publicado en el BOE, el decreto fue rechazado por el PP, Vox, Junts, UPN y CC y la abstención de PNV “en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán”. Esta medida afectará a unos 2,7 millones de inquilinos, la mayoría concentrados entre Madrid, Cataluña y Andalucía.
La lucha sirve, con la desobediencia civil y la organización conseguimos acabar con el negocio de la vivienda que nos asfixia.
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) May 22, 2026
Este domingo 24 continuaremos la lucha a las 12h en Atocha en la manifestación. Esto es lo que tenéis que saber ⬇️ pic.twitter.com/C4LdlIGJOk
Otro de los asistentes a la manifestación es Hugo: tiene 28 años y lleva casi 10 independizado. Ahora tiene una situación complicada, cuenta, porque en septiembre se le acaba el contrato de alquiler después de cinco años viviendo en un piso de 20 m² con su pareja. Pese a llevar más de dos años en las listas de espera para obtener la ayuda para acceder a la vivienda, “lo renuevo todos los meses y no pasa nada”. Incluso “he mirado casas en Guadalajara y Segovia, pero da igual porque ya no es solo un problema en Madrid, sino en toda España”.
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De hecho, se fijó en una casa en Badajoz “y es una locura”. Y es que ahora mismo “vale lo que valía un piso en Fuenlabrada hace ocho años. No tiene sentido”. Hugo es informático y, aunque decida desplazarse hasta Badajoz, “tampoco voy a encontrar trabajo y voy a estar incluso peor”.

La capital ha visto cómo sus alquileres subían un 50% en solo cinco años. Ahora, con un coste medio de 1.500 euros al mes, muchos inquilinos deben destinar más del 70% de su salario para pagar el alquiler. “Trabajamos la mayoría de los días para el casero”, expresa el sindicato. Aun así, la organización subraya que “la solución pasa por apoyarnos entre vecinas y vecinos y defender nuestras casas”.
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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.
La situación también es “desmoralizante” para los que vienen de fuera de Madrid. Ana, de 25 años, vive sola en un piso en la capital. Paga 800 euros al mes. “Me vine aquí a estudiar y ahora estoy trabajando aquí”, afirma para Infobae. “Conseguí un buen piso por hablando con gente, pero si te pones a mirar Idealista, un zulo de 40 metros cuadrados no baja de 1.300 euros”.
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