Los 63 Ayuntamientos que quieren dinero por tener presos: “Es un agravio comparativo que un vecino pague su IBI y una prisión esté exenta”

“Es un agravio comparativo. Así de sencillo. ¿Por qué un vecino paga su IBI y un centro penitenciario está exento?”, se pregunta Francisco Javier Caínzos, alcalde del concello de Curtis, en A Coruña. La duda no es baladí. Dentro de su término municipal está ubicado el centro penitenciario de Teixeiro. La ley establece qué tipo de bienes inmuebles están exentos de pagar este impuesto que va a parar a las arcas locales. Todos aquellos que estén directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y los servicios educativos. Y en ese grupo, obviamente, entran los centros penitenciarios.

Para Ana Vázquez, diputada nacional del PP, “esto supone una merma importante para los ingresos de estos municipios”. En concreto, hay 63 en toda España. Cinco alcaldes gallegos, que rigen los concellos de Curtis, Outeiro de Rei, A Lama, Monterroso y Pereiro de Aguiar, se han unido para intentar que todos tengan una especie de compensación económica por albergar una prisión. Vázquez presentó una PNL para que el Estado se rasque el bolsillo y ayude a estas localidades, que prestan servicios a los centros penitenciarios, pero no reciben nada a cambio.

Luis Menor es el regidor de Pereiro de Aguiar (6.700 vecinos), en Orense. “Aquí está la prisión de Pereiro. Ahora mismo están haciendo obras para mejorar la climatización del centro por valor de unos seis millones. No pagan el impuesto de construcciones, el ICIO, que es un 2%. Perdemos 120.000 euros de ingresos. En un presupuesto como el nuestro, que es de ocho millones anuales, pues perder 120.000 euros conlleva prestar menos servicios a nuestros vecinos”.

La diputada Vázquez, gallega, hace una radiografía de la situación para que el resto de los ciudadanos la entiendan. “Estos ayuntamientos, aparte de no recibir el IBI, tienen que abastecer gratis el agua potable al centro penitenciario; encargarse del mantenimiento de la red viaria, es decir, todas las carreteras que llegan hasta las prisiones; encargarse de la recogida de basuras, también gratis; y de los servicios sociales. En algunos municipios, el centro de la mujer de los ayuntamientos se acerca hasta las prisiones a ayudar; y el saneamiento, que es tan caro, también se hace gratis. Todos estos son servicios que están prestando los Ayuntamientos sin ningún tipo de compensación”. Una salida, planteada por los municipios, es que la población reclusa se sume a la población empadronada del concello, lo que mejoraría sus ingresos a la hora de distribuir los fondos de cooperación local.

Compensación por preso

“Nosotros somos 4.443 vecinos en Curtis. Y la media del año 2025 ha sido de 934 reclusos en Teixeiro. Sumarlos como población ya sería un ingreso para nosotros”, explica Francisco Javier Caínzos. En A Lama (Pontevedra) hay 2.500 vecinos y 1.017 internos en la prisión del mismo nombre. Otra opción para compensar a estos municipios por no poder cobrar los impuestos locales de las cárceles es establecer un sistema de compensación parecido al que ya hace Cataluña, que tiene las transferencias transferidas desde el año 2015. En el caso de la Generalitat, aprobó un decreto para que sus centros penitenciarios pagasen el IBI y luego les da una compensación por el número de reclusos. “Una compensación que ascendió a 3,1 millones de euros en 2024″, aclara Ana Vázquez.

En Galicia, la Xunta ya ha empezado a compensar a estos ayuntamientos porque están prestando una serie de servicios de carácter gratuito para una población reclusa. Esta compensación se estableció en 3.150 euros por centro penitenciario y 55,18 euros por recluso. “Nosotros recibimos 52.796 euros. Ten en cuenta que la prisión de Teixeiro dejaría un IBI de 500.000 euros que ahora no paga”, asegura el alcalde de Curtis. “Tenemos seis millones de euros en presupuesto, medio millón marca la diferencia”.

El grupo parlamentario de Sumar no ha apoyado la PNL que presentó el PP. ¿Por qué? “No sé si el PP pretende también que los hospitales o colegios públicos paguen el IBI a los ayuntamientos. Porque son un coste también, o si solo les molesta lo que tiene que ver con las personas privadas de libertad, porque si hay algo llamativo en la PNL es que en ningún momento se menciona ni la función social que tienen los centros penitenciarios, y ni una palabra sobre reinserción y la necesidad de esta o sobre la dignidad de las personas presas”, señala el diputado Lander Martínez. “Nosotros entendemos que los servicios públicos no se indemnizan, se garantizan”.

Para el PSOE, “la exención del IBI a los inmuebles del Estado no es nueva, está en la ley desde hace décadas. No la inventó este Gobierno, ni el anterior, ni el de Zapatero, es una norma estructural del sistema fiscal local. Y no genera derecho a compensación automática, porque no hay un nuevo beneficio fiscal, ni una reducción de los ingresos de los ayuntamientos, sino una exención histórica perfectamente justificada”.

El PP ha conseguido aprobar la PNL en el Congreso de los Diputados. Los alcaldes gallegos aseguran que se han reunido con el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y que su voluntad es positiva, pero “de momento no hay respuesta”. “Esperamos que estas compensaciones sean una realidad en 2026″, aseguran los regidores gallegos.