Los profesores de la concertada se suman a la marea de protestas: los sindicatos anuncian una campaña estatal ante “la falta de avances” con el Ministerio de Educación

La marea de protestas en el mundo de la enseñanza se expande. El la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) ha puesto en marcha una campaña estatal de movilizaciones en respuesta a la “falta de avances efectivos” del Ministerio de Educación ante las demandas de la enseñanza concertada financiada con fondos públicos. El anuncio llega en medio de las negociaciones del VII convenio de enseñanza concertada, que afecta a un millón de docentes. Los profesores de la concertada quieren el sueldo y los derechos que tienen los de la pública, pero la batalla no está resultando sencilla.

FSIE ha comunicado que, pese al respaldo institucional del Consejo Escolar del Estado, obtenido a través de la aprobación unánime en Pleno de la extensión de su petición al dictamen del Proyecto de Ley, el profesorado de la red concertada sigue excluido de la reducción de la carga lectiva que actualmente se tramita. El Gobierno ha prometido que la jornada lectiva semanal del profesorado de los centros públicos pase a ser de 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en el resto de enseñanzas. Los docentes de la concertada se quedan fuera.

Con todo ello, la organización sindical subraya que esta demanda ha sido transmitida tanto al Ministerio como a los grupos parlamentarios, y reiteran que la falta de avances por parte de la administración afecta negativamente a miles de trabajadores y familias vinculadas al sector.

“Mismo servicio público, mismas condiciones”

Desde la organización han detallado que las protestas tendrán lugar cada viernes, desde el 29 de mayo y hasta el 19 de junio, frente a la sede del Ministerio, así como ante Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. El movimiento, de alcance nacional, utiliza el lema “Mismo servicio público, mismas condiciones” para visibilizar sus reivindicaciones.

Entre las exigencias planteadas por FSIE se encuentran la convocatoria urgente de la Mesa de la Enseñanza Concertada, la puesta en marcha de grupos de trabajo destinados a calcular el coste real de mantener una plaza escolar y la necesidad de asegurar una financiación suficiente para que existan condiciones laborales dignas y se logre una igualdad efectiva en todo el sistema educativo financiado con recursos públicos. La organización ha asegurado en su comunicado de prensa que la ausencia de acciones concretas por parte del Ministerio “sigue sin concretar avances efectivos sobre cuestiones que FSIE considera fundamentales para el futuro del sector”.

Qué reivindica FSIE y cómo afecta al profesorado de la concertada

El secretario general de FSIE, Enrique Ríos, ha recalcado la contradicción entre el discurso oficial y la exclusión de la enseñanza concertada de las mejoras que sí se aplican a otros colectivos dentro del sistema educativo. Ríos ha manifestado que “resulta difícil entender que se siga apelando constantemente a la igualdad de oportunidades mientras se mantiene excluida a una parte esencial del servicio público educativo de mejoras básicas que sí se aplican en otros ámbitos del sistema”, según declaraciones recogidas en la nota difundida por FSIE.

El sindicato ha advertido sobre los efectos de la infrafinanciación persistente en su sector. Según FSIE, esta situación perjudica principalmente al personal de administración y servicios (PAS), afecta a la gestión y organización de los centros y repercute negativamente en la calidad de la educación ofrecida. Enrique Ríos ha añadido que “sin financiación suficiente no es posible garantizar ni condiciones laborales dignas ni una verdadera igualdad de oportunidades para las familias que eligen la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos”.

FSIE sostiene que resulta incoherente que las administraciones y los responsables políticos apelen de forma recurrente a la calidad y la equidad educativa, cuando, según indica el sindicato, estas no se ven garantizadas en las condiciones reales del sector concertado. La organización ha rememorado que la Ley Orgánica de Educación reconoce expresamente el papel de los centros concertados sostenidos con fondos públicos como parte del servicio público educativo, lo que, en su opinión, hace aún más injustificable que miles de empleados y familias permanezcan excluidos de las mejoras aplicadas a otros ámbitos educativos financiados con fondos públicos.