España es uno los países europeos con más barreras de acceso al transporte público: solo el 12% lo utiliza a diario y el 10% depende de coche propio

El 61% de la población en España no utiliza el transporte público o lo hace menos de una vez al mes, mientras que solo el 12% lo emplea a diario, según un nuevo estudio de Greenpeace. El informe Movilidad en precario: radiografía de la pobreza en el transporte en Europa destaca que un 10,2% de la ciudadanía española, cerca de cinco millones de personas, no puede acceder al transporte público porque no existe en su zona, la frecuencia es insuficiente o los horarios no se ajustan a sus necesidades, cuando la media europea es del 15,2%.

El estudio define la pobreza en el transporte como la situación en la que una persona o un hogar no puede alcanzar los niveles de movilidad socialmente necesarios y, a partir de esta premisa, analiza 11 indicadores clave en 33 países europeos para identificar las principales barreras de acceso al sistema público, además de presentar una serie de recomendaciones orientadas a lograr una movilidad más inclusiva y sostenible.

Así, el informe revela una fuerte desigualdad en el acceso al transporte público en Europa: en nueve de cada diez países, más de la mitad de la población no lo utiliza de forma regular. En ese sentido, España destaca por su situación especialmente desfavorable, ya que desplazarse en transporte público sigue siendo un privilegio para quienes tienen menos recursos. El 13,9% de los hogares españoles con ingresos bajos o medios dedica al transporte una parte de su presupuesto que duplica la mediana nacional, y el 15,2% de este grupo gasta más del 6% de sus ingresos totales en movilidad.

Dependencia del coche

Otro dato que Greenpeace subraya como preocupante es que el 10,3% de la población en España depende de un vehículo privado por no contar con alternativas de transporte público, casi el doble de la media europea, situada en el 6,4%. Solo Grecia presenta un porcentaje más alto. Además, entre 2018 y 2024, este indicador creció en España en 1,1 puntos porcentuales.

“Hay personas que renuncian a bienes y servicios básicos para poder pagarse un coche porque no tienen una garantía de transporte público adecuado para poder cubrir sus necesidades de movilidad cotidiana, como ir al trabajo o llevar a sus familiares al médico. Esto es una trampa para el bolsillo y para el clima”, afirma Cristina Arjona Molina, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace.

En España, cerca de 2,2 millones de personas, el 9,8% de la población activa, invierte más de una hora en llegar a su trabajo. Esta proporción supera la media europea, que se sitúa en el 8,1%, lo que refleja una desconexión entre las áreas residenciales y los centros de empleo, “agravada por una planificación urbanística deficiente y las dificultades de acceso a la vivienda”, indica el informe.

La brecha de acceso al transporte público es especialmente marcada en las zonas rurales, donde afecta al 26,9% de la población, ocho veces más que en las ciudades. Por otro lado, unas 500.000 personas, el 0,9% de la población, no pueden utilizar el transporte público por barreras de accesibilidad o por preocupaciones de seguridad, un dato mejor que la media europea. España también presenta mejores resultados que la media europea en cuanto a adecuación y seguridad del transporte público.

Todos los países de la Unión Europea analizados en el estudio enfrentan importantes desafíos relacionados con la pobreza en el transporte, especialmente en el contexto actual de crisis energética e inflación derivada de la guerra en Irán. En cerca del 90% de los países europeos, más de la mitad de la población no utiliza el transporte público de forma regular, y las principales barreras identificadas son la falta de disponibilidad, la asequibilidad limitada, problemas de accesibilidad y servicios poco adecuados.