
El mercado inmobiliario sigue sin dar tregua en España. Mientras la oferta de vivienda disponible disminuye, los precios del alquiler han alcanzado máximos históricos, situándose en una media de 14,7 euros por metro cuadrado. La situación es especialmente complicada para las familias monomarentales, ya que propietarios y agencias suelen exigirles más garantías, como avales adicionales o un mayor tiempo de fianza, e incluso rechazan su solicitud únicamente por su condición de madres solas con hijos. Verónica Gisbert, profesora en la Universidad de Valencia, y Estefanía Rivera, que llegó desde Ecuador a Barcelona hace una década, han compartido con Infobae las dificultades que han vivido intentando encontrar un hogar estable.
En el caso de Verónica, a pesar de tener contrato indefinido en la Universidad y un salario que considera “digno”, no ha podido acceder al mercado inmobiliario para alquilar un piso junto a su hija. “Mi perfil aporta estabilidad y soy consciente de mi situación de privilegio por mi profesión, pero esto tampoco sirve. Las inmobiliarias ni siquiera me muestran pisos, porque al haber un solo ingreso, soy una persona de riesgo para el algoritmo. Es una situación frustrante”, cuenta esta mujer, separada desde hace varios años. A pesar de que ha intentado ofrecer avales, la respuesta de las agencias siempre es la misma: “Estás sola, tienes una hija y yo tengo que dar seguridad a mi cliente”, sostiene.
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A esta dificultad se suma que la presencia de menores en la vivienda suele ser considerado como un factor de riesgo por muchos propietarios. Temen que, en caso de impago, el proceso de desalojo se complique, por lo que tienden a priorizar perfiles que perciben como menos problemáticos ante un eventual conflicto legal.
Recurrir a redes de amigos
Tras las negativas recibidas, a Verónica no le ha quedado más remedio que apoyarse en su red de amigos y conocidos para encontrar un piso en alquiler y, aún así, ha tenido que mudarse tres veces en los tres últimos años. De hecho, el piso donde reside actualmente con su hija lo consiguió gracias a la recomendación de una amiga que dejaba la vivienda y el propietario, según explica, “valoró la estabilidad que podía ofrecerle”. No obstante, ahora paga 300 euros más que su amiga, un total de 1.000 euros mensuales por un piso de dos habitaciones. Esta vez espera poder permanecer allí los cinco años que establece el contrato y evitar así nuevas mudanzas.
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Como en su caso, en España hay más de 1,9 millones de familias monoparentales y, de ellas, el 81% están encabezadas por mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de las madres al frente de estos hogares son separadas o divorciadas, aunque también hay un porcentaje significativo de mujeres viudas y solteras.
Los datos del INE también indican que el 54% de las familias monoparentales se encuentra en riesgo de pobreza, una proporción que duplica la de los hogares biparentales y que afecta principalmente a mujeres. Detrás de estos datos están las dificultades para acceder al mercado laboral, la temporalidad o la precariedad de sus trabajos, así como el desempleo.
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Verónica reconoce que le habría gustado quedarse en Benimaclet, el barrio universitario de Valencia donde vivía hasta hace poco, pero “es imposible” ante la subida imparable de precios. “No quería irme de esa zona, pero ya he hecho el duelo. Los pisos están sobre los 1.400 euros y yo no cobro 4.000 euros como para poder afrontar esa cantidad. Se supone que no deberíamos destinar más de 30% de nuestro salario al alquiler, pero eso aquí ya es imposible”.
La docente asegura que ya hay muchos alumnos universitarios que se han visto obligados a dejar sus estudios al no poder asumir el alquiler de las habitaciones: “Me parece muy cruel, es una situación horrible”, resume.
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“Me estoy volviendo loca buscando”
En el caso de Estefanía Rivera, migrante ecuatoriana que llegó a Barcelona hace una década y madre de un niño de poco más de un año, enfrenta aún más obstáculos para encontrar una vivienda digna. Es más, también está encontrando muchos problemas para alquilar en pisos compartidos.
Antes de que naciera su hijo, alquilaba una habitación. Sin embargo, después del parto, la propietaria le pidió que dejara la vivienda: “Primero me dijo que no había problema, pero después cambió de opinión y me pidió que buscara otro lugar por su comodidad”, relata a este periódico.
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Sin alternativas, Estefanía se instaló temporalmente en casa de una amiga, aunque solo podía quedarse durante unos meses. Desde entonces, su búsqueda de un piso ha ido de mal en peor: aunque ha contactado con la Agència de l’Habitatge de Catalunya y visitado varios pisos, las inmobiliarias siempre eligen a otros perfiles. “Me piden hasta cartas de presentación, pero sola es imposible”, asegura, y además actualmente está desempleada.
Ni siquiera el apoyo de una amiga médica, con un salario superior al promedio y contrato indefinido, ha logrado cambiar su situación. Primero se ofreció como aval, sin éxito, y después le propuso figurar como titular del contrato, pero de momento las respuestas de las inmobiliarias siguen siendo negativas. Mientras continúa buscando un techo, Estefanía vive ahora en una fundación para madres.
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“Hay mucha gente buscando lo mismo y nadie quiere compartir con alguien que tiene un niño pequeño. Llevo casi dos años buscando y me estoy volviendo loca. Me asusta pensar que podría terminar viviendo en una habitación con mi hijo durante años, como le pasa a otras muchas familias”, dice angustiada. Estefanía reconoce que a veces se plantea la posibilidad de regresar a Ecuador, pero la crisis que enfrenta el país desde hace años, caracterizada por la violencia del crimen organizado, la fragilidad de las instituciones y la corrupción, la llevan a descartar esa opción. De momento, sigue buscando un lugar en el que poder instalarse de forma estable.
Ante situaciones como la de Estefanía y la de Verónica, desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) insisten en la necesidad de que la legislación reconozca a las familias monomarentales de forma específica. Consideran que este paso es fundamental para abordar las situaciones de discriminación que las afectan, adaptar las políticas públicas a sus necesidades reales y garantizar igualdad de derechos y oportunidades para sus hijos e hijas.
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