La reforma constitucional del aborto supera la primera prueba en el Congreso, pese al rechazo de PP y Vox

La reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna ha pasado este jueves su primera prueba en el Congreso de los Diputados. Con 171 votos a favor y 177 en contra, la Cámara Baja ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, por lo que el proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de abril el proyecto de reforma de la Constitución con el que pretendía incluir en el texto el derecho al aborto. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este jueves la iniciativa como “imprescindible para garantizar la libertad a la interrupción voluntaria del embarazo de una manera real y efectiva en todo el territorio”. Aunque la ministra socialista considera que “la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad no está en riesgo” en el país, el acceso al aborto no es equitativo en toda la nación y todavía hoy existen mujeres que se ven obligadas a cruzar las fronteras para poder ejercer este derecho.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, tan solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en la sanidad pública, lo que genera que haya “mujeres de primera y de segunda”, según puedan acceder a la atención privada.

Una “patada” al derecho al aborto

El proyecto gubernamental, sin embargo, no supone reconocer el aborto como un derecho fundamental, sino como un principio rector. El aborto se incluiría en el artículo 43.4, con un nuevo punto que inste a los poderes públicos a garantizar “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”. Expertos consultados por Infobae han considerado que, de incluirse en la Carta Magna, el aborto no quedaría protegido, pues no impediría su derogación en el futuro.

Así lo señalaba también la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, que acusaba al Gobierno de elegir esta forma de reforma por ser más rápida y sencilla de tramitar. De intentar incluir el aborto en el artículo 15, sobre el derecho fundamental a la vida, habría supuesto la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. Los populares consideran que la reforma constitucional propuesta “supone un fraude constitucional”.

La diputada del PP Silvia Franco González ha recriminado al Gobierno que no vaya a reconocer el aborto como un derecho fundamental y, en cambio, cojan un “atajo” que les permite aprobar la reforma con “unas mayorías menos cualificadas y, por supuesto, la no disolución de las Cortes”.

“Su reforma le da al derecho al aborto una patada hasta el artículo 43″, ha considerado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Su partido defiende “que el aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no así” y ha recordado que el Tribunal Constitucional ya reconoce al aborto como un derecho fundamental. En su opinión, este cambio “implica rebajar su nivel político y de protección jurídica y hacerlo más vulnerable a los recortes de la derecha y de la extrema derecha.

Pese a las críticas, la reforma constitucional ha pasado su primera prueba en el Congreso. El texto continuará su tramitación y requerirá de una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado, unos apoyos difíciles de conseguir en ambas cámaras.