El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

2.000 millones de euros. Esa es la estimación, realizada a finales de 2025, de la deuda que acumula el Estado español tras los recortes en las primas a las renovables realizados en 2013 y que deja a día de hoy más de 28 condenas firmes contra España en distintos tribunales internacionales. Una deuda -millonaria- a la que se suman posibles embargos en el extranjero, como edificios del Instituto Cervantes o el presupuesto de la Selección Española de Fútbol para el Mundial 2026.

La historia es larga, pero tiene su punto de partida en 2007, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El 25 de mayo de aquel mismo año, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto 661/2007, que establecía retribuciones (primas) para favorecer la rentabilidad de las renovables e impulsar así su expansión. Bajo ciertas condiciones, las primas garantizaban una rentabilidad en torno al 7%, lo que atrajo a muchos inversores nacionales e internacionales, querellantes en la actualidad.

El objetivo del Gobierno era instalar 400 megavatios de energía renovable para el 2010 -en tres años-. Gracias a las primas, en solo tres meses se alcanzó el 85% del objetivo. En el primer año se sobrepasaron los 1.000 megavatios y, entre 2007 y 2012, se instalaron en España 19.000 megavatios de renovables. En 2010, con las consecuencias de la crisis del 2008 y el déficit del sector eléctrico, el Gobierno realizó recortes en las primas para compensar así las pérdidas.

Los primeros recortes, durante el Gobierno de Zapatero, derivaron en la creación del impuesto a la generación de electricidad y el fin de las compensaciones para las instalaciones posteriores a 2012. El último golpe a los inversores lo otorgó Mariano Rajoy. El presidente popular accedió al Gobierno en 2011, impulsando una reforma del sector eléctrico que vio la luz en 2013 y que redujo las primas a las renovables que seguían vigentes -las instaladas antes de 2012- hasta un 40%.

Fondos buitre y juicios internacionales

Este recorte llevó a la quiebra a muchos inversores que apostaron por las renovables. Desde entonces, se han presentado contra el Estado 51 arbitrajes en distintos tribunales, principalmente en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por un importe total de 10.365 millones de euros, según informó el Gobierno en marzo de 2025, tras un fallo favorable de la Comisión Europea por uno de los juicios abiertos por este asunto.

Cabe señalar que el Estado, que por el momento no ha pagado ni un solo euro de los fallos en contra, ha ganado la mayoría de los juicios, rediciendo la cuantía a cerca de 2.000 millones de euros (deuda más intereses de demora). Aún así, en los 28 juicios que ha perdido -muchos vendidos a fondos buitre- los damnificados han iniciado un procedimiento formal de rastreo de bienes para identificar activos del Estado susceptibles de embargo en países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Bélgica.

Fue en este último donde, a comienzos de 2026, la justicia belga ordenó el bloqueo de 482 millones de euros a España. Esta decisión se debe a la denuncia de OperaFound, que en 2019 consiguió una resolución vinculante ante el Ciadi por el recorte a las renovables que obligaba a España a pagar a esta empresa maltesa y a Scheab (suiza) 29 millones de euros. El Ejecutivo realizó numerosas alegaciones, que fueron rechazadas por el Ciadi.

Ante la negativa del Gobierno español a pagar, el equipo jurídico de OperaFound -liderado por la española Cuatrecasas- recurrió a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado español, presentando una demanda en Bélgica en la que solicitaban la intervención de los pagos que Eurocontrol -el organismo europeo de navegación aérea- realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga.

El embargo al Instituto Cervantes en Países Bajos

El último revés a España por el recorte a las renovables de 2013 se ha producido este martes 28 de abril en Utrecht, Países Bajos, donde el Tribunal de Distrito de La Haya ha ordenado el embargo de la sede del Instituto Cervantes como respuesta al impago de la deuda del Estado con Erus Energy, filial de energías renovables de Toyota. En total, España debía indemnizar a la compañía japonesa con 106,2 millones de euros, más otros 9,4 millones en concepto de intereses de demora.

El pasado 20 de abril, los magistrados neerlandeses informaron formalmente al Estado, sin que este efectuara el pago, por lo que se ha procedido con el embargo del inmueble en Utrecht. La sede del Instituto Cervantes, registrada a nombre del Instituto español de Emigración, está valorada en unos 10 millones de euros y será vendida en presencia de un notario, aunque España ha asegurado que litigará el embargo.

Posibles embargos a la Selección Española durante el Mundial de 2026

Los juicios y embargos por los recortes han puesto en la mira de los fondos de inversión a la Selección Española de Fútbol y su próxima participación en el Mundial 2026. Los acreedores han remitido recientemente requerimientos judiciales a empresas como Adidas, el hotel Hilton, operadores logísticos y firmas vinculadas a infraestructuras que servirán de base de operaciones al equipo nacional en Estados Unidos en un intento de localizar movimientos económicos susceptibles de embargo.

El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha recibido varias solicitudes formales del fondo Blasket Renewable Investments, que se posiciona como el mayor acreedor y ha intensificado las acciones de búsqueda de bienes y activos del Estado español en Estados Unidos. En el caso concreto que afecta a la entidad inversora RREEF, la deuda reconocida por la corte arbitral del CIADI asciende a 74 millones de euros.

La justicia de EEUU ha reconocido ya siete sentencias a favor de los demandantes. Así, el objetivo de los acreedores es detectar y embargar fondos ligados a la participación de España en el Mundial, fiscalizando los pagos y contratos asociados al viaje, el alojamiento y la preparación de la selección. Las siete sentencias admitidas suman 688,4 millones de euros en indemnizaciones, lo que permite a los fondos reclamar el embargo de activos y cuentas vinculadas a la presencia española en el territorio estadounidense.

Estos rastreos judiciales llevados a cabo por fondos como Blasket se han extendido al envío de requerimientos a otras empresas y entidades españolas como SEPI, Renfe, Enaire, Paradors o Ineco, solicitando información sobre flujos financieros y contratos mantenidos en Norteamérica. El embargo al Instituto Cervantes en Países Bajos podría ser un aliciente para que la justicia estadounidense siga los mismos pasos con los bienes que mantiene España en su territorio.