
El concepto de “prioridad nacional” está estos días en el centro del debate político tras los recientes acuerdos de investidura en Extremadura y Aragón. Impulsada por Vox y aceptada, con matices e interpretaciones distintas, por el Partido Popular, esta propuesta busca introducir nuevos criterios en el acceso a los servicios públicos y ayudas sociales. Parece ser, sin embargo, que no está tampoco claro del todo dentro del propio partido que lo está impulsando.
Este jueves, Joan Garriga - el portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya - afirmaba que, a su parecer, español es quien ha “nacido de padre y madre española”. Cabe asumir con esto que, para Joan Garriga, si sólo uno de los progenitores es español, el nacido dejaría de serlo. Esta definición de “español” contradice la constitucional, que recoge que, con que solo un progenitor lo sea, si el nacido lo hace en España, será español (de origen) también. Además de que existen varias maneras en las que uno puede adquirir la nacionalidad española y ser, por tanto, español.
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La interpretación de Joan es un “error”, según Ignacio
Ignacio Garriga, secretario general del mismo partido político, ha expresado durante una entrevista en RTVE que considera que la interpretación que hace Joan Garriga es un “error en términos de la legislación vigente”: “La legislación española dice que es español quien tiene el DNI. Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españolas”. Ha añadido, sin embargo, que “llegará un momento” en el que habrá que abrir el debate sobre cómo y a quién se otorga la nacionalidad española, ya que, a su parecer, “ahora se regala”.
Garriga ha reconocido que existen dificultades para poner en marcha la implantación de la “prioridad nacional”, pero defiende la constitucionalidad de la medida. Desde Vox se barajan fórmulas para aplicar estos criterios a la hora de conceder ayudas o prestaciones públicas. Entre estos criterios, se plantea tener en cuenta la antigüedad en el padrón, los años de estudio en el territorio o la residencia de los padres. “No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte. Hemos hablado del tiempo empadronado”, ha puntualizado el secretario general del partido.
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El Partido Popular también ha querido dejar clara su postura en torno a esta cuestión. Ante las críticas internas y el revuelo generado, el partido ha emitido un comunicado en el que afirma: “Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley, dando así continuidad al de Extremadura”.
Defiende expulsar a todas las personas migrantes en situación irregular, pero “con cariño”
Otro de los puntos destacados del acuerdo PP-Vox es la política lingüística: plantea “liberar” a Aragón del catalán. Garriga ha defendido que la política lingüística debe abordarse en el entorno educativo y no destinar recursos públicos a “institutos para fomentar el catalán”, incluso en aquellos municipios donde esta lengua forme parte de la vida cotidiana.
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En cuanto a la cuestión migratoria, Ignacio Garriga ha reiterado la posición de Vox, que pasa por la expulsión de todas las personas en situación irregular para “defender” las fronteras españolas. Durante sus declaraciones, ha insistido en que estas expulsiones deben llevarse a cabo “con cariño pero a la vez con toda la contundencia”, poniendo el acento en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, salubridad y un “soporte vital mínimo” mientras estas personas permanezcan en España. Así, el debate sobre la prioridad nacional se entremezcla con el de la inmigración y la definición misma de quién puede o no puede considerarse español en el contexto actual.
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