Los médicos sin MIR trabajan ilegalmente en toda España: “Pueden poner en peligro la seguridad clínica”

Trabajar como médico en España conlleva una formación de, por lo menos, 11 años. Estos sanitarios estudian una carrera universitaria de seis años de duración e invierten al menos un año más en prepararse para el examen de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Una vez conseguida su plaza, pasan entre cuatro y cinco años como residentes en hospitales y centros de salud hasta, finalmente, ser considerados médicos especialistas.

En los últimos años, sin embargo, algunos han decidido saltarse este paso final. Son médicos graduados que, nada más salir de la carrera, logran un trabajo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Se trata de una práctica ilegal, pero la falta de profesionales en algunas especialidades ha provocado que la administración haga la vista gorda. Ahora, la Organización Médica Colegial (OMC) asegura que nos encontramos ante “un fenómeno de alcance nacional” que pone en peligro la seguridad del paciente.

La puerta se abrió durante la pandemia, explica a Infobae Tomás Cobo, presidente de la OMC. “Venía sucediendo, pero en el contexto de la pandemia se aumentó a través de un real decreto en el que se permitía, como consecuencia de la crisis sanitaria que estábamos pasando, contratar a gente que no tuviera la especialidad en el ámbito de la sanidad pública”, dice.

El problema se ha extendido por todo el país, pero hay algunas zonas que lo sufren más. “Cataluña, por ejemplo, tiene un número de colegiados extracomunitarios [de fuera de la Unión Europea] alto y, como consecuencia, hay más contratos de ese tipo”, apunta Cobo. Su alcance también es mayor en territorios rurales, donde los puestos para trabajar como médico son más complicados de cubrir.

Entre la falta de médicos y la falta de gestión

La OMC defiende que en España no faltan médicos, incluso tenemos más de los que necesitamos: en 2024, había 568 médicos colegiados en activo por cada 100.000 habitantes, el mayor registro hasta el momento y que se encuentra por encima de la media europea. Sin embargo, estos profesionales no se reparten por igual: comunidades como Castilla-La Mancha (446), Andalucía (509) o Comunidad Valenciana (527) quedan por debajo de la media nacional, con diferencias aún más grandes si se comparan con los datos de Madrid (671), Asturias (642) o Navarra (642).

Por provincias, la distribución es también bastante desigual: Teruel, Cuenca o Soria no llegan a tener un médico por metro cuadrado, lo que dificulta que la atención llegue a las zonas rurales y peor comunicadas del territorio. “En esta dispersión geográfica que hay en España, hay plazas que no se ocupan porque no son lo suficientemente atractivas ni con la relación contractual, ni con la retribución, ni con la formación médica continuada que se ofrece. Y luego, hay especialidades en las que hay un particular déficit, como la atención primaria”, explica el doctor Cobo.

Medicina familiar y comunitaria y pediatría son algunas de las que más sufren la falta de profesionales, que también se extiende a anestesiología. Antes que dejar puestos vacíos, las comunidades autónomas se han decantado por contratar médicos que no cuentan con la especialidad médica. Para el presidente de la OMC, se trata de “un problema de gestión y de administración” que erosiona el modelo MIR.

“Lo que nos preocupa es que se pueda, en un determinado momento, poner en peligro la seguridad clínica, no habiendo comprobado los conocimientos y competencias que tiene el médico en la actividad asistencial", subraya Cobo. “Lo que buscamos con una formación tan exhausta y tan dura es asegurar que el paciente está con el máximo de calidad asistencial y de excelencia clínica. Si no contrastamos los conocimientos y competencias que estén desarrollando esos médicos, ese riesgo puede ocurrir”, añade.

Un plan para eliminar los contratos sin MIR

El Ministerio de Sanidad es consciente de que esta problemática existe, pero en los últimos años se ha limitado a resaltar que es una práctica ilegal, sin tomar medidas para frenarla. Esta semana, el secretario de Estado Javier Padilla ha querido decir ‘basta’. El número dos del Ministerio asegura que trabajan junto con las comunidades autónomas en un plan que prevenga este tipo de contrataciones de forma “clara y decidida”.

“No puede ser que un licenciado sin especialidad esté trabajando en Atención Primaria, cobrando lo mismo que un especialista, porque entonces ninguno va a ponerse a hacer el examen para hacer la especialidad”, valoró Padilla durante un acto institucional por el Día Mundial de la Atención Primaria.

Mientras la administración trabaja en nuevas regulaciones, Cobo apunta algunas medidas que pueden tomarse en la situación actual. La solución, a corto plazo, pasa por “medir, evaluar y facilitar que estos médicos adquieran conocimientos y competencias, no solamente ya en la formación básica especializada para trabajar como especialista, sino también en la formación media continuada”. A largo plazo, el presidente de la OMC pide “acercar con más facilidad a los pacientes a centros de salud más grandes en los que se desarrolle el trabajo multidisciplinar, donde haya diferentes herramientas diagnósticas y terapéuticas para alcanzar la equidad”.