Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

Roger García Sancho sufrió en 2019 un traumatismo craneoencefálico tras ser golpeado por un proyectil de las Fuerzas de Seguridad durante una concentración en Barcelona. Una lesión por la que tuvo que ser operado y estuvo más de dos meses teniendo que estar en reposo absoluto. Por esta razón, y las consecuencias que a día de hoy continúan, emprendió una lucha para conseguir que las administraciones públicas se hicieran responsables de los daños sufridos. Una lucha de cinco años que no se ha topado con más que obstáculos por parte de la Generalitat y el Ministerio del Interior, obligándole a llevarlo por vía judicial ante la Audiencia Nacional.

En el año que ocurrieron los hechos, Roger García Sancho estaba cursando el primer curso de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés. El 16 de octubre decidió participar en una concentración en contra de la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo y exigir así la liberación de los “presos políticos” que se llevó a cabo en Barcelona ante el Departamento de Interior, concretamente a la esquina del Passeig Sant Joan con Diputació.

Debido a la gran afluencia de gente, se colocó una hilera de vallas para bloquear el paso hacia este departamento y detrás de esta línea había varias furgonetas del Área de la Brigada Móvil (BRIMO) del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y entre 20 y 30 agentes.

Recibió un impacto y tenía mucha sangre

Roger y sus amigos se encontraban alejados de estas vallas, manteniendo la distancia de seguridad y, sobre las 20:30, un grupo reducido de los manifestantes comenzó a mover las vallas y a tirar objetos hacia la línea policial. Así comenzó la intervención de los agentes mientras que el joven se encontraba ajeno a lo que estaba pasando.

Ni los mossos ni los policías avisaron que se produciría una intervención policial de forma inminente, según la versión del afectado, pero se escucharon las primeras detonaciones provenientes de la línea policial. En ese momento, Roger notó un fuerte impacto en la cabeza que le dejó desorientado.

Era un proyectil que le impactó concretamente en el lado izquierdo de la cabeza y que, aunque no llegó a caer al suelo, sí estuvo en un estado de semiconsciencia. Cuando se puso la mano en la cabeza, observó que tenía mucha sangre. Sus amigos, al verlo, se asustaron y comenzaron a socorrerle y acompañarle a un lugar próximo para que pudiese sentarse. Una vez sentado, y al ver que la hemorragia de la cabeza no se detenía, sus amigos le acompañaron a buscar una ambulancia.

“Un nexo causal cierto y directo”

Fue atendido en un bar por personal sanitario hasta que llegó la ambulancia, unas dos horas más tarde. Llegó a las urgencias del Hospital Sant Pau a las 22:30 con mucho dolor de cabeza, náuseas y múltiples vómitos. Tras realizarle un TAC, se confirmaron las lesiones como una fractura hundida frontal izquierda con hematoma epidural subyacente y se acordó su hospitalización.

Al día siguiente, a la 1:00 de la madrugada, tuvo que ser operado de urgencia por el servicio de neurocirugía y estuvo ingresado hasta el 21 de octubre. Se le dio el alta hospitalaria. Sin embargo, hasta este momento, sigue con diferentes controles de los respectivos servicios, puesto que todavía no está dado de alta del servicio de neurocirugía, estando obligado a llevar a cabo controles sistemáticos.

Aparte, tuvo que estar más de dos meses recuperándose, perdiéndose muchas clases de la universidad, porque necesitó ese tiempo de reposo absoluto, y tuvo que dejar de hacer deporte, una actividad que solía llevar a cabo, para más adelante tener que empezar de forma esporádica. A esto se suman las cefaleas que a día de hoy sigue sufriendo.

El informe pericial fue claro en sus conclusiones sobre la lesión, declarando “un nexo causal cierto y directo, entre las lesiones sufridas por el paciente y el impacto con una bala de foam” Las lesiones producidas son totalmente compatibles con este mecanismo lesional, siendo el estado actual del paciente arriba indicado consecuencia de este hecho”. Una segunda revisión en 2021 pedida por el afectado fue más concreta al explicar que estas lesiones son “compatibles con contusión por proyectil (pelota de goma)”.

De la Generalitat al Gobierno de España

El primer paso para reclamar la responsabilidad de lo ocurrido fue la Generalitat de Catalunya. Tras la petición, presentada en 2021, este estamento echó balones fuera al declarar que los informes policiales destacaron que, durante la franja horaria del hecho, la BRIMO (unidad antidisturbios de Mossos d’Esquadra) no disparó ningún proyectil, atribuyendo la presencia y acción represiva a los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía.

De esta manera, el acto administrativo concluyó “derivar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el señor Roger García Sancho a la Delegación del Gobierno de España en Cataluña, a los efectos de su remisión al órgano competente, atendida la presencia de efectivos de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía el día 16 de octubre de 2019 durante una concentración de ideología independentista en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo”.

Así pasó al Consejo de Estado en 2023 que determinó que “en tales situaciones de riesgo —sin duda análogas a la aquí examinada—, voluntariamente asumidas con la presencia de los particulares (sea dicha presencia activa o meramente circunstancial) no cabe imputar al funcionamiento de los servicios públicos el perjuicio que pudiera ser sufrido por tales particulares” y al Ministerio del Interior que ese mismo año llegó a la misma conclusión.

“Este Ministerio, de acuerdo con el Consejo de Estado, resuelve desestimar la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado” concluyeron.

“Se pretende poner fin a la impunidad policial”

“Después de la interposición de dos reclamaciones patrimoniales, una ante cada una de las administraciones, y transcurrido más de cinco años desde los hechos, ambas administraciones continúan trasladándose mutuamente la responsabilidad, sin ofrecer ninguna respuesta clara sobre quién efectuó el disparo de manera indiscriminada y antirreglamentaria que impactó a Roger, ni asumiendo las consecuencias jurídicas derivadas”, denuncia el abogado de Iridia que representa a Roger.

Por esta razón, se ven “en la obligación de judicializar el caso de Roger ante la Audiencia Nacional, ante la absoluta pasividad tanto de la administración de la Generalitat como de la administración del Estado, en la hora de asumir responsabilidades, dar explicaciones y evitar la situación de impunidad existente”.

De esta manera, esta misma semana el letrado ha presentado un recurso administrativo contencioso para “garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de Roger García, romper la impunidad y lograr una reparación efectiva por los daños y perjuicios que se le han causado”.

El escrito invoca así diferentes artículos de la Constitución Española y leyes que habilitan reclamar indemnización cuando la actuación estatal causa daños que el ciudadano no está obligado a soportar. Argumenta que el Ministerio del Interior es responsable de la conducta de sus agentes, por acción u omisión, y debe reparar las consecuencias de un uso “abusivo y negligente de la fuerza”.

“Por lo tanto, con la presente demanda se pretende poner fin a la impunidad policial, obtener el reconocimiento del derecho a la reparación integral de Roger y garantizar el derecho fundamental a la protesta, sin que este comporte el riesgo de sufrir lesiones graves o mutilaciones”, concluye el abogado.