Las licitaciones de defensa cerraron diciembre de 2025 con un volumen cercano a los 21.000 millones de euros adjudicados en el acumulado anual, un registro inédito hasta la fecha que, sin embargo, no se ha trasladado todavía con la misma intensidad al gasto efectivo. Así lo recoge un informe de BBVA Research, que dibuja un escenario de impulso en la contratación pública acompañado de una ejecución presupuestaria más gradual.
El contraste no es menor. Mientras la actividad contractual alcanza máximos, los datos de los Presupuestos Generales del Estado muestran que la aceleración del gasto en defensa ha sido, por ahora, contenida. El cambio de ritmo comienza a apreciarse a partir de mayo de 2025, cuando se observa una cierta intensificación en las obligaciones reconocidas, aunque todavía lejos de reflejar plenamente el volumen de adjudicaciones registrado en los meses finales del año.
Esta divergencia responde en buena medida a los propios tiempos administrativos y productivos de la industria de defensa, donde el desfase entre la licitación, la adjudicación y la ejecución real del gasto es estructural. Los grandes programas, por su complejidad técnica y su duración, diluyen en el tiempo el impacto económico inmediato de los contratos.
El impulso de la OTAN
El aumento de la actividad en este ámbito no puede entenderse al margen del contexto geopolítico. El compromiso de España con los objetivos de la OTAN ha actuado como catalizador de este proceso. El plan de defensa impulsado por el Gobierno, dotado con cerca de 10.500 millones de euros, busca precisamente acelerar la inversión para alcanzar el umbral del 2% del PIB en gasto militar.
Según el análisis de BBVA Research, este esfuerzo permitirá cumplir con ese objetivo en 2025, aunque introduce una cautela relevante: alcanzar ese nivel no equivale necesariamente a consolidar una senda sostenida de crecimiento en el tiempo. El propio informe apunta a que el impulso podría tener un carácter más puntual si no se acompaña de una estrategia estructural a medio plazo.
En paralelo, el incremento del gasto en defensa se perfila como un factor de estímulo económico. Las estimaciones recogidas en el documento sugieren que este podría aportar varias décimas al crecimiento en los próximos ejercicios, en línea con el papel contracíclico que tradicionalmente se atribuye al gasto público en sectores estratégicos.
Una industria extendida más allá de lo militar
El análisis trasciende la visión más inmediata de la defensa como un sector aislado. La fotografía que emerge es la de un ecosistema industrial mucho más amplio, en el que la fabricación de armamento o vehículos militares constituye solo el núcleo visible.
A su alrededor gravita una red de actividades que incluye desde la producción de componentes electrónicos y maquinaria hasta servicios avanzados como telecomunicaciones, ingeniería o investigación y desarrollo. Esta capilaridad explica que el impacto económico del gasto en defensa se multiplique al considerar los efectos indirectos.
De hecho, el informe estima que, al incorporar estos sectores asociados, el peso del gasto en defensa podría ampliarse de forma notable dentro de la economía. En el ámbito de la producción manufacturera, pasaría de representar en torno al 1% a alcanzar cifras cercanas al 11%, mientras que en términos de valor añadido empresarial podría llegar hasta el 16%.
No obstante, este potencial expansivo convive con ciertas limitaciones estructurales. España presenta una menor especialización en la industria de defensa que otros países europeos y mantiene una dependencia significativa de insumos importados. Este doble factor reduce la capacidad de capturar plenamente los beneficios derivados del incremento del gasto, especialmente en comparación con economías como la alemana o la francesa.
Geografía del gasto: ganadores y rezagados
Uno de los elementos más reveladores del informe es la desigual distribución territorial de estos efectos. Lejos de extenderse de manera homogénea, el impacto del aumento del gasto en defensa tiende a concentrarse en determinadas comunidades autónomas.
País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña destacan como los principales polos beneficiados. La razón estriba en su mayor densidad empresarial en sectores vinculados, tanto directa como indirectamente, a la defensa. Son territorios con una base industrial sólida o con un ecosistema de servicios avanzados capaz de absorber la demanda generada por los nuevos contratos .
La especialización productiva introduce, además, matices en esa distribución. Las regiones con un tejido industrial más desarrollado captan el impulso a través de la producción de bienes, mientras que aquellas con mayor peso en servicios avanzados lo hacen mediante actividades como la I+D, la ingeniería o las telecomunicaciones.
En el lado opuesto, el sur peninsular y Canarias aparecen sistemáticamente en la parte baja de los indicadores. La menor presencia de empresas vinculadas a estos sectores y una limitada capacidad para beneficiarse de los efectos indirectos sitúan a estas regiones en una posición de desventaja relativa.
El factor empleo y la estructura empresarial
El reparto territorial también se refleja en el empleo. Madrid y varias comunidades del norte concentran el mayor porcentaje de trabajadores en empresas ligadas a la defensa, lo que refuerza la correlación entre especialización productiva y capacidad de captación del gasto.
Por sectores, la industria aeronáutica y la fabricación de armas y municiones aglutinan cerca de la mitad del importe adjudicado en los contratos analizados, mientras que otras actividades como las telecomunicaciones, la informática o la fabricación de componentes desempeñan un papel creciente dentro de la cadena de valor .
El resultado es una industria de defensa que actúa como vector de actividad para múltiples ramas económicas, pero cuyo impacto final depende, en gran medida, de la estructura previa del territorio. Allí donde existe una base industrial consolidada o un ecosistema tecnológico desarrollado, el gasto encuentra canales de transmisión más eficaces. Allí donde no, su efecto se diluye.
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