La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones realizadas entre 2021 y 2025, según datos del Ministerio, mientras el futuro Estatuto del Becario sigue pendiente de tramitación parlamentaria para fijar con más claridad cuándo una práctica deja de ser formativa y pasa a encubrir una relación laboral.
El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, incorpora un nuevo marco sancionador que prevé multas de hasta 225.018 euros en los supuestos más graves.
Trabajo sostiene que el objetivo de la norma es cerrar espacios de fraude en los que una persona en formación acaba desempeñando funciones ordinarias dentro de la empresa sin que exista una verdadera finalidad formativa.
Aunque el Ejecutivo ya ha dado luz verde al texto, el Estatuto del Becario todavía no ha entrado en vigor: al tratarse de un proyecto de ley, debe completar su tramitación en las Cortes Generales antes de su aprobación definitiva. La iniciativa, pactada en su momento con los sindicatos pero sin respaldo de la patronal, llevaba más de dos años pendiente de avance parlamentario.
Qué prácticas pasarán a considerarse relación laboral
Uno de los puntos centrales del proyecto es fijar con más claridad qué prácticas podrán seguir considerándose no laborales.
Solo estarán permitidas aquellas vinculadas a estudios oficiales universitarios, Formación Profesional, enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo o programas vinculados a los servicios públicos de empleo. En caso contrario, la actividad desarrollada se presumirá laboral.
También se entenderá que existe relación laboral cuando la persona en prácticas sustituya funciones propias de un trabajador o cuando las tareas desarrolladas no guarden relación directa con el itinerario formativo acordado.
El Gobierno ha puesto a disposición de los becarios esta plataforma para poder llevar a cabo una investigación más rápida ante posibles fraudes y situaciones de explotación durante las estancias formativas
Más control sobre tutores y número de becarios
Las empresas deberán formalizar un convenio o acuerdo de cooperación con el centro educativo o entidad autorizada en el que se recojan la duración de las prácticas, el plan formativo individual y la designación de una persona tutora.
Cada tutor podrá supervisar simultáneamente un máximo de cinco personas en formación práctica, cifra que se reducirá a tres en centros de trabajo con menos de 30 empleados.
Además, el número de personas en prácticas no podrá superar el 20% de la plantilla total del centro de trabajo, aunque cualquier empresa podrá contar con hasta dos personas en formación práctica con independencia de su tamaño.
Con ello, Trabajo busca limitar que determinadas actividades formativas se utilicen de forma estructural para cubrir necesidades ordinarias de plantilla.
Compensación de gastos y derechos reconocidos
La futura ley también prohíbe expresamente pagar por acceder a una práctica formativa.
Además, reconoce el derecho a una compensación suficiente de los gastos asociados al desarrollo de la actividad, como transporte, manutención o alojamiento, salvo que ya existan otras ayudas o becas que cubran esos costes.
Las personas en prácticas tendrán también derecho a acceder a los servicios del centro de trabajo en condiciones equivalentes a las del resto de la plantilla.
El proyecto recoge además que deberán respetarse los límites de jornada, descansos, festivos y vacaciones aplicables en la empresa.
También establece garantías en materia de seguridad y salud y reconoce protección frente al acoso, incluida la violencia sexual o discriminatoria, al tratarse de actividades desarrolladas dentro de entornos laborales.
Cerca de 1.600 casos ya fueron regularizados
El Ministerio recuerda además que, de todos esos casos detectados, cerca de 1.600 falsos becarios fueron regularizados entre 2021 y 2023. Ese dato corresponde a actuaciones en las que la Inspección intervino ante situaciones consideradas irregulares.
El departamento de Yolanda Díaz sostiene que el nuevo texto permitirá actuar con criterios más claros en aquellos casos en los que una práctica formativa se utilice para cubrir tareas estructurales dentro de una empresa o sustituir puestos de trabajo ordinarios.
Con el nuevo marco legal, Trabajo defiende que habrá mayor seguridad jurídica tanto para las personas en prácticas como para las empresas y los centros formativos.
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