Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

Este viernes, el Gobierno y los principales sindicatos anunciaron el recorte de la jornada laboral para los funcionarios de la Administración General del Estado, que pasarán de trabajar 37,5 horas a la semana a hacerlo 35 horas, reduciendo 2,5 horas su jornada, lo que, según señalaron los representantes sindicales, ayudará a la conciliación familiar, la salud mental, la motivación y el bienestar general de los empleados.

La reducción afectará a la jornada de 264.000 empleados públicos que trabajan en los 22 ministerios, las tres vicepresidencias, delegaciones y organismos estatales, pero no lo hará para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni para el personal de las Fuerzas Armadas, que cuentan con un régimen independiente. Además, el Gobierno ha pedido a los involucrados un margen de 15 días para llevar a cabo esta medida, con lo cual, la reducción se hará efectiva a mediados de abril.

La jornada de 35 horas es una novedad para los funcionarios de la Administración General, pero ya se viene aplicando hace años en algunas comunidades autónomas. La Junta de Andalucía fue la primera en reducir el horario de sus funcionarios, en 2017, beneficiando a más de 270.000 empleados públicos. Al año siguiente también se sumó a esta reducción Extremadura, seguida de Castilla-La Mancha y País Vasco en 2019.

Por el contrario, en España hay tres comunidades que se han quedado atrás en la reducción de jornada para sus funcionarios. La Comunidad Valenciana pactó esta reducción, pero no ha llegado a aplicarla por el momento. Navarra, por su parte, continúa con la jornada de 37,5 horas en la mayoría de sectores y, por último, la Comunidad de Madrid, que mantiene el calendario de 37,5 horas a la semana.

Desigualdad entre funcionarios y con el sector privado

Con esta reducción crece la desigualdad entre funcionarios de distintas administraciones. En Madrid, dos funcionarios con las mimas funciones pueden trabajar con una diferencia de 2,5 horas a la semana en favor del empleado de la Administración General (por ejemplo, del Ministerio de Educación) y en contra del trabajador de la Comunidad de Madrid (por ejemplo, de la Consejería de Educación). Lo mismo ocurriría con los empleados de las delegaciones de la Comunidad Valenciana y Navarra y los funcionarios de estas comunidades.

La comparativa con los trabajadores del sector privado es más diferenciada. Actualmente, un empleado del privado cuenta con una jornada completa de entre 37,5 a 40 horas a la semana. Durante 2025, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó negociar con los principales sindicatos y la patronal CEOE una reducción de la jornada para todos los trabajadores por cuenta ajena, pero las diferencias con Antonio Garamendi (CEOE) impidieron llegar a un acuerdo.

En septiembre de 2025, el proyecto de ley del Gobierno para la reducción de la jornada llegó al Congreso de los Diputados, pero no pasó la votación por los votos negativos de PP, Vox y Junts per Catalunya. El partido catalán alegó en aquel entonces que el coste de reducir la jornada manteniendo los sueldos no sería asumible para las pequeñas y medianas empresas que representan más del 99% del tejido empresarial del país.