
La Seguridad Social ha anunciado la preparación de un real decreto para reconocer como cotizados los periodos de actividad desarrollados por la mayoría de los deportistas profesionales en España durante los años ochenta y noventa, quienes hasta ahora no habían tenido derecho a computar estos años en su historial laboral.
Con esta medida, el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO han dado respuesta a una reivindicación histórica de figuras como Fernando Romay o Almudena Cid, abanderados de un colectivo que hasta 2003 permaneció excluido del Régimen General.
Muchos de los deportistas que firmaron contratos profesionales entre el 15 de marzo de 1980 y la fecha de integración en el Régimen General de la Seguridad Social no pudieron cotizar. El coste económico de esta regularización será asumido por el Consejo Superior de Deportes, y el periodo reconocido podrá suponer no solo un acceso más sencillo a la pensión de jubilación, sino también una mejora en las prestaciones ya reconocidas para quienes ya son pensionistas.
Con este proyecto, los deportistas podrán justificar el tiempo trabajado ante la Seguridad Social, mediante la certificación del club o la federación, para sumar esos años a sus historiales de cotización. El Ejecutivo, junto al apoyo de la Fundación Blanca Fernández Ochoa y representantes sindicales, ha presentado la propuesta a deportistas que, como Fernando Romay y Almudena Cid, han liderado este proceso de reivindicación.
Qué requisitos deben cumplir los deportistas
A lo largo de dos décadas tras la ley de 1980, trabajar en el deporte profesional no daba derecho a cotizar en la Seguridad Social. Esta circunstancia afectó a miles de profesionales de distintas disciplinas, aunque algunos sectores —como el baloncesto, el balonmano o el ciclismo— fueron incorporándose gradualmente antes de la regulación definitiva de 2003.
El reconocimiento de los periodos de actividad como cotizados no solo genera derecho a la pensión de jubilación a quienes no han accedido a ella todavía, sino que también incrementa la suma de años cotizados y, por tanto, la cuantía de la prestación para los ya pensionistas.
Para acceder a este derecho, el deportista debe acreditar su relación laboral profesional durante los periodos entre 1980 y la integración en el Régimen General. Esta justificación se realiza mediante un certificado expedido por el club o entidad deportiva en el que trabajó, o, en su defecto, por la correspondiente federación.
La inclusión de estos periodos permitirá tanto a quienes todavía carecen de los años suficientes para jubilarse -algunos necesitan tres o cuatro años adicionales, según reconocen los afectados- como a los ya retirados obtener el 100% de la prestación que les correspondería de haberse computado la totalidad de aquellos años.

La postura de los protagonistas y el impacto de la regularización
Para Fernando Romay, exjugador de baloncesto con una trayectoria de 17 temporadas en el Real Madrid, la aprobación de la norma implica el cierre de una “injusticia que nunca debió ocurrir con los deportistas profesionales”, según ha expuesto durante el acto de presentación del proyecto legislativo.
“En su momento, éramos considerados profesionales en todos los estamentos, pero, para mantener la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos, no estábamos dados de alta en la Seguridad Social”, explicó. Esta situación derivó en la figura del “amateur compensado”, bajo la que se inscribieron los trabajadores del deporte en esos años.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, esta regulación pone fin a la indefensión vivida por muchas personas que, pese a cumplir con las obligaciones tributarias -llegando incluso a cotizar bajo el epígrafe de artistas y toreros-, no pudieron computar oficialmente su actividad deportiva en la Seguridad Social por ausencia de epígrafe propio.
Por su parte, el secretario de Estado Borja Suárez ha explicado, tras la reunión mantenida con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, representantes sindicales y deportistas, que se trata de “un acto de justicia con unos deportistas que, en muchos casos, nos dieron grandes alegrías y llevaron el pabellón a lo más alto de podios y competiciones internacionales, pero que no tuvieron el mínimo reconocimiento y el amparo que todo trabajador tiene por haber ejercido su profesión”.
La rueda de prensa en la que se anunció el proyecto de ley concluyó con la reiteración de la voluntad institucional de resolver una situación que, durante décadas, colocó a los deportistas españoles en “situaciones mucho más precarias” que el resto de los trabajadores, según remarcaron sus portavoces.
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