
Miguel Ángel Mur ha dicho basta, cansado de la “doble vara de medir” que tiene el Ayuntamiento madrileño de Galagagar (36.800 habitantes), gobernado por el PP y Vox. Mur, vecino de otra localidad, Torrelodones, exige al Consistorio que le indemnice con 6.600 euros después de que haya permitido a unos feriantes que ocuparan una parcela propiedad de su familia, “una ocupación por la que encima el Gobierno local cobra una tasa y saca un beneficio económico”. La historia es más enrevesada y en el fondo, reconoce Mur, tiene un “trasfondo político”, ya que en esa parcela el equipo que dirige la alcaldesa Carla Greciano no autoriza a Mur y a otros vecinos reanudar un mercadillo solidario.
La parcela en cuestión tiene 5.100 metros cuadrados y está en la calle Toril, en el norte de Galapagar, en un extenso prado. “Pertenecía a la familia de mi madre y ahora la hemos heredado mis cuatro hermanos y yo”, explica Mur, que asegura que durante años ha permitido al Consistorio que los feriantes que llegaban a Galapagar para participar en las Fiestas Patronales del municipio se instalasen allí para que pudieran aparcar sus vehículos y enseres mientras trabajaban en las atracciones. Esa parcela, además, era utilizada para que la Asociación Iniciativa por Galapagar organizase una vez al mes un mercadillo solidario. Mur fue concejal de IU en Torrelodones y uno de los portavoces de esta asociación es el hoy edil José Luis García, de Por Galapagar, una coalición de Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa.
Pero en octubre de 2025, tras dos años realizando el mercadillo, el Ayuntamiento les comunica que ya no pueden hacerlo más. “No nos dan argumentos, un concejal del Gobierno me dice que es que quieren aplicar la ley y el orden. Textualmente. Nosotros siempre notificábamos a la concejalía de Comercio y a la Policía Local cuando celebrábamos el mercadillo. Y nunca hubo ningún problema. Pero llegó un momento en que ya no querían que se celebrase más. Esta actividad no tiene ánimo de lucro. Son vecinos que venden sus cosas, hay actividades culturales y musicales, un foco de participación ciudadana. Pero no quieren el asociacionismo. Al menos, determinado asociacionismo. Habrá que preguntarse por qué permiten mercadillos similares en otras zonas de Galapagar”, se pregunta el edil García.

Mur y García señalan que están intentando negociar con el Ayuntamiento que se pueda reanudar el mercadillo. “Ellos entienden que es una actividad comecial. Y no lo es. Es un rastrillo solidario en una parcela privada, como otros que se celebran en el municipio”, señala Mur. Así que como no hay avances Mur reconoce que decidió acudir a la ‘Oficina Municipal de Apoyo frente a la Ocupación’, que Galapagar abrió en 2025. En su primer año este servicio ha registrado 25 consultas, de las cuales el 48% han estado relacionadas con ocupación ilegal, un 21% con conflictos de alquiler, un 12% con riesgo de ocupación y otro 12% con problemas de convivencia. Mur acudió a denunciar que los feriantes le habían ocupado la parcela durante las pasadas Fiestas, la misma parcela donde el Ayuntamiento no deja celebrar el mercadillo.
También una disculpa
Mur asegura que en esta Oficina les explicaron que solo atendían escritos que han pasado antes por el Registro General del Ayuntamiento, y que al acudir al Registro el personal no conocía nada de la Oficina contra la ocupación. “Un disparate. Nada sabían de este servicio, ni donde debían enviar mi escrito, aunque allí mismo había una pancarta haciendo propaganda de la existencia de este bulo, la oficina antiocupación. Tras diversas consultas internas me recogieron el escrito en el que relataba los hechos y solicito una disculpa pública al equipo de gobierno y una indemnización económica por la ocupación, la misma que pretender cobrar al mercadillo vecinal”. En el escrito, registrado el 10 de febrero de este año, Mur solicita una indemnización de 6.600 euros al Ayuntamiento por permitir que los feriantes ocuparan una parcela de su propiedad y encima, cobrar por ello.
Es decir, que Mur ha denunciado que el Ayuntamiento permite la ocupación ilegal de unos feriantes en su parcela, cobrando una tasa por ello, y en cambio no autoriza a los vecinos realizar ese mercadillo solidiario cuando sí tienen autorización de los propietarios. “No sé cómo acabará esto, pero si tengo derecho a una indemización la donaremos para que se pueda seguir celebrando el mercadillo. Eso sí, como dueño de la parcela, no voy a permitir que la ocupen en el futuro”, concluye.

Un portavoz municipal asegura que la parcela no está ubicada en la calle Toril (aunque la dirección de entrada sea Toril, 54), si no en una vía pecuaria. “El mercadillo vecinal ha empezado a hacerse de forma periódica en el último año y, en el mismo, hay intercambio económico, no solo entre vendedores y compradores, si no también con la organización que cobra a los puestos que se ponen. Todo ello, supone una actividad económica en una parcela privada y, por este motivo, desde el Ayuntamiento se les ha requerido para que regularicen esta situación”. Desde el Consistorio aseguran que e han mantenido varias reuniones con los organizadores y propietarios para explicarles cómo hacerlo y así regularizar el mercadillo pero, hasta el momento, “no han presentado en el Ayuntamiento todos los documentos obligatorios por ley”.
El Ayuntamiento, desde hace más de 10 años, durante las fiestas patronales, usaba esa parcela solo durante esa semana, cedida por la familia propietaria a cambio de la limpieza y desbroce de la parcela. El mismo portavoz municipal añade “que nunca se ha cobrado a los feriantes que allí se han instalado durante esa semana dado que la parcela no es titularidad del Ayuntamiento, sino una cesión puntual de una familia. El problema es que uno de los propietarios está vinculado con un concejal de la oposición y no quieren retomar la actividad del mercado vecinal para usarlo como crítica política, ya que bastaba con cumplir la ley para que el mercado pudiera retomar su actividad sin ningún problema”.
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