La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El conflicto en Oriente Medio podría ralentizar en dos décimas el crecimiento de la economía española y elevar la inflación por encima del 3% antes de este verano, según el análisis de Funcas. En su primer documento estimando el impacto de la guerra en Irán en los precios y la actividad en España, el ‘think tank’ prevé un efecto limitado en el Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, siempre que el enfrentamiento militar se limite a unos tres meses de duración.

La escalada bélica tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán la semana pasada se ha empezado a notar en los mercados financieros y el bolsillo de los españoles en forma de repuntes en los valores del petróleo y el precio al consumidor de la gasolina y otros carburantes. El cierre casi total del estrecho de Ormuz ha provocado un aumento inmediato en los precios energéticos, con el combustible registrando ya una subida de 10 céntimos por litro en apenas una semana y la electricidad encareciéndose un 13% respecto al mes anterior.

En el medio plazo, Funcas anticipa que, si el conflicto en Irán se limita a tres meses, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría superar el 3% antes del verano, para descender y acercarse al 2,5% a finales de año, en línea con las perspectivas anteriores al estallido de la guerra.

Las reservas contienen el impacto en los precios

La reacción de la economía española a esta crisis se da a través de múltiples canales: el encarecimiento de la energía repercute en la producción, el consumo y la inversión, mientras que las exportaciones y el turismo sienten los efectos de la menor actividad económica global. La incertidumbre también puede llevar a que empresas retrasen o paralicen decisiones de inversión.

Funcas señala que la economía global dispone de ciertos colchones, como las reservas de hidrocarburos y la capacidad de producción fuera de la zona de conflicto, que pueden amortiguar el impacto si la interrupción es transitoria. En el caso de España, solo el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado (GNL) consumido transita por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, si la crisis se prolonga y afecta infraestructuras clave, el efecto negativo podría ser mucho mayor.

Aunque Funcas concluye que, si el conflicto se limita en el tiempo y no se producen daños graves en la infraestructura energética, el impacto sobre la economía española sería limitado, el riesgo de una crisis más profunda persiste si la situación se agrava. El análisis destaca la importancia de la duración y la intensidad de la crisis para determinar el alcance de sus efectos, así como la necesidad de políticas que protejan a los sectores más vulnerables ante futuros shocks energéticos.

La extensión del conflicto amenaza a la economía

Según explican los expertos de Funcas, una guerra prolongada agotaría los recursos de emergencia y provocaría una desorganización de la cadena productiva global que repercutiría de manera directa en el aumento de los precios de la energía y otros bienes. Los analistas recuerdan cómo la invasión de Ucrania alteró los mercados y elevó los costes para consumidores y empresas en todo el mundo.

Sin embargo, existen elementos que podrían limitar la duración de la actual escalada en Oriente Medio. Uno de los factores principales es el estado del arsenal militar de Irán. Aunque el país conserva un número considerable de drones, las recientes ofensivas han debilitado su capacidad armamentística, una reducción en el poder de fuego que podría acotar el conflicto.

Otro aspecto relevante es el clima social en Estados Unidos, sobre el que los expertos advierten que el apoyo de la opinión pública estadounidense tiende a disminuir cuando la guerra comienza a afectar la vida cotidiana. En los últimos días, el precio de la gasolina ha superado los 3 dólares por galón, un dato que alimenta el malestar social a pocos meses de las elecciones de medio mandato. Además, el coste económico de la intervención militar es elevado: cada misil usado para interceptar un dron supone una inversión cercana a los 4 millones de dólares, lo que añade presión sobre las cuentas públicas.