La ONU apoya al Gobierno español por construir vivienda protegida y pide “límites razonables” al precio del alquiler

La crisis del alquiler se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales en España y en otros países de Europa, que hay que afrontar con rentas a “límites razonables”, a juicio del relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, quien reclama que los precios del alquiler “no sean abusivos ni estén sometidos a presiones especulativas”.

Durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra, recogida por Efe, donde presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rajagopal alertó de que el encarecimiento de la vivienda se está convirtiendo en un problema estructural en numerosos países.

“El alquiler de viviendas en España y otros países se ha convertido en un problema importante al que debe responderse con precios a ‘límites razonables’”, afirmó. El experto añadió que estos precios deben garantizar que “no sean abusivos ni estén sometidos a presiones especulativas”.

Fondos de inversión y grandes propietarios, los impulsores de las subidas

Uno de los factores que, según el relator, está impulsando la subida de precios es el creciente protagonismo de grandes empresas inmobiliarias y fondos financieros en el mercado residencial europeo. Advirtió de que cada vez más viviendas están en manos de grandes inversores que ven el mercado inmobiliario principalmente como una oportunidad de negocio.

Esta situación resulta especialmente preocupante, explicó, “cuando grandes empresas inmobiliarias o fondos financieros se han convertido en propietarios de viviendas en muchos países europeos y tratan la vivienda como un activo del que obtener beneficios”.

El experto considera que esta tendencia ha contribuido a transformar la vivienda en un activo financiero, alejándola de su función social y reduciendo la disponibilidad de vivienda asequible para amplias capas de la población.

Construir más viviendas… pero para quién

El relator de la ONU reconoció que España necesita aumentar su parque residencial para responder a la creciente demanda. Sin embargo, advirtió de que construir más viviendas no resolverá por sí solo el problema si no se garantiza que esas promociones estén destinadas realmente a quienes las necesitan. Expresó su apoyo a las iniciativas del Gobierno español para impulsar nuevas promociones de vivienda.

“Apoyo plenamente los esfuerzos del Gobierno de España de construir más viviendas para quienes las necesitan”, afirmó, en referencia a la promesa de levantar unas 15.000 unidades al año mediante financiación público-privada.

No obstante, insistió en que el reto principal es garantizar que esas viviendas cumplan su función social. “Pero la cuestión es asegurarse de que realmente estén destinadas a quienes las necesitan”, subrayó. El relator recordó que durante las últimas tres décadas muchos países europeos, incluido España, han adoptado un modelo inmobiliario centrado en el mercado que ha provocado la desaparición progresiva de gran parte de la vivienda asequible.

Más sinhogarismo y polarización política

Rajagopal alertó también de las consecuencias sociales que está teniendo el encarecimiento de la vivienda. Entre ellas destacó el aumento del número de personas sin hogar en distintos países europeos. Según explicó, la crisis de vivienda se está produciendo al mismo tiempo que crecen discursos políticos que buscan culpables en determinados colectivos.

El relator señaló que algunos países experimentan “un aumento del sinhogarismo y de ciertas tendencias políticas oscuras que culpan de los problemas inmobiliarios a los migrantes, alimentando el auge de partidos de extrema derecha”. A su juicio, este tipo de discursos desvían la atención de las causas estructurales del problema, que tienen más que ver con las políticas de vivienda y el funcionamiento del mercado inmobiliario.

Más protección frente a los desahucios

El relator también se pronunció sobre las políticas de protección frente a los desahucios. Sus declaraciones se producen pocos días después de que el Congreso de los Diputados de España rechazara prorrogar algunas medidas extraordinarias destinadas a frenar los desalojos. Rajagopal insistió en que para evitar una crisis de vivienda es fundamental reforzar las garantías legales de los inquilinos.

Explicó, los desahucios “no sean tan fáciles” y los arrendatarios deben “tener más derechos a la hora de permanecer en sus viviendas”. Además, subrayó la necesidad de fortalecer los procedimientos legales para proteger a las personas afectadas por desalojos.

“Es fundamental reforzar los procedimientos legales en los desahucios para garantizar que los derechos de quienes viven actualmente en sus hogares estén protegidos, por ejemplo asegurando asistencia jurídica básica y que no sean echados de casa si ello va a provocar que se queden sin hogar”, explicó.

Un problema común

La crisis de vivienda no es exclusiva de España. Rajagopal recordó que en otros países europeos también existen problemas para garantizar el acceso a la vivienda incluso cuando se han construido grandes parques de vivienda social.

Como ejemplo mencionó su visita a Países Bajos en 2020, donde comprobó que, pese a la existencia de numerosas viviendas sociales, muchas personas siguen quedando fuera del sistema. Reconoce que esta situación ha alimentado debates políticos cada vez más polarizados. “Ello ha contribuido al auge de discursos políticos que culpan a los migrantes, y al aumento de racismo en los debates sobre vivienda”, lamentó.

A pesar del panorama general, el relator destacó que todavía existen ciudades europeas que han logrado mantener un acceso relativamente asequible a la vivienda gracias a políticas públicas sostenidas durante décadas. Uno de los ejemplos más destacados es Viena, donde el modelo urbano se basa en una fuerte presencia de vivienda pública y cooperativa.

Rajagopal señaló que “la gran diferencia frente a urbes como Madrid o Barcelona es la relación con el suelo”. Según explicó, la capital austríaca “ha desarrollado un sistema que se remonta a hace más de un siglo, basado en la idea de que la tierra no debe tratarse como una mercancía especulativa”.

Un derecho que Europa tardó en reconocer

Para el relator de Naciones Unidas, el origen profundo de la crisis actual está en la forma en que se ha tratado históricamente la vivienda en Europa. Sostuvo que “durante décadas la vivienda no ha sido tratada como un derecho humano en Europa”, lo que ha permitido que el mercado inmobiliario evolucione sin suficientes mecanismos de protección social.

El experto recordó que no fue hasta finales de 2025 cuando la Unión Europea aprobó un plan destinado a impulsar la vivienda asequible en el continente.

Con el final de su mandato previsto para este año, el relator insistió en que los gobiernos europeos deben situar el acceso a la vivienda en el centro de sus políticas públicas si quieren frenar la escalada de precios y garantizar que este derecho básico sea realmente accesible para todos.