Un crimen machista cada cinco días en España: el repunte de feminicidios evidencia la urgencia de reforzar la protección y prevención

Enero y febrero han marcado un inicio de año especialmente grave en España en cuanto a violencia de género, con un total de 10 mujeres y dos menores de edad asesinados. La frecuencia de estos crímenes machistas, uno cada cinco días, evidencia la persistencia de un problema estructural que desafía los sistemas de protección actuales, pues en cinco de los casos las víctimas habían denunciado a los agresores y estaban inscritas en VioGén —algunas contaban con órdenes de alejamiento vigentes—, pero los mecanismos de protección no fueron suficientes para protegerlas.

Con la confirmación oficial de estos crímenes, el número de feminicidios se eleva a 1.353 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos, y a 67 los crímenes vicarios perpetrados desde 2013.

Las 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los dos primeros meses del año se llamaban Pilar, Czarina, María Isabel, María del Carmen, Victoria, María Belén, Ana María, María José, Petronila y Tatiana, y representan la cifra más alta en un inicio de año desde 2020, cuando se contabilizaron 13 feminicidios en el mismo periodo. El comienzo de 2026 se sitúa, además, entre los peores registros de los últimos 23 años. Sus nombres, junto al de los dos menores asesinados —Noemí, de 12 años, y Yared, de 10—, recuerdan que cada crimen machista deja una ausencia irreparable y un impacto devastador para familiares y amigos.

La abogada Amparo Díaz Ramos, experta en violencia de género, explica a Infobae que, aunque España cuenta con una normativa avanzada en esta materia, la aplicación práctica de la ley y la protección de las víctimas presentan deficiencias significativas. Entre los principales obstáculos, señala la falta de confianza en el sistema judicial, el temor a represalias y la incertidumbre sobre la situación en la que quedarán sus hijos e hijas. “Esto hace que haya muchas mujeres que no llegan a denunciar ni a obtener ningún tipo de protección del sistema judicial”, señala.

Díaz Ramos advierte que incluso cuando se presenta una denuncia, la valoración del riesgo suele quedarse corta, ya que a menudo solo se tienen en cuenta los episodios más recientes y no la totalidad del maltrato sufrido durante años. Este enfoque puede minimizar la gravedad real de la situación. Además, en el proceso para solicitar una orden de protección, normalmente solo se consideran las declaraciones de la víctima y el agresor, sin pruebas adicionales, lo que complica la acreditación de la violencia, especialmente en casos psicológicos, asegura.

La experta también señala que, durante la tramitación de las órdenes de protección y el desarrollo de los procedimientos judiciales, frecuentemente se prioriza la rapidez por encima de un análisis profundo. Muchos casos se resuelven como juicios rápidos, limitando la investigación a informes elaborados por las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, donde los especialistas escuchan a ambas partes y determinan a quién consideran más creíble, lo que no siempre permite una evaluación completa de cada caso.

Denunciar también limita la conducta de los agresores

No obstante, a pesar de las dificultades, Díaz Ramos insiste en que denunciar resulta útil para muchas mujeres, pues los agresores toman conciencia de las posibles consecuencias legales y eso “limita su conducta y hace que se alejen de las víctimas”. En muchos casos, además, las medidas de alejamiento o una condena con penas accesorias aportan protección efectiva.

Parejas que ya no convivían juntas o estaban en fase de ruptura

Los dos últimos asesinatos confirmados por Igualdad ocurrieron en Navarra y en Santa Cruz de Tenerife el pasado 20 de febrero. En el caso de Navarra, se trata de Tatiana, una mujer de 28 años que fue asesinada por su pareja. La víctima tenía una hija y tres hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor. El crimen ocurrido en Santa Cruz de Tenerife es el de Yared, que fue asesinado por su padre, y en este caso tampoco existían denuncias previas.

De las 10 mujeres asesinadas, 7 eran españolas y 3 procedían de otros países, al igual que sus feminicidas. En solo uno de los casos la pareja seguía conviviendo, mientras que en los otros nueve la relación había terminado o estaban en fase de ruptura.

Tres mujeres están hospitalizadas

Además de los 12 asesinatos registrados en lo que va de año, tres mujeres permanecen hospitalizadas después de haber sufrido agresiones por parte de sus parejas o exparejas. Una de ellas se encuentra en estado de muerte cerebral y entre las heridas también figura la madre de uno de los feminicidas, según informa la Agencia EFE.

En estos dos meses, un total de 10 menores también han quedado huérfanos a consecuencia de esta violencia, cifra que se eleva a 514 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas).