El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere limitar el número de escopetas y rifles que están en manos de civiles. El Ministerio del Interior prepara una reforma del actual Reglamento de Armas (aprobado de 1993) para actualizarlo a una directiva europea de 2021. Una directiva que exige que España registre las conocidas como armas artísticas o armas de salón, aquellas que suelen utilizar munición ‘Flobert’ (que no usan carga de pólvora y tienen un alcance reducido, no superior a 10 metros). Aprovechando que tiene que regular este cambio, Interior quiere “incorporar otras modificaciones exigidas por el transcurso del tiempo, reformas normativas y los informes de inteligencia sobre nuevas formas de adquisición de armas legales por la delincuencia organizada y bandas latinas”.

Interior ha establecido la reforma en cuatro bloques. Uno de ellos, según señala el texto, surge de “las demandas del sector”, aunque el sector cinegético no ha participado en su elaboración. Entre los puntos más delicados está el que apunta a una futura limitación del número de rifles y escopetas en manos de civiles, una medida que alteraría un marco legal que se ha mantenido estable durante décadas. Interior quiere unificar en una sola licencia las dos licencias más usadas en España: la D (armas de fuego largas para caza mayor) y la E (escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa y armas de fuego para tiro deportivo). La combinación de estas dos licencias “exige, sin embargo, el establecimiento de un límite al número de armas que se pueden adquirir por particulares”, señala el texto inicial presentado por Interior.

¿Por qué esta limitación? “Porque la redacción vigente permite a las personas titulares de licencias de armas la adquisición de un número ilimitado de armas de la segunda categoría, rifles de caza mayor, con el riesgo que conlleva para la seguridad ciudadana aquellos casos en los que hay verdaderos arsenales en domicilios particulares, aun a pesar de las exigidas medidas de custodia de tales armas”, se justifica Interior. Los datos oficiales revelan que las licencias de armas han bajado. En 2020 había 1.510.621 licencias, cuando en 2024 (últimos datos) la cifra había bajado a 1.444.369, unas 66.000 licencias menos. Esas licencias, no obstante, permiten tener más armas: se ha pasado de las 2.599.359 que había en 2020 a las 2.669.578 en 2024, unas 70.200 más.

Si nos centramos en las licencias D y E, las más frecuentes, se ha pasado de 2.533.881 rifles y escopetas que había en 2020 a las 2.512.920 que había en 2024: 21.000 menos. No es un descenso muy destacado, pero reseña una tendencia. La unificación de estas dos licencias eliminará “la gestión procedimental de unos 80.000 expedientes administrativos al año, sin menoscabo para la seguridad ciudadana, ya que los requisitos establecidos para la concesión de las licencias y para la custodia de las armas no se modifican”, justifica Interior. De momento, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha abierto una consulta pública sobre los cambios del reglamento que acepta alegaciones hasta el próximo 8 de marzo.

Para la Asociación Nacional del Arma (ANARMA) este proyecto es “un auténtico bodrio legislativo y un atropello sin precedentes a las libertades civiles de los legítimos propietarios de armas”. ANARMA señala que “bajo la excusa de unificar las licencias D y E, pretenden imponer un cupo máximo de rifles de caza mayor, limitando un derecho de propiedad que hasta ahora era ilimitado. Luego hay una persecución de herramientas lícitas, ya que se regulan restricciones injustificadas a los machetes, vinculándolos de forma demagógica con bandas criminales”.

Nuevo curso formativo

Interior señala que los informes de inteligencia que manejan la Policía Nacional y la Guardia Civil indican que la dificultad de acceso a armas de fuego por parte de determinados grupos de delincuencia organizada ha provocado una búsqueda de otras vías de suministro, “como el uso de testaferros que adquieren legalmente determinados tipos de armas para luego facilitárselas mediante subterfugios como la falsa denuncia de pérdida o robo”. En cuanto a las armas blancas, para el ministerio “producen efectos devastadores en la integridad física de las personas cuando se utilizan con fines delictivos”. Es necesario que “la Administración adopte las medidas oportunas para evitar, en la medida de lo posible y sin perturbar gravemente el lícito comercio de estas armas, las acciones delictivas restringiendo el acceso legal a determinadas armas o incrementando los controles sobre su uso. Se trata específicamente de los machetes y de las armas de apariencia militar y policial, popularmente conocidas como armas tácticas”.

Un segundo bloque de cambios en el reglamento está presidido por razones de seguridad ciudadana. “Se establece la obligación de efectuar un curso formativo previo, que será desarrollado por el Ministerio del Interior, para obtener las licencias de armas que permitirán el uso de armas de defensa personal, caza, tiro deportivo y seguridad privada”. Las lecciones serían impartidas por el propio ministerio y se sumarían a la prueba teórica y práctica posterior, que ya son requisitos. “La imposición de cursos formativos obligatorios controlados por Interior funcionará como una barrera económica de acceso. ¿Qué cursos de seguridad puede ofrecer una institución que cuenta con numerosos episodios de accidentes con armas de fuego, mientras Clubs y Federaciones apenas registran incidentes?“, se preguntan desde ANARMA.