La presión vecinal logra que el fondo Vandor frene el desahucio de una familia vulnerable en Barcelona, aunque “la especulación persiste”

Wendy Sosa llegó a España a finales de los 90 desde República Dominicana y lleva más de media vida viviendo de alquiler en el mismo piso en Barcelona, ubicado en la calle Concordia, en el barrio de Poble Sec, donde también residen su madre, su hermana y su sobrino, que tiene una discapacidad intelectual del 47%. El 17 de febrero, pese a ser una familia vulnerable, estaba previsto su desahucio, pero la presión vecinal junto al Sindicato de Inquilinas han logrado que Vandor, la inmobiliaria del fondo británico Patron Capital que compró el edificio en 2022, paralice el desalojo de forma temporal.

Fue el pasado 23 de enero cuando medio centenar de personas se concentró a las puertas de la sede de Vandor en Barcelona, donde el fondo posee otros 13 edificios más, para protestar contra sus “prácticas especulativas”. La empresa, denuncian, expulsa a los residentes de las viviendas que compra para convertirlas en ‘colivings’ y cobrar alquileres que “rondan los 1.000 euros por habitación”. De hecho, en el bloque donde reside Wendy junto a su familia ya solo quedan ellos como inquilinos. Unos días después de esa protesta, la empresa paralizó de forma temporal el desalojo, según informan desde el Sindicato de Inquilinas de Cataluña.

“Vandor solo ha reaccionado tras la acción que hicimos el 23 de enero, después de nueve intensos meses tratando de negociar con ellos la renovación del contrato de alquiler de esta familia”, explica a Infobae el sindicato, que advierte, sin embargo, que este fondo buitre sigue expulsando a otros vecinos en otros de los numerosos pisos que posee en Barcelona, muchos de ellos ubicados en el centro de la ciudad.

La historia de Wendy y su familia refleja una realidad que se repite con frecuencia en España y que podría empeorar si finalmente no sale adelante el decreto del escudo social, que incluye la moratoria de la paralización de los desahucios a familias vulnerables. En su caso, Vandor les ha ofrecido la posibilidad de “alquilar un piso similar en precio y características” al actual, según ha confirmado el fondo a este periódico, pero por el momento aún no se ha concretado una reunión para estudiar la propuesta.

Wendy, que tiene 50 años y trabaja como empleada de hogar, asegura que, junto a su madre y su hermana, solo pueden afrontar un alquiler de hasta 1.000 euros al mes.

“Vivo con mi madre, que tiene 82 años, mi hermana, de 54, y mi sobrino, un niño de 11 años que tiene una discapacidad intelectual del 47%. Mi hermana y yo trabajamos limpiando casas cuando nos llaman y mi madre cobra la pensión contributiva, la mínima. Con esta situación no tenemos opción de ir a ningún otro sitio”, afirma Wendy, quien actualmente paga 800 euros mensuales por su alquiler.

Teniendo en cuenta que Barcelona es la capital con los alquileres más caros del país, con un precio medio de 24 euros por metro cuadrado, esta familia reconoce que no puede valorar opciones ni en otras zonas de la ciudad ni en los municipios cercanos, pues “los precios también son muy elevados y el mal funcionamiento del servicio ferroviario de Rodalies dificulta la movilidad”.

“No somos okupas ni gente problemática, llevo pagando este piso 26 años, mes a mes, y seguimos pagándolo. Es vergonzoso cómo se le da prioridad a que un fondo buitre se haga rico con viviendas turísticas, alquilando habitaciones, en vez de que los vecinos sigamos viviendo aquí. Es un abuso”, lamenta.

“No existen reglas claras”

Desde el Sindicato de Inquilinas de Cataluña aclaran que lo que realmente hace vulnerable a esta familia “es el hecho de que vivir de alquiler no esté acompañado de medidas de protección para todos los inquilinos” y advierten que esta misma situación se repite en cientos de hogares en Barcelona, sin importar el nivel de precariedad. “Esto ocurre porque no existen reglas claras en el mercado del alquiler y porque las normas actuales favorecen un modelo en el que los fondos de inversión pueden maximizar sus beneficios con la vivienda mediante modalidades como los ‘colivings’, sin encontrar ningún tipo de límite“, señalan fuentes de la organización.

A pesar de que el Parlamento de Cataluña aprobó en diciembre de 2025 una ley que regula los alquileres de temporada y por habitaciones, obligando a que el total de las rentas por habitaciones no supere el máximo del alquiler de la vivienda completa establecido por el índice de precios, el sindicato denuncia que ya se están detectando casos “en los que no se respeta esa regulación”.

La gentrificación se intensifica en Barcelona

La estrategia de no renovar contratos a inquilinos de larga estancia para sustituirlos por alquileres temporales y por habitaciones, habitualmente dirigidos a estudiantes o turistas y con precios mucho más elevados, es habitual entre los fondos buitre que operan en España. Esta dinámica obliga a familias y vecinos a abandonar los barrios que llevan años habitando, por lo que el tejido social se fragmenta y el entorno se transforma en áreas de paso y consumo. De hecho, Poble Sec, cuenta Wendy, que “siempre fue un barrio obrero”, ha cambiado mucho en poco tiempo y “ahora las calles están llenas de turistas y de carteles en inglés”, por lo que ha ido perdiendo su esencia.

Desde que Vandor adquirió el edificio donde vive esta familia, su día a día se ha vuelto especialmente complicado, tanto por las obras de renovación como por “el ruido constante” de los nuevos vecinos. “Todos los días hay fiestas, no nos dejan descansar. Se escucha a gente correr todo el día de un lado a otro, en los pisos, en la escalera, y así es imposible dormir”, añade Wendy indignada, que nunca imaginó atravesar una situación así tras 28 años en España.

Escudo social pendiente de aprobación en el Congreso

El real decreto ley de escudo social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero -aunque se puso por primera vez en marcha en 2020 para que las familias vulnerables pudieran afrontar mejor el impacto de la pandemia- se aplicará en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles. Pero este año la norma del Ejecutivo excluye de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan una o dos viviendas y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad, limitaciones que han sido criticadas por las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda.

Estas entidades advierten que el nuevo decreto no resuelve la situación de las 60.000 familias vulnerables amenazadas por el desalojo sin alternativa habitacional y recuerdan que la moratoria vigente desde 2020 logró frenar uno de cada cuatro desalojos.

La aprobación de la prórroga del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026 permanece en el aire, ya que Junts ha confirmado su rechazo al texto al considerar que perjudica a los pequeños propietarios. El decreto llegará al Congreso en tres semanas y su futuro depende de las negociaciones parlamentarias.