La revalorización del 2,7% en las pensiones para 2026 entra en efecto este miércoles gracias a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley que regula la subida. Con la aprobación de esta nueva norma en el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno busca garantizar que los pensionistas reciban en su nómina de febrero el importe actualizado, tras el rechazo en el Congreso del anterior decreto que establecía el incremento.
El Gobierno ha optado por separar la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado escudo social, a diferencia de lo que ocurrió en enero, cuando el Congreso rechazó el decreto ómnibus que las agrupaba. Esta decisión estratégica pretende asegurar los apoyos necesarios para que la medida salga adelante sin dificultades. Las formaciones de derechas han reiterado en varias ocasiones su negativa a apoyar un decreto que incluya también la moratoria de la suspensión de desahucios a familias vulnerables, pero tanto PP como Junts han adelantado que sí votarían a favor de una norma específica para la subida de pensiones en la Cámara Baja.
La convalidación del aumento se votará en los próximos días en el Congreso, pero la previsión es que supere el trámite sin obstáculos. Mientras tanto, la subida ya está vigente por ley, con efecto inmediato sobre los pagos mensuales a los pensionistas. El resto de medidas sociales seguirá un trámite legislativo independiente, evitando interferir con la revalorización.
Cómo quedan las pensiones de febrero
La actualización de cuantías marcada por este decreto es la misma que la planteada en la norma aprobada en diciembre, que pese a no haber sido convalidada en el Congreso ya se aplicó en las nóminas de enero. Por lo tanto, los pensionistas pueden esperar en febrero un ingreso similar al del mes anterior. Además, la norma se aplica de forma retroactiva desde el 1 de enero, por lo que los jubilados no deberán devolver el importe adicional recibido ese mes.
En cocnreto, las pensiones públicas contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7%, suponiendo un aumento de unos 570 euros al año para la pensión media del sistema. La pensión máxima se situará en 3.359,6 euros mensuales (47.034,4 euros anuales en 14 pagas), mientras que la pensión media de jubilación alcanzará 1.317,7 euros mensuales, 498 euros más al año. La base máxima de cotización se eleva a 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en 2025.
Por su parte, las pensiones mínimas aumentarán un 7,07%, aunque para las que incluyen cónyuge a cargo o viudedad con cargas familiares la subida será del 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En 2026, la pensión mínima de jubilación para titulares de 65 años o más será de 13.106,8 euros anuales en hogares unipersonales y de 17.592,4 euros cuando haya cónyuge a cargo. Los límites de ingresos para acceder a estas pensiones mínimas serán de 9.442 euros al año (sin cónyuge) y 11.013 euros (con cónyuge).
Asimismo, las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizan un 7,07%, alcanzando 599,6 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y 582,1 euros en las concurrentes. Las asignaciones por hijo a cargo o menor con discapacidad también aumentan, llegando a 5.962,8 euros al año para discapacidades de más del65% y 8.942,4 euros para discapacidades superiores al 75%, un 2,7% más que en 2025.
La moratoria antidesahucios entra en vigor mañana
El Gobierno también ha publicado hoy en el BOE el Real Decreto-ley del escudo social, que entra en vigor mañana y recoge medidas de vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiación territorial. Entre las principales disposiciones se incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea un gran tenedor o un ‘fondo buitre’. Además, se mantienen los bonos sociales de agua y energía y se refuerzan las ayudas directas a comunidades afectadas por la DANA.
Aunque la subida de pensiones también requiere convalidación en el Congreso, se espera que obtenga respaldo, a diferencia del escudo social, cuyo futuro parlamentario es más incierto. Junts ya ha anunciado que votará en contra, al considerar insuficiente la protección a los pequeños propietarios, lo que obligará al Ejecutivo a buscar pactos para garantizar su aprobación.
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