Críticas del Sindicato de Inquilinas y asociaciones vecinales a la moratoria antidesahucios: “Deja fuera a muchas familias vulnerables”

El Sindicato de Inquilinas y organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han expresado su rechazo a la reciente aprobación del decreto gubernamental que extiende hasta el próximo 31 de diciembre la protección frente a desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, al considerar que las nuevas excepciones y límites de la norma permiten que los desalojos sigan produciéndose. Los colectivos aseguran que este decreto, lejos de reforzar la protección de las familias vulnerables, “prioriza los intereses de los arrendadores” y supone un retroceso en la defensa del derecho a la vivienda, advierten.

El real decreto ley de ‘escudo social’ se aplicará en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles. Como principal novedad para este año, el Ejecutivo excluye de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan una o dos viviendas y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad. Esta excepción responde al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV, ya que los nacionalistas vascos habían solicitado dejar fuera de la medida a los pequeños propietarios a pesar de que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la aprobación del nuevo escudo social en el Congreso va a ser compleja, porque el Gobierno debe lograr el respaldo de varios grupos parlamentarios, entre ellos Junts, que rechaza prorrogar la moratoria antidesahucios.

El Sindicato de Inquilinos y Alquiladores de Cataluña ha indicado en un comunicado que la aprobación de la moratoria antidesahucios y otras medidas del escudo social responde a la presión de las movilizaciones registradas la semana pasada en más de diez ciudades, y no a la iniciativa política del Gobierno. También advierte que la nueva medida resulta insuficiente y no resuelve la situación de las 60.000 familias vulnerables expuestas al desahucio sin alternativa habitacional.

“En el peor momento del mercado del alquiler, esta decisión supone un retroceso en materia de vivienda y una cesión clara a los intereses de los propietarios y del sector inmobiliario. La moratoria aprobada es, una vez más, un parche que no resuelve el problema de fondo. No frena la expulsión sistemática de inquilinas ni da respuesta a la realidad actual del alquiler”, ha indicado el sindicato.

“Queremos garantías fiables y estables de protección”

Desde la FRAVM denuncian que el Ejecutivo, “con el fin de contentar al PNV o por puro cálculo electoral, excluye de la protección a miles de familias vulnerables”. “A quien alquile una vivienda por 1.500 euros no le va a afectar este decreto, cuando es la familia que está ahí como inquilina la que lo va a sufrir”, señala a Infobae España el responsable de Urbanismo y Vivienda de la federación, Quique Villalobos, que recuerda que unos 600.000 contratos firmados en pandemia quedarán sin cobertura en 2026. “No aceptamos que el Gobierno deje de segundo plato a todas las familias que o están amenazadas de desahucio o lo estarán cuando no les renueven sus contratos de alquiler. Queremos garantías fiables y estables de protección”, añaden.

En cuanto a las alternativas que se les ofrece a las familias que pierden su vivienda, el Gobierno ha reiterado que la responsabilidad de encontrar una solución habitacional de emergencia recae en los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, una medida que ya está vigente desde hace años y “pocas veces se cumple de forma efectiva”, advierte la FRAVM. A diferencia de esa vía, la moratoria antidesahucios, asegura la federación, sí ha tenido impacto, pues se estima que desde 2020 ha logrado frenar uno de cada cuatro desalojos.

Reclaman otras medidas como la regulación de alquileres

La emergencia habitacional, denuncia el sindicato, se manifiesta no solo en los desahucios judiciales, sino también en desalojos menos visibles derivados del aumento de los precios del alquiler y de la no renovación de contratos, situaciones que afectan a miles de hogares inquilinos. Ante este escenario, la organización plantea la necesidad de prorrogar de manera obligatoria todos los contratos de alquiler y avanzar en la reforma de la Ley de Arrendamientos en el Congreso, con el objetivo de regular los alquileres temporales y de habitaciones, y frenar las prácticas fraudulentas en el mercado inmobiliario.

La organización considera que garantizar el derecho a la vivienda requiere medidas como reducir los precios del alquiler, asegurar la estabilidad de los inquilinos, recuperar viviendas turísticas y vacías, limitar la concentración de propiedades en manos de fondos de inversión y grandes tenedores, y eliminar cláusulas abusivas y fraudes en los contratos de alquiler.